martes, 23 de octubre de 2018 19:49
Politica

Sánchez e Iglesias pactan subir el SMI a 900 euros y las pensiones mínimas un 3%

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PSOE y Pomedos firma un acuerdo para los Presupuestos 2019. Eduardo Parra

La firma del acuerdo / Eduardo Parra - EP


El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han reudido este 11 de octubre a las 8.30 horas de la mañana en el Palacio de la Moncloa con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, para firmar un acuerdo por el que han llegado a un acuerdo para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.


Moncloa ha informado de este encuentro que se produce después de que a última hora del miércoles10 de octubre ambos líderes llegaran a un principio de acuerdo.



Consulta aquí el documento completo del acuerdo entre Gobierno y Podemos



Gobierno y Unidos Podemos han pactado llevar el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2019 hasta 900 euros mensuales.


Uno de los escollos que estaban impidiendo llegar al acuerdo era la exigencia de Podemos de que el SMI subiera a 1.000 euros al mes, aunque el Gobierno era partidario de quedarse por debajo de esta cantidad. Finalmente, el acuerdo contempla un SMI de 900 euros mensuales para 2019.


El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió el pasado mes de julio a llevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros mensuales para el ejercicio 2020.


Actualmente el SMI está situado en 735,9 euros mensuales, por lo que elevarlo a 900 euros supone un incremento porcentual del 22,3%, el equivalente a 164,1 euros más.


El Gobierno de Mariano Rajoy pactó con los sindicatos una subida progresiva del SMI para llevarlo hasta los 850 euros mensuales en 2020. En concreto, Rajoy acordó un aumento del 4% en 2018, del 5% en 2019 y del 10% en 2020. Al final del periodo, el SMI llegaría a los 850 euros mensuales.


No obstante, Gobierno y Podemos han pactado ir más allá para subir el SMI hasta 900 euros ya en 2019.



COTIZACIÓN DE LOS AUTÓNOMOS


Gobierno y Unidos Podemos han acordado también reformar en 2019 el sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a sus ingresos reales, garantizando a los que tengan menores ingresos una cotización más baja.


En materia de autónomos ambas partes han acordado también combatir, antes de finalizar 2018, la proliferación de los llamados 'falsos autónomos' a través de una serie de medidas, entre ellas el establecimiento en la ley de la presunción de que, salvo prueba en contrario, se considerarán relaciones laborales por cuenta ajena la prestación de servicios en la que los ingresos obtenidos por los trabajadores procedan de un único cliente o empleador.


Asimismo, han pactado evaluar y revisar, en un plazo de cuatro meses, el régimen especial de criterio de caja en el IVA para hacerlo atractivo a autónomos y pequeñas empresas y conseguir que sea un sistema efectivo de diferimiento de ingresos del IVA hasta el cobro de sus facturas.


En el documento firmado, Gobierno y Podemos subrayan que el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), al que están afiliados más de tres millones de cotizantes, debe evolucionar para adaptarlo mejor a las distintas situaciones en las que se encuentra el colectivo.


473 EUROS AL AÑO POR HIJO  


El pacto también contempla incrementar la prestación por hijo a cargo hasta 473 euros anuales en los Presupuestos Generales del Estado de 2019, con el objetivo de que casi 100.000 niños salgan de la pobreza severa.


Ante la "alta" tasa de pobreza, especialmente en los hogares con menores, el Ejecutivo y la formación morada proponen desarrollar el Ingreso Mínimo Vital. En primer lugar, incrementarán la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables y, en una segunda fase, crearán un programa de garantía de renta para familias sin ingresos.


En cuanto a la primera fase, han acordado aumentar progresivamente la prestación por hijo a cargo, comenzando por los umbrales de pobreza severa. Así, en 2019 se incrementará la prestación actual desde los 291 euros actuales hasta los 473 euros.


