Todos los acusados en el juicio del 1-O

El juicio a los presos políticos de Cataluña será seguramente uno de los casos judiciales más relevantes de la historia democrática de Espanya y puede sentar un precedente en el ámbito internacional.

Por ello, es importante conocer la información que hasta ahora hay sobre qué puede pasar el martes día 12 de febrero de 2019.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo comienza este martes, día 12 de febrero, a juzgar a 12 líderes independentistas por el denominado proceso soberanista en Cataluña. Nueve de ellos se encuentran en prisión preventiva, acusados del delito de rebelión; mientras que a tres de ellos, en libertad provisional, se les atribuyen los delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia.

Según afirma la Fiscalía en su escrito de acusación, todos ellos "dirigieron, promovieron y/o participaron activamente en la ejecución de una estrategia -a la que denominaron 'procés'- perfectamente planificada y organizada para fracturar el orden constitucional con el fin de conseguir la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña como un nuevo Estado con forma de República".

A continuación se detalla un listado con las penas de prisión que piden a cada uno de los miembros del Govern de Carles Puigdemont que se sientan en el banquillo y que se encuentran en prisión provisional, los hechos de los que se les acusa y sus principales argumentos de defensa:

DELITOS POR LOS QUE SERAN JUZGADOS LOS EXCONSELLERS DE GOVERN EN PRISIÓN PREVENTIVA

ORIOL JUNQUERAS: Exvicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía y Hacienda. Fiscalía pide 25 años de prisión y 25 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 12 años de cárcel por sedición y malversación; mientras que la acusación popular ejercida por VOX pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

La Fiscalía relata en su escrito de acusación que participó en el diseño del proceso independentista y autorizó a los diferentes departamentos del Gobierno catalán a realizar las acciones y contrataciones necesarias para el referéndum del 1 de octubre de 2017. Asimismo, señala que asistió a la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña en los días previos a la votación, en la que fue advertido por los máximos responsables de los Mossos d'Esquadra de la alta probabilidad de que se produjeran incidentes violentos tras el antecedente ocurrido el 20 de septiembre de 2017, durante el registro de la Conselleria de Economía.

El 'número dos' de Puigdemont defiende la legalidad del referéndum, en cuya jornada -asegura- no hubo ningún alzamiento violento ni el delito de rebelión. Además, denuncia la existencia de una causa para escarmentar el independentismo.

JOAQUIM FORN: Exconseller de Interior. Fiscalía pide 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación; mientras que VOX pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

La Fiscalía asegura que Forn impulsó un operativo policial para que el 1-O saliese adelante, pese al mandato judicial de que se impidiese. Al igual que Junqueras, indica que participó en la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña, donde ambos fueron advertidos de posibles altercados violentos durante el referéndum.

La defensa del exconseller de Interior asegura que defendió la independencia por vías pacíficas y que no dio ninguna consigna política ni operativa a la policía autonómica, ni diseñó los operativos policiales del 20 de septiembre y del 1 de octubre.

JORDI TURULL: Exconseller de Presidencia y portavoz del Govern. Fiscalía pide 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación; mientras que VOX pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

El Ministerio Público afirma que también participó en el diseño del plan del proceso soberanista y autorizó a los diferentes departamentos del Gobierno catalán a realizar las acciones y contrataciones necesarias para el 1-O. En este sentido, el escrito explica que desde su Conselleria se financió la creación de páginas web, la publicidad institucional, cartelería, gasto en papeletas, censo electoral y citaciones a los miembros de las mesas de votación.

Turull también niega la violencia y asegura que no tuvo ninguna responsabilidad en las contrataciones para el referéndum. Además, rechaza la malversación de fondos públicos que se le atribuye porque, según indica, aún no ostentaba el cargo en la Generalitat.

RAÜL ROMEVA: Exconseller de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia. Fiscalía pide 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación; mientras que VOX pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

La Fiscalía afirma que fue otros de los miembros del Govern de Carles Puigdemont que participó en las reuniones para organizar el proceso independentista. Con la finalidad de celebrar el 1-O, su departamento se encargó de sufragar las delegaciones del Govern en el exterior (que funcionaban como embajadas); de la campaña internacional de la Generalitat; así como las página web internacionales y la contratación y financiación de expertos y observadores internacionales.

