​La presidencia rumana de la UE es un nuevo "dolor de cabeza" en Bruselas

Klaus Iohannis, presidente de Rumanía / CC

Rumanía, que asume la presidencia de turno de la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2019, es el último "dolor de cabeza" en Bruselas, preocupada por la tensión política y el Estado de Derecho en el país.

Al comienzo de un año decisivo en 2019, con la consumación de la "Brexit" -ordenada o desordenada-, la negociación del próximo marco financiero plurianual, las elecciones europeas bajo el estigma del ascenso del populismo y el nacionalismo, los "puñetazos de hierro" ya en marcha con algunos Estados miembros -Polonia y Hungría debido al Estado de Derecho, Italia debido al presupuesto de 2019-, Bruselas prescindió de nuevos problemas, pero proceden precisamente de la futura presidencia del Consejo de la UE, y se acentuaron un mes después de la entrada de Bruselas en la presidencia del Consejo de la UE.

Como si la preocupación por la reforma judicial promovida por la coalición de gobierno liderada por el Partido Socialdemócrata (PSD), que ya ha llevado a la Comisión Europea a amenazar con llevar a Rumanía ante los tribunales, no fuera suficiente, el pasado 12 de noviembre, el Ministro de Asuntos Europeos dimitió y el Presidente Klaus Iohannis (centro-derecha) declaró que el país no estaba preparado para asumir la presidencia del Consejo de la Unión Europea, haciendo sonar las alarmas de una vez por todas en Bruselas e incluso incitando a Finlandia a estar preparada para "adelantar" su presidencia, prevista para el segundo semestre de 2019.

Mientras tanto, el gobierno ha llevado a cabo una remodelación gubernamental, con el diplomático George Ciamba sucediendo a Víctor Negrescu como el nuevo hombre fuerte para los asuntos europeos, responsable de preparar la presidencia de la UE de Rumanía en la primera mitad de 2019, y el jefe de Estado "volvió atrás" en sus declaraciones. Pero la preocupación existe definitivamente en Bruselas.

La preocupación por Rumanía no es nueva. El Estado miembro "más joven" de la UE, junto con Bulgaria -ambos se unieron en 2007, en lo que fue la última ampliación del bloque europeo-, es señalado como uno de los países más pobres y corruptos del bloque europeo, y la imagen no ha mejorado con el ascenso al poder, en las elecciones legislativas de finales de 2016, del actual gobierno de izquierdas, encabezado por los socialistas del PSD en coalición con los liberales del ALDE.

La intención anunciada del Gobierno de enmendar la legislación anticorrupción, "suavizando" las penas para ciertos tipos de delitos y enmendando el código penal relativo al abuso de poder -con la peculiar acusación de que las cárceles estaban superpobladas- motivó, entre 2017 y este año, las mayores manifestaciones en Rumanía desde la caída del régimen comunista de Nicolae Ceausescu en 1989, obligando al ejecutivo a retroceder en sus intenciones.

Según varios críticos, algunos de los cambios legislativos que se propusieron tenían por objeto poner fin a los juicios en curso de varias figuras políticas y, en particular, permitir que el líder del PSD, Liviu Dragnea, solicitara una revisión de la sentencia a la que fue condenado por fraude electoral, una pena de dos años de prisión con suspensión de la pena, lo que le impide ser el primer ministro del país (la mayoría de los analistas lo consideran el verdadero poder que hay detrás del gobierno).

La crisis se ha agravado con la destitución de la jefa de la Dirección Nacional Anticorrupción, Laura Codruta Kovesi, que está en el poder desde 2014 y que es vista, en Rumanía y más allá de sus fronteras, como un símbolo de la lucha contra la corrupción en el país.

El punto álgido de la protesta - y de la preocupación en Bruselas - se produjo el pasado mes de agosto, cuando una manifestación organizada por expatriados, conocida como la "diáspora en casa", que reunió a unas 100.000 personas sólo en Bucarest, fue reprimida violentamente por las fuerzas policiales, y cientos de personas resultaron heridas.

Bruselas, que ya tenía al país bajo escrutinio, ha redoblado su vigilancia, y en noviembre, una resolución (no vinculante) del Parlamento Europeo y un informe (vinculante) de la Comisión Europea aumentaron la presión sobre Bucarest, con Rumania "amenazada" de ser llevada ante el Tribunal de Justicia debido a lo que Bruselas llama "un deterioro" de la situación.

El 13 de noviembre, el mismo día en que el Parlamento Europeo pidió a Rumanía que no violara el Estado de Derecho con reformas judiciales que amenazan la independencia de los jueces, la Comisión Europea criticó enérgicamente al país en su informe más reciente sobre los progresos realizados en el cumplimiento de los compromisos contraídos en los ámbitos de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción, en el contexto del Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV), impuesto a Bucarest y Sofía desde su adhesión en 2007.

"Lamentablemente, los acontecimientos de los últimos 12 meses han puesto en tela de juicio, y en algunos casos incluso han invertido, los progresos realizados en los últimos diez años. Es esencial que Rumanía avance inmediatamente en la dirección correcta en la lucha contra la corrupción, garantizando al mismo tiempo un poder judicial independiente", advirtió el primer vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, quien ya ha garantizado que el ejecutivo de la UE no dudará en tomar medidas, incluso ante el Tribunal de Justicia, si el Gobierno rumano hace caso omiso de sus recomendaciones.

Se trata de una posición dura y muy bien acogida por parte de Iohannis y de la oposición en Rumanía, sobre todo porque se está confirmando en Lisboa como el "Spitzenkandidat" del Partido Socialista Europeo, la familia política europea a la que pertenece el PSD rumano.

Es en este contexto de luchas políticas internas y de presión externa que, con Viorica Dancila como primera ministra -es la tercera figura entre los socialistas "de" Dragnea que ocupa el cargo en el espacio de dos años-, el Gobierno rumano se prepara para asumir la presidencia rotatoria de la UE, en un año clave para Europa.