Esta medida permitiría reducir la pobreza infantil severa en un 14,7 por ciento, según estiman, lo que equivale a que 99.500 menores (un 16 por ciento del total en esta situación) salgan de la pobreza severa. El presupuesto para desarrollar la medida es de 180 millones de euros.


Por otro lado, el acuerdo de Presupuestos contempla la inversión de 25 millones de euros en ayudas para comedor para que todos los menores de familias en situación de precariedad o riesgo de exclusión puedan acceder a una correcta alimentación.


Asimismo, han pactado impulsar la universalización y gratuidad de la escuela entre los 0 y 3 años con el fin de reducir la desigualdad, mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar, y combatir el fracaso escolar, impulsando el desarrollo personal desde las primeras etapas de la vida.


Para ello, los Presupuestos acordados por el Gobierno y Unidos Podemos contemplan facilitar que las corporaciones locales puedan destinar parte de su superávit a realizar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) financiando y mejorando las escuelas infantiles actualmente gestionadas por estas administraciones. Esta medida tendrá un coste de 300 millones de euros.


Además, se dotará con 30 millones de euros el Presupuesto de 2019 para aquellos municipios que, no contando con superávit, planifiquen una inversión en estas infraestructuras.


Esta medida, según precisan, servirá de soporte inicial para la elaboración del plan de universalización que se diseñará a lo largo de 2019, conjuntamente con las comunidades autónomas que tienen competencia en esta materia, de forma que se incorpore al ciclo educativo la etapa de 0 a 3 años en una red de recursos integrada pública y gratuita.


"Los niños y niñas que acuden a escuelas infantiles entre los 0 y los 3 años sientan las bases del aprendizaje que les permite posteriormente desarrollar sus habilidades y potencialidades como personas adultas. Esto contribuye de forma positiva en la vida personal y profesional y aumenta la igualdad de oportunidades", puntualizan.


515 MILLONES MÁS PARA DEPENDENCIA


PSOE y Podemos también han acordado destinar 515 millones de euros más en 2019 para "mejorar" las cuantías del Sistema de Dependencia, lo que supone un "incremento del 40%" respecto al ejercicio anterior, hasta los 1.800 millones, y 315 millones de euros para "recuperar" las cuotas de la Seguridad Social de 180.000 cuidadores familiares de los dependientes.


En el epígrafe titulado 'Dependencia: Dignificar la situación de las personas con dependencia y recuperar la cotización de las cuidadoras no profesionales', el pacto entre ambas formaciones políticas concreta que para el 'nivel mínimo' se van a destinar 132 millones de euros más y para el 'nivel acordado' 383 millones más. De esta forma, calculan que el impacto presupuestario en 2019 asciende a 515 millones de euros.


La otra pata del acuerdo en materia de dependecia tiene que ver con la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores familiares, que en su mayoría son mujeres, y que el Gobierno anterior eximió al Estado de pagar estas cuotas. De esta forma, quieren recuperar el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social, con una inversión de 315 millones de euros, para que se beneficien 180.000 personas.

Por último, han acordado que se derogarán los artículos referidos a esta materia del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, "para asegurar que los derechos laborales y los derechos de las personas en situación de dependencia están garantizados en España".


LOS DIRECTORES DE SERVICIOS SOCIALES PIDEN 200 MILLONES MÁS


Para la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales la Administración General del Estado debe incrementar su aportación en 715 millones de euros en 2019, 200 millones más que los acordados entre PSOE y Podemos. Así, se pasaría de 1.307,9 millones de 2018 a 2.023,1 en 2019, lo que supone un incremento del 54,7% para el total presupuestado en el nivel mínimo garantizado.


A juicio de esta organización, esto permitiría atender en 2019 al menos al 92% de personas con grados III y II (102.000) que todavía no tienen asignado el programa individual de atención (PIA) y admitir un 8% de personas en espera (8.000) en gestión de PIA y/o expedientes que han de ser depurados.