La defensa de Romeva insiste en que no hubo ningún alzamiento violento y, por tanto, se debería descartar el delito de rebelión. También dice que la votación del 1 de octubre era legal y que existe una causa general contra el independentismo.

JOSEP RULL: Exconseller de Territorio y Sostenabilidad. Fiscalía pide 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación; mientras que VOX pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

El Ministerio Fiscal dice que participó en los encuentros donde se definió la estrategia independentista. Añade algunas de sus manifestaciones públicas como la del 21 de septiembre de 2017 en la que alardeó de haber impedido atracar un buque para alojar a los miembros de la Policía en la bahía de Palamós (Girona).

El exconseller es otro de los acusados que insiste en que no hubo violencia y que la causa pretende escarmentar a políticos pacifistas, ya que, a su juicio, la Justicia ha creado un relato inexistente retorciendo el Código Penal. Asimismo, señala que el día 20 de septiembre de 2017 nadie intentó asaltar la Conselleria de Economía ni impedir la comitiva digital.

DOLORS BASSA: Exconsellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia. Fiscalía pide 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 11 años y medio de cárcel por sedición y malversación; mientras que VOX pide 74 años de prisión por dos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.

La Fiscalía subraya que Bassa se responsabilizó de poner a disposición de la Generalitat los centros escolares y cívicos que dependía de su Conselleria para garantizar el 1-O y que desarrolló una base de voluntarios para participar en la consulta.

El escrito de defensa no ha sido facilitado por lo que no se conoce aún sus argumentos.

JORDI SÀNCHEZ: Expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). La Fiscalía pide 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 8 años de cárcel por sedición; mientras que VOX pide 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal.

La Fiscalía destaca en su escrito de acusación su participación en las reuniones organizativas para la consecución de la independencia. Destaca su capacidad de movilización y llamamientos a favor de la celebración de un referéndum en las distintas manifestaciones y las Diadas -día de la festividad de Cataluña- celebradas entre 2013 y 2016, así como en la concentración del 20 de septiembre de 2017 ante las puertas de la Conselleria de Economía, dentro de la estrategia de movilización en el marco de la desconexión de la comunidad autónoma con España. Sobre esta última, el Ministerio Público señala que Sànchez se erigió como interlocutor de los concentrados ante los agentes policiales e impuso condiciones a los policías que suponían ponerles en riesgo.

La defensa de Sànchez se centra en que la concentración durante los registros a la Conselleria de Economía era un acto de protesta pacífica y que la ANC nunca se saltó ninguna advertencia judicial, pues ni la asociación ni él mismo recibió un requerimiento de ninguna autoridad que le ordenase abstenerse de realizar algún comportamiento. Por último, asegura que en ningún caso se impidió el registro y que la comitiva judicial no estuvo en peligro en ningún momento.

JORDI CUIXART: Expresidente de Òmnium Cultural. La Fiscalía pide 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 8 años de cárcel por sedición; mientras que VOX pide 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal.

La Fiscalía afirma que también participó en las reuniones organizativas para la consecución de la independencia, en la que se destacó su capacidad de movilización. Al igual que Sànchez hizo reiterados llamamientos para votar un referéndum en las distintas manifestaciones, como en la concentración del 20 de septiembre de 2017 en la que se dirigió a los concentrados para que defendiesen la independencia e instó a hacer una movilización permanente.

El presidente de Òmnium Cultural denuncia la vulneración del derecho de reunión pacífica y derechos civiles y democrático y advierte que si se le condena, la Justicia internacional sancionará a España por la vulneración de los derechos humanos. Cuixart reconoce haber hecho llamadas expresas a los concentrados en la Conselleria de Economía pero para que se comportasen de forma pacífica. Por eso, añade que junto Sànchez adoptó las medidas necesarias para conducir la manifestación de forma cívica.

