martes, 19 de marzo de 2024 12:48
Politica

¿Los residuos de amianto pondrían en riesgo el "pelotazo" de Roca?

El uso continuado de amianto en la fábrica de Roca del Baix Llobregat (Barcelona) genera serias dudas sobre su habitabilidad. El Col·lectiu Ronda exige la elaboración de informes técnicos.

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Rocaviladecansgava


¿Se iría usted a vivir cerca de una antigua fábrica de amianto? Esa es la pregunta que muchos ciudadanos pueden formularse a la luz del plan para reconvertir la fábrica de Roca en una zona habitable.


El llamado 'Espai Roca', que ya cuenta con la aprobación de los ayuntamientos de Viladecans y Gavà, planea edificar viviendas en aproximadamente el 13% del terreno ocupado por la factoría para crear así un nuevo barrio en Viladecans.


Pero el uso continuado de amianto en Roca --así como de otros productos químicos en fábricas cercanas--, genera serias dudas sobre su habitabilidad. Desde la cooperativa de abogados Col·lectiu Ronda, se afirma que no han recibido "ninguna denuncia sobre cómo está el solar ni tenemos mediciones del suelo".


Sin embargo, el colectivo lo tiene claro: "la experiencia nos dice que las plantas que han usado amianto han dejado restos". De ahí que sea muy importante el estudio técnico que deberá llevarse a cabo antes de comenzar las obras de reconversión.


La cooperativa de abogados señala que el grado de contaminación depende de la cantidad usada en la elaboración de fibrocemento, por lo que la entidad llama a la "prudencia" y a esperar la elaboración de informes técnicos sobre el suelo.


SIN PROYECTO TÉCNICO NI PERMISOS DE OBRA


En declaraciones a Vilapress, un portavoz del Ayuntamiento de Viladecans ha reconocido que el proyecto se plantea a "bastante largo plazo", señalando que "se calcula un mínimo de 10 años para culminarlo". De hecho, desde el ayuntamiento se afirma que "aún no hay permisos de obra ni proyecto técnico".


"Todas las obras municipales que se llevan a cabo en el municipio que requieren un derribo previo tienen que contar con un informe de materiales muy técnico", señalan desde el consistorio. Al igual que se hizo con la Bòbila de Sales o con el tejado de uralita del pabellón polideportivo, si en el proceso de derribo se encuentran materiales contaminantes, "es necesario contratar una empresa externa especializada para retirarlos".


Por su parte, el Ayuntamiento de Gavà ha respondido a las preguntas de Vilapress afirmando que "somos conscientes de los efectos que tiene el amianto para la salud de las personas y estamos y estaremos atentos a cualquier repercusión que se derive".


Pero el propio consistorio de Gavà informa de que habrá que esperar a los "correspondientes estudios medioambientales para determinar si se cumple la normativa vigente". De lo contrario, el proyecto quedaría en papel mojado. Roca no ha querido hacer declaraciones.


Pero estas explicaciones contrastan con la puesta de largo del proyecto, donde ni los ayuntamientos de Viladecans y Gavà, ni la empresa ni el resto de asociaciones involucradas hablaron en ningún momento de la importancia de realizar estos informes técnicos.


Rocayalcaldes

Carlos Ruiz, alcalde de Viladecans; Ramón Asensio, CEO de Roca, y Raquel Sánchez, alcaldesa de Gavà.


EL PRECEDENTE DE URALITA S.A.


En otro caso defendido por el equipo de abogados del Colectivo Ronda, la empresa Uralita S.A., con sede en Cerdanyola del Vallès, se vio obligada a indemnizar con más de 2 millones de euros a un conjunto de vecinos por la afectación del asbesto en las afueras de la fábrica.


En la sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya consideró que la empresa "no actuó con la diligencia exigible al hacer emisiones sin el control adecuado al ambiente exterior de fibras de amianto de su explotación industrial".


Este antecedente demuestra no solo la peligrosidad del amianto para los trabajadores en contacto directo con el material, sino también los efectos que puede causar en las áreas circundantes, incidiendo negativamente en la salud de quienes viven cerca.


LOS RESIDUOS DE AMIANTO, UN GRAVE PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA


La preocupación pública por el amianto es reciente. Hasta mediados del siglo XX, no se habían establecido científicamente los efectos perjudiciales que el material causa en el organismo humano. Pero tras los primeros casos confirmados de mesoteliomas de pleura y de peritoneo, se comprobó que era un mortal agente cancerígeno.


Eso explica vertidos extremos como el del barrio del Polígono en Toledo. Allí se encuentra un vertido de 90.000 toneladas de asbesto, uno de los mayores de Europa. El vertedero fue autorizado en el año 1996 por el entonces alcalde Agustín Conde, cuando las alertas sobre los efectos perjudiciales sobre la salud del amianto no eran tan frecuentes.


Hoy en día, sería impensable que se autorizase una acumulación al aire libre de semejante cantidad de residuos de amianto.


LA PROPUESTA DE LOS ECOLOGISTAS


Jaume Grau intenta ver el lado positivo de la reconversión de la fábrica de Roca. El portavoz de la asociación ambientalista Les Agulles-Ecologistes en Acciópiensa que "no es la mejor opción construir viviendas, ya que sobran pisos vacíos", pero reconoce que "si los ayuntamientos han optado por desarrollar urbanísticamente esa zona, al menos se podrían trasladar hasta allí dos grandes proyectos cercanos que son de un gran impacto ambiental".


Grau se refiere a los planes urbanísticos de Oliveretes, ubicado en el límite nordeste de Viladecans y con una previsión de 2700 viviendas, y el de Pla de Ponent, que prevé edificar parte de las 5000 viviendas proyectadas en un bosque que es la única conexión natural que queda entre el macizo del Garraf y la plana del Delta.


En un ámbito más general, Grau hace hincapié en la falta de reflexión sobre los costes de la construcción. "La lógica del tocho tiene un riesgo económico, pero también ambiental", explica Grau, añadiendo que "en la construcción de un piso se consume tanto como en 100 años de consumo doméstico de la vivienda". De hecho, Grau apunta que "el impacto sobre el entorno es muy grande y se come cualquier propuesta de eficiencia". "Y los ayuntamientos, lo saben", concluye el portavoz ecologista.

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