Para ello, los directores y gerentes toman como base del cálculo el coste público de atención -coste neto de atenciones- promedio de 2012, cuando se atendía básicamente a los grados III y II, que ascendía a 7.029 euros, "sin tener en cuenta la inflación y otras variables".


BLINDAR EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD CONTRA PRIVATIZACIONES


El Gobierno pretende blindar el sistema sanitario contra "corrientes privatizadoras y ataques" por parte de sectores interesados, y además garantizará la recuperación de la cobertura sanitaria gratuita para los españoles que residen fuera, y extenderá este mismo derecho a las personas ascendientes que llegan desde países extracomunitarios, reagrupadas por sus hijas e hijos con nacionalidad española.


El pacto entre el Gobierno y Podemos contempla, con el fin de asegurar el acceso al Sistema Nacional de Salud en condiciones de equidad y de universalidad a toda la población, medidas como revertir los copagos - anunciada desde la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo-, y el derecho de atención sanitaria inmigrantes en situación administrativa irregular, regulada ya por el Gobierno mediante un Real Decreto.


Entre las principales novedades de este acuerdo se encuentra su intención de "blindar" la sanidad pública, y para ello anuncia la creación de una Comisión, integrada por expertos sanitarios, organizaciones sindicales, profesionales y de pacientes, así como colectivos sociales, para que en el plazo de 6 meses analice la situación y defina las líneas y estrategias para revertirla, blindando el carácter universal, gratuito y público del sistema sanitario.


"Se ha utilizado la excusa de la crisis económica para debilitar la sanidad pública y propiciar su progresiva privatización", argumentan en defensa de esta medida incluida en el acuerdo que han firmado este jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el secretario general de Unidos Podemos, Pablo Iglesias.


Otra medida, ésta ya anunciada, la de revertir copagos es incorporada dentro del acuerdo al considerar que la imposición de copagos a los pensionistas constituye una barrea de acceso a los tratamientos perjudicando su salud. Por ello, anuncia que se eliminará el copago farmacéutico introducido en el Real Decreto-Ley 16/2012 del anterior Ejecutivo.


Se hará de forma progresiva en esta legislatura, empezando en 2019 por los pensionistas en situación de mayor vulnerabilidad -pensionistas con rentas contributivas con cónyuge a cargo o por viudedad (800 euros mensuales, en 14 pagas), es decir, unos 5 millones de pensionistas- y personas que pertenecen a familias con renta anual inferior a 9.000 euros con un hijo o más a cargo, lo que afecta a 1,8 millones de personas.


La gran novedad dentro de este punto se que se cerrará la puerta a los copagos sanitarios a los que daba pie el citado Real Decreto Ley, como los copagos por el transporte sanitario no urgente, por los productos orto protésicos y por los dietéticos, a través de la derogación de los artículos que regulan dicha materia en del Real Decreto 16/2012, vía Ley de Presupuestos Generales del Estado.


ESPAÑOLES RESIDENTES FUERA RECUPERAN LA ASISTENCIA


Recordando que "la sanidad es un derecho universal y no un negocio", recuerda que el anterior Ejecutivo modificó este derecho unilateralmente y lo vinculó a la condición de asegurado, excluyendo de esta forma a colectivos especialmente vulnerables como los inmigrantes en situación administrativa irregular y a las personas que se vieron obligadas a salir fuera de nuestro país.


"Recuperar el acceso universal a la sanidad como derecho básico de todas las personas ha sido una de las líneas prioritarias". En este sentido, se acuerda trabajar conjuntamente entre la Administración Central y las comunidades autónomas, "que son quienes ejercen mayoritariamente las competencias en materia de sanidad", para garantizar homogeneidad en el procedimiento de forma que la asistencia sanitaria será gratuita durante el periodo que existe entre la entrega del documento provisional y la emisión de la tarjeta sanitaria.


Esto es, que no exista un periodo de carencia en el que una persona pueda quedarse sin recibir asistencia sanitaria debido a un problema burocrático o a que se pueda producir una interpretación dispar por parte de una administración.