CARME FORCADELL: Expresidenta del Parlament. La Ficalía pide 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por el delito de rebelión agravada por condición de jefe o promotor y por la malversación de caudales públicos. La Abogacía del Estado solicita 10 años de cárcel por sedición; mientras que VOX pide 62 años de prisión por dos delitos de rebelión y organización criminal.

La Fiscalía le acusa de haber permitido la tramitación y aprobación de las leyes de desconexión y convocatoria de referéndum, incumpliendo las sentencias del Tribunal Constitucional. Además, señala su participación en actos y llamamientos a favor de la independencia de Cataluña.

La defensa de la expresidenta del Parlament se desvincula de cualquier decisión de la convocatoria del 1-O, así como de la aprobación de la DUI, sobre la que explica que llegó al Pleno de la cámara autonómica a petición de los grupos parlamentarios. Argumenta que nunca participó en la toma de decisión del Govern en torno al proceso soberanista y que cuando Junts pel Sí y la CUP pidieron debatir y votar las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica, se limitó a actuar de acuerdo al reglamento del Parlament.

EXCONSEJEROS DEL GOVERN EN LIBERTAD TAMBIÉN IMPUTADOS

MERITXELL BORRÀS: Exconsellera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda. La Fiscalía pide 7 años de prisión y 16 años de inhabilitación y multa de 30.000 euros por el delito de malversación de caudales públicos y continuado de desobediencia. La Abogacía del Estado solicita 7 años y medio de cárcel y multa de 30.000 euros por sedición y malversación ; mientras que VOX pide 24 años de prisión y multa de 216.000 euros por un delito organización criminal y malversación.

La Fiscalía señala que su departamento autorizó los contratos necesarios para el referéndum.

Su defensa niega la desobediencia a las resoluciones del Tribunal Constitucional porque, según alega, no era diputada cuando se deliberaron y aprobaron las leyes de desconexión.

CARLES MUNDÓ: Exconseller de Justicia. La Fiscalía pide 7 años de prisión y 16 años de inhabilitación y multa de 30.000 euros por el delito de malversación de caudales públicos y continuado de desobediencia. La Abogacía del Estado solicita 7 años y medio de cárcel y multa de 30.000 euros por sedición y malversación ; mientras que VOX pide 24 años de prisión y multa de 216.000 euros por un delito organización criminal y malversación.

La Fiscalía dice que participó en algunas de las reuniones en las que se fijaron los planes independentistas y que su departamento autorizó contratos necesarios para el referéndum, desatendiendo al Tribunal Constitucional.

El escrito de defensa no ha sido facilitado por lo que no se conoce aún sus argumentos.

SANTIAGO VILA: Exconseller de Empresa y Conocimiento. La Fiscalía pide 7 años de prisión y 16 años de inhabilitación y multa de 30.000 euros por el delito de malversación de caudales públicos y continuado de desobediencia. La Abogacía del Estado solicita 7 años y medio de cárcel y multa de 30.000 euros por sedición y malversación ; mientras que VOX pide 24 años de prisión y multa de 216.000 euros por un delito organización criminal y malversación.

La Fiscalía indica que permitió, a través de su Conselleria, toda la contratación necesaria para la organización del 1-O.

Vila defiende que su posicionamiento siempre fue el de promover las políticas de consenso. Por ello, recuerda que dimitió un día antes de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Asimismo, dice que su departamento no gastó dinero para celebrar la consulta independentista, sino que no se financió con dinero público.

¿QUIÉN MÁS ACUDIRÁ AL JUICIO?

A continuación se detalla un listado de los principales testigos, invitados o también encausados que han solicitado la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la acusación popular ejercida por VOX y las defensas y que el tribunal ha aceptado:

EX MIEMBROS DEL GOBIERNO

Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno.

Soraya Sáenz de Santamaría, ex vicepresidenta del Gobierno y exministra de Administraciones Territoriales.

Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

José Antonio Nieto, ex secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y portavoz del PP en el Parlamento andaluz.

Juan Antonio Puigserver Martínez, ex secretario general técnico del Ministerio del Interior, que se hizo responsable de la Conselleria del ramo de la Generalitat por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Enric Millo, exdelegado del Gobierno en Catalunya.

POLÍTICOS CATALANES

Artur Mas, expresidente de la Generalitat de Catalunya e investigado en la causa, aunque finalmente su presunta responsabilidad fue archivada. Ha sido condenado a un año y un mes de inhabilitación por la organización de la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.

Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat y exsecretario de Economía.

Rogert Torrent, presidente del Parlament de Catalunya.

Ada Colau, alcaldesa de Barcelona.

Xavier Trias, exalcalde de Barcelona.

Joan Tardà, portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados.

Gabriel Rufián, diputado de ERC en el Congreso de los Diputados.

Marta Pascal, senadora y excoordinadora general del PDeCAT e investigada en la causa, aunque finalmente su presunta responsabilidad fue archivada.

Núria de Gispert, expresidenta del Parlament de Catalunya.

Joan Ignasi Elena, exdiputado del PSC en el Parlament, portavoz del Pacto Nacional por el Referéndum y portavoz jurídico del ERC durante el juicio.

Xavier Domènech, exdiputado del Parlament.

Albano Dante-Fachín, exsecretario general de Podem Cataluña y exdiputado del Parlament.

Lluís Llach, músico y diputado en el Parlament en el momento de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

Jordi Jané, exconseller del Interior de la Generalitat, que dimitió en julio de 2017.

Neus Munté, exconsellera de Presidencia de la Generalitat, que dimitió en julio de 2017.

Meritxell Ruiz, exconsellera de Enseñanza de la Generalitat, que dimitió en julio de 2017.

Jordi Baiget, exconseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, que dimitió en julio de 2017.

OTROS ACUSADOS POR EL 'PROCÉS'

A parte de los políticos presos, el juicio del 1-O juzgará la situación de otras personas implicadas como:

Anna Simó, exmiembro de la Mesa del Parlament, que será juzgada en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Lluís Corominas, exmiembro de la Mesa del Parlament, que será juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Joan Josep Nuet, exmiembro de la Mesa del Parlament, que será juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Lluís Guinó, exmiembro de la Mesa del Parlament, que será juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos d'Esquadra y acusado en la Audiencia Nacional por rebelión y organización criminal por los incidentes del 20 de septiembre de 2017 ante la Conselleria de Economía y durante la jornada del referéndum del 1 de octubre de 2017.

Pere Soler Campins, director general de los Mossos, acusado de rebelión y organización criminal en la Audiencia Nacional por los incidentes del 20 de septiembre de 2017 y en el 1-O

Teresa Laplana, intendente de los Mossos d'Esquadra y acusada en la Audiencia Nacional por un delito de sedición por los hechos relacionados con el 20 de septiembre de 2017.

Ferran López, exjefe de los Mossos que sustituyó a Josep Lluís Trapero.

Albert Batlle, exdirector de los Mossos d'Esquadra.

Diego Pérez de los Cobos, teniente-coronel de la Guardia Civil y jefe del operativo policial para el 1-O.

Sebastián Trapote, jefe superior de Policía de Catalunya en el momento de los hechos.

Manuel Castellví del Peral, jefe de la Comisaría General de Información de los Mossos.

Ángel Gozalo Martín, teniente general de División de la Guardia Civil, que fue jefe de zona en Catalunya durante el momento de los hechos que se juzgan, que remitió un informe sobre actuaciones policiales el 1-O al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

INVESTIGADOS EN BARCELONA POR EL 1-O

Josep María Jové, exsecretario general de Economía de la Generalitat y propietario de la conocida agenda 'Moleskine', donde plasmó sus anotaciones sobre el proceso independentista.

Josep Lluís Salvadó, exsecretario general de Hacienda de la Generalitat.

Santiago Vidal, magistrado suspendido por elaborar una Constitución para Catalunya.

Carles Viver Pi i Sunyer, presidente del Instituto de Estudios para el Autogobierno, considerado el 'arquitecto' jurídico del proceso independentista.

Amadeu Altafaj, exdirector de la delegación del gobierno de la Generalitat ante la Unión Europea.

Albert Royo Marine, exsecretario general del Diplocat.

Pablo Raventós Sáenz, exadministrador de Unipost.

Antoni Molons García, exsecretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat, dependiente de la Conselleria de Presidencia.