Por otro lado, y como novedad, se extenderá este derecho a las personas ascendientes que llegan desde países extracomunitarios, reagrupadas por sus hijas e hijos con nacionalidad española, eliminando la práctica que viene desarrollando desde 2012 el Instituto Nacional de la Seguridad Social de negarles atención sanitaria dentro del SNS.


Garantizar la recuperación de la cobertura sanitaria gratuita en nuestro país a los ciudadanos y ciudadanas españoles que residen fuera de España y que no tienen derecho a la asistencia sanitaria reconocido por los países de 11 acogida o bien ese derecho no es exportable cuando se encuentren en territorio español.


El anterior Ejecutivo excluyó a las personas que se vieron obligadas a salir de nuestro país para buscar trabajo al considerar que pasados tres meses de estancia fuera del territorio español se perdía la titularidad del derecho, por lo que es necesario revertir esta situación.


REBAJAR LA LEY MORDAZA


El Gobierno del PSOE y Unidos Podemos han incluido en su acuerdo presupuestario el compromiso de suavizar la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 2015 por el PP, conocida como 'ley mordaza' por sus detractores, y de despenalizar las injurias a la Corona y la ofensa a los sentimientos religiosos.


En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana, cuya reforma ya se está tramitando en el Congreso, PSOE y Podemos se comprometen a trabajar sobre la base del texto de modificación que presentó el PNV y descartando la derogación completa que había planteado el Grupo Socialista.


Por un lado, revertirán los artículos de la ley del PP que, a su juicio, tenían por objetivo "desalentar la protesta social" y "limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión". En ese sentido, se comprometen a que la ausencia de comunicación previa deje de ser un obstáculo para las concentraciones, siempre que se desarrollen de forma pacífica.


NO MÁS DE DOS HORAS RETENIDOS EN COMISARÍA


Respecto a la actuación policial, subrayan que deberá tener como guía "la dignidad de la persona y los derechos humanos", que los agentes deberán llevar siempre una identificación "claramente visible", que el registro corporal sólo se aplicarán en casos de "indicios concretos y comprobables" y con prohibición expresa del desnudo total o parcial del sujeto, y que en la comisaría sólo se pueda estar retenido un máximo de dos horas.


El acuerdo contempla también ajustar la cuantía de las sanciones económicas y su aplicación al criterio capacidad económica del castigado, revisar "en profundidad" los tipos de infracción con base en la garantía del derecho de manifestación y de la libertad de expresión, e "introducir el paradigma restaurativo en el ámbito de estas infracciones administrativas y en todos los tipos de la ley que lo permitan".


Pero, asimismo, se apuesta por revisar el Código Penal para eliminar lo que consideran "hiperregulacion" de algunas conductas, y concretamente citan el artículo 315 del Código Penal que pesa contra los piquetes informativos en las huelgas.


Según se dice en el acuerdo, "es recomendable restringir al máximo" la posibilidad de que manifestaciones ofensivas puedan ser perseguibles penalmente y por ello se apuesta por modificar los artículos del Código Penal que hacen alusión a los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona".


DE PRISIÓN PERMANENTE, NADA


"La democracia española es una democracia madura, que demanda poder discutir y cuestionar libremente lo que estime conveniente dentro del marco constitucional y del Derecho internacional -sostienen-. Es imprescindible que exista debate público, a través de la discusión libre de diferentes ideas y opiniones, sobre todo de las más minoritarias e incluso excepcionales, basadas en diferentes ideologías y concepciones sobre la vida".


En el acuerdo no hay mención a la prisión permanente revisable que estableció el PP y que los socialistas llevaron ante el Tribunal Constitucional al considerarla una "cadena perpetua", y sobre Justicia Universal ambas partes se quedan a expensas del informe encargado por el Ministerio de Justicia a una comisión de expertos.

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