OTROS ASISTENTES AL JUICIO

Íñigo Urkullu, lehendakari del País Vasco.

Montserrat del Toro, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que salió por la azotea durante el registro de la Conselleria de Economía.

Rosa Vidal Planellas, interventora general de la Generalitat, investigada en el 13.

Antonio Bayona Rocamora, ex Letrado mayor del Parlament de Catalunya.

Xavier Muro, secretario general del Parlament de Catalunya.

Paul Sinning, director de The Hague Centrre for Strategic, centro contratado por la Generalitat como observador internacional en el referéndum ilegal.

Helena Catt, portavoz del equipo internacional de expertos internacionales, que supervisó la votación.

José María Álvarez Suárez, secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT).

Javier Pacheco, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en Catalunya.

Camil Ros i Durán, secretario general de UGT en Catalunya.

Una vez conocidos los asistentes al juicio, vamos al tribunal que juzgará el caso:

El tribunal que juzgará a partir del próximo martes 12 de febrero el proceso independentista en Cataluña, integrado por siete magistrados de reconocida trayectoria, es calificado en ámbitos jurídicos de "equilibrado" por representar en un mismo órgano práctica totalidad de sensibilidades en la carrera judicial.

De mayoría conservadora, cuyos principales valedores en la Sala son los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Andrés Palomo del Arco, la Sala que juzgará al exvicepresidente de Cataluña Oriol Junqueras y otros 11 exmandatarios independentistas estará presidida por un moderado y fino jurista, Manuel Marchena, cuya labor al frente de la Sala que juzgará este trascendente caso es calificada de impecable por sus compañeros.

Completan el tribunal el también conservador moderado Andrés Martínez Arrieta y, a la izquierda de todos los anteriores, los progresistas Luciano Varela Castro y la única mujer del grupo, Ana María Ferrer, la primera en la historia que entró a formar parte de la Sala de lo Penal del alto tribunal.

La presencia en esta causa de Marchena -que preside la Sala II (de lo Penal) del Tribunal Supremo y será además el ponente de la sentencia que se dicte sobre el proceso- estuvo a punto de decaer el pasado mes de noviembre, cuando su nombre fue 'filtrado' como el del próximo presidente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que debía entonces renovarse como 'hombre' de consenso entre el PP y el PSOE.

UN PRESIDENTE DE SALA QUE ESTUVO A PUNTO DE NO SERLO

La polémica que siguió a dicha filtración culminó con la 'renuncia' de Marchena a dicho cargo, para el que todo el mundo le daba como seguro pero que debería haber sido votado por el nuevo Consejo, cuyos miembros siguen sin ser renovados a comienzos de este mes de febrero.

La decisión de Marchena, muy aplaudida en ámbitos judiciales, no sorprendió a sus compañeros del alto tribunal, que mayoritariamente lamentaron la imagen de "conchabeo" político y la puesta en cuestión de la independencia de un jurista de su categoría.

La gota que colmó el vaso fue la filtración del contenido de un mensaje vía 'WhatsApp' del portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, apuntando a que la elección de Marchena permitiría a los populares controlar a la Sala de lo Penal de este órgano "desde detrás".

A esta información siguió un comunicado del juez renunciando a su nombramiento, lo que se atribuyó a un "hartazgo personal" ante críticas injustas .

Marchena, que no pertenece a ninguna asociación de jueces, preside lo Penal del Supremo desde octubre de 2014, cuando fue designado por el CGPJ por 12 de los 21 votos del órgano de gobierno de los jueces, superando en apoyos al progresista y exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y a otro conservador, Miguel Colmenero.

Magistrado del Supremo desde 2007, el presidente del tribunal del proceso soberanista procede de la Carrera Fiscal, a la que accedió tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Deusto en 1981.

Nombrado fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado en 1992, dos años después pasó a ejercer como fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde estuvo hasta 1996, cuando volvió a su anterior destino -la Secretaría Técnica- de la que en 2003 fue designado fiscal de sala jefe y un año después llegó al Supremo.

LA PARTE CONSERVADORA DEL TRIBUNAL

Martínez Arrieta, que hubiera sido el presidente del tribunal del juicio de haber culminado la renovación pactada entre PP y PSOE con Marchena, es un magistrado experimentado, moderado y pertenece a la asociación Francisco de Vitoria. Lleva 20 años desarrollando su labor en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pues fue nombrado en 1998, cuando con 43 años se convirtió en el el juez más joven en acceder al alto tribunal.

Este magistrado tiene una reconocida trayectoria en esta Sala pues formó parte del tribunal que condenó al exjuez Baltasar Garzón por prevaricación debido a las escuchas a los líderes de la trama 'Gürtel' y del que le absolvió, por otro lado, por investigar las fosas del franquismo. Hace casi un año fue nombrado por el CGPJ como magistrado para conocer las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en caso de ausencia del designado en primer lugar para ejercer dichas funciones.

En el lado conservador del tribunal del proceso soberanista están también el veterano Juan Ramón Berdugo, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), quien reparte justicia en la Sala Segunda del Supremo desde 2004. Es juez desde 1979 y antes de recalar en el alto tribunal ejerció en Aguilar de la Frontera (Córdoba), Vitoria, Ciudad Real y Córdoba capital.

Se suman a este sector el también exfiscal del Supremo Antonio del Moral, miembro igualmente de la APM quien formó parte de la comisión de expertos encargada de elaborar un borrador de texto articulado de nuevo Código Procesal Penal en 2012 y 2033; así como Andrés Palomo del Arco, no asociado y que fue designado en 2013 con el apoyo mayoritario del CGPJ procedente de a Audiencia Provincial de Segovia.

LOS PROGRESISTAS

En el extremo más progresista de esta Sala se sitúa otro veterano, Luciano Varela, que accedió a la judicatura en 1975 y fue uno de los fundadores la asociación Jueces para la Democracia (JpD). Natural de Pontevedra, ciudad a cuya Audiencia Provincial accedió en 1989, fue autor del borrador de la Ley del Jurado y, tras acceder al Supremo en 2007 fue el ponente de resoluciones que han afectado a otros jueces como Baltasar Garzón -en la causa por investigar el franquismo, por la que resultó finalmente absuelto- y Francisco Javier Urquía, apartado de la carrera por cohecho.

Finalmente, la única mujer del tribunal y hasta hace apenas unos meses única magistrada de lo Penal en esta Sala del Supremo, Ana Ferrer, nació en enero de 1959 e ingresó en la carrera judicial en 1984.

Miembro también de JpD fue presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid y de allí saltó al Supremo. Con anterioridad y como juez de Instrucción, le correspondió la tramitación de sumarios de gran relevancia pública, como los incoados por los delitos imputados al ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, a la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, o los iniciados tras la desaparición y muerte de la niña Susana Ruiz, entre muchos otros.

ACUSACIÓN POPULAR CONTRA DEFENSA: Cuatro fiscales, dos abogados del Estado y dos letrados de Vox frente a un total de 17 abogados defensores

El juicio por el proceso independentista en el Tribunal Supremo supondrá un enfrentamiento jurídico de alto nivel, con acusaciones defendidas por hasta cuatro fiscales del Tribunal Supremo, dos abogados del Estado y dos letrados de la acción popular ejercida en representación de Vox.

Frente a ellos, hasta 17 abogados organizados en diversos equipos que tratarán de evitar las condenas por rebelión, malversación y sedición de los doce encausados por este asunto.

Los fiscales adscritos al caso son Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, que previsiblemente se turnarán en la sala de vistas de dos en dos, según han señalado fuentes del Ministerio Público.

Quizá el más popular de todos ellos sea Javier Zaragoza, un jurista de larga trayectoria que ejerce en el Tribunal Supremo desde 2017, tras ser relevado de la jefatura de la Audiencia Nacional donde permaneció durante dos mandatos. Antes fue jefe de la Fiscalía Antidroga, departamento en el que dirigió acusaciones como las realizadas contra el "clan de los Charlines" o contra 'narcos' como "Sito Miñanco" o Laureano Oubiña y está considerado un especialista internacional en esta materia.

De 52 años, Zaragoza tiene también amplia experiencia en País Vasco, donde estuvo destinado en la Audiencia Provincial de San Sebastián durante cinco años, entre 1982 y 1987, periodo en el que fue teniente fiscal y juez de menores. Pertenece a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), sufrió un intento de asesinato organizado por parte del narcotraficante Pablo Vioque, que contrató a un sicario para liquidarle, y es además un experto en terrorismo yihadista, materia para la que fue designado coordinador en el alto tribunal por el fiscal general fallecido José Manuel Maza.

También participará en el juicio la primera mujer que ejerció en España como fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, aunque no llegó a completar un mandato competo. Ejerció en este cargo entre enero de 2015 y noviembre de 2016, cuando fue relevada por José Manuel Maza tras la toma de posesión del gobierno de Mariano Rajoy.

Tras su salida del palacio de Fortuny regresó a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, donde había ejercido con anterioridad y hasta 2008, momento en el que fue nombrada Fiscal de Sala Coordinadora de Menores por el fiscal general Cándido Conde-Pumpido y renovada en su cargo en 2013 por Eduardo Torres-Dulce.

Menos conocidos son los fiscales Jaime Moreno y Fidel Cadena, aunque el primero ya tuvo protagonismo público durante el juicio celebrado contra el que fuera conseller de Presidencia catalán Francesc Homs. Moreno destacó durante la vista por la rotundidad de su interrogatorio al exmandatario independentista, quien finalmente fue condenado a 13 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia grave por organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014, que se celebró pese a que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

ABOGACÍA DEL ESTADO y VOX

Como representante de los servicios jurídicos del Estado se estrenará en este juicio la nueva jefa de lo Penal de este cuerpo, Rosa María Seoane, designada el pasado 4 diciembre en sustitución de Edmundo Bal, a quien la abogada general del Estado, Consuelo Castro, relevó del puesto por pérdida de confianza tras defender la acusación por el delito de rebelión a los líderes independentistas. Seoane, hasta diciembre secretaria general de Adif, será asistida durante el juicio por la también abogada del Estado Elena Sáenz Guillén.

Su antecesor no impugnó durante los 14 meses de instrucción de la causa el criterio de la Fiscalía de que se pudo cometer un delito de rebelión, si bien en el escrito de acusación de la Abogacía del Estado se optó finalmente por acusar por el delito de sedición. Dicho escrito iba firmado por Castro.

La acusación popular la ejercerán los abogados de VOX, que estará representado por el secretario general y el vicesecretario jurídico del partido, Javier Ortega Smith y Pedro Fernández, respectivamente. Ortega Smith es una de las caras más populares del partido presidido por Santiago Abascal, y suele aparecer de forma asidua en tertulias televisivas y radiofónicas.

LAS DEFENSAS

Hasta un total de 17 letrados ejercerán la defensa de los doce acusados en este procedimiento, entre quienes destaca precisamente Homs, que pasa así de condenado a abogado defensor ante los magistrados del Tribunal Supremo, como coordinador de las defensas de los acusados del PDeCAT.

Además de Homs, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull y el que fuera responsable de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) comparten como abogados a Ana Bernaola y Miriam Company, dirigidos por el prestigioso jurista catalán Jordi Pina Massachs. Del mismo despacho es el abogado Pablo Molins, que defenderá al exconseller Santiago Vila.

Homs también aparece como abogado de los exconsellers Joaquim Forn y Meritxell Borràs, quienes contarán también en su defensa con el conocido abogado Javier Melero -defensor del expresidente Artur Mas y partícipe en reuniones fundacionales de Ciudadanos- y con Judit Gené.

El exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconseller de ERC Raül Romeva estarán representandos por Andreu Van den Eynde, quien coordina toda la defensa de los acusados de este partido, y que estará ayudado por Estefanía Torrente.

Un equipo diferente asistirá al presidente de Ómnium Cultural Jordi Cuixart, el dirigido por Marina Roig, que completa su equipo con Alex Solá y Benet Salellas. Este último ha defendido durante la instrucción a las procesadas de la CUP Anna Gabriel y Mireia Boya y es muy conocido en la Audiencia Nacional, donde se ha especializado en defensa de acusados por yihadismo.

Finalmente, la exconseller Dolors Bassa contará con la defensa de Mariano Bergés mientras que el también exmiembro del ejecutivo del presidente Carles Puigdemont será defendido por Josep Riba.

¿QUÉ VENDRÁ DESPUÉS DEL JUICIO?

El soberanismo catalán tiene previsto lanzar un ciclo de protestas contra el juicio con tres marchas y una huelga.

Los partidos y las entidades soberanistas lanzarán a partir del martes 12 de febrero un nuevo ciclo de protestas, esta vez contra el juicio del 1-O en el Tribunal Supremo (TS) y que incluirán tres manifestaciones y una huelga general y no descartan ampliarlas con otras movilizaciones.

El martes, coincidiendo con la fecha de inicio del juicio, han pedido a los catalanes que se concentren a las 12 horas y durante 10 minutos frente a sus respectivos centros de trabajo, y por la tarde se han convocado marchas en Barcelona, Lleida, Girona, Tarragona y Tortosa (Tarragona).

El sábado 16 de febrero organizarán una nueva manifestación en la Gran Vía de Barcelona, en este caso una única protesta para conseguir aglutinar fuerzas en la capital catalana para que se visualice un rechazo multitudinario al proceso judicial.

La movilización más novedosa será el sábado 16 de marzo, ya que por primera vez el soberanismo organizará una manifestación en Madrid con el objetivo de dar a conocer su rechazo al juicio por ser "un ataque a los derechos civiles y políticos de los dirigentes independentistas encausados".

Los organizadores no han dado detalles de la protesta, pero han asegurado que esperan contar con el "Madrid solidario", es decir, con formaciones estatales de izquierdas -y sus simpatizantes- que en el pasado han expresado su respeto por el derecho a decidir.

Todas estas protestas están organizadas por un espacio unitario que está compuesto por varios partidos y entidades de la sociedad civil, entre los que destacan la ANC, Òmnium Cultural, ERC, JxCat, el PDeCAT, la Crida, la CUP y Demòcrates.

Miembros de los comuns como Jaume Asens y Joan Josep Nuet acudieron al acto de presentación de la movilizaciones y el partido de Ada Colau ha asegurado que se sumará a las protestas y ha pedido que el Tribunal Supremo "permita y facilite la tarea de los observadores estatales e internacionales".

HUELGA GENERAL

Más allá de las manifestaciones, el soberanismo también apoyará la huelga general convocada por el sindicato Intersindical-CSC para el jueves 21 de febrero, una iniciativa que no cuenta con el aval de los dos principales sindicatos de Cataluña, CC.OO. y UGT.

CC.OO. y UGT sí que emitieron un comunicado el miércoles en el que reclamaron a los magistrados del Alto Tribunal imparcialidad y que "actúen como terceros, ajenos a los intereses en juego" y con integridad, coherencia, respeto a la dignidad humana, diligencia y transparencia.

INTERNACIONALIZACIÓN

Al margen de la iniciativas en Cataluña, la ANC, a través de sus secciones locales en el extranjero, ha programado acciones de protesta en una veintena de capitales europeas con el objetivo de elevar internacionalmente su crítica al juicio.

Las ciudades elegidas han sido Londres, Glasgow, Edimburgo, Aberdeen, Copenhague, Luxemburgo, Bruselas, Berlín, Hamburgo, Frankfurt, Stuttgart, Múnich, Karlsruhe, Colonia, París, Niza, Ginebra, Basilea, Zúrich, y también algunas españolas como San Sebastián, Bilbao, Vitoria y Pamplona.

Desde el Govern también se quiere internacionalizar el mensaje contra el proceso judicial, y el conseller de Acción Exterior, Alfred Bosch, tiene previsto viajar a siete capitales europeas en siete semanas para explicar "toda la verdad".

Bosch empezó la semana pasada viajando a Londres y esta se trasladará a París con el mensaje de que es "un juicio político contra presos políticos", y que no ha habido en ningún momento violencia y que, por lo tanto, los delitos de sedición y rebelión no se sustentan.