El Tribunal Supremo británico declara ilegal la suspensión del Parlamento ordenada por Johnson

El Tribunal Supremo británico declara ilegal la suspensión del Parlamento británico hasta el 14 de octubre, un resultado que representa una derrota para el Gobierno británico y para el Primer Ministro Boris Johnson.

"El tribunal concluye que la decisión de aconsejar a Su Majestad que suspendiera el Parlamento fue ilegal porque tuvo el efecto de frustrar o impedir la capacidad del Parlamento para cumplir sus funciones constitucionales sin una justificación razonable", resume la Presidenta de la Corte Suprema, Brenda Hale. La decisión se ha tomado por unanimidad entre los 11 jueces.

Los jueces consideran que la decisión de suspender al Parlamento se tomó en "circunstancias extraordinarias" y que "impidió que el Parlamento cumpliera sus funciones constitucionales en cinco de las ocho semanas hasta la reapertura del Parlamento". Además, la presidenta Brenda Hale explica que "no se ha dado ninguna justificación al tribunal para esta decisión".

El Tribunal Supremo también indica que la suspensión es "ilegal, nula y sin efecto", es decir, que para el Tribunal Supremo el Parlamento aún está en sesión. 

Esto significa que la decisión puede estar ahora en manos de los Presidentes de la Cámara de los Comunes y de los Lores. Brenda Hale también señala que está "complacida" de que el Gobierno hubiera dicho en la sala de audiencias que respetaría la decisión.

El Primer Ministro británico, Boris Johnson, pidió a la Reina que prorrogara el Parlamento (es decir, que suspendiera la sesión parlamentaria en curso) y que abriera una nueva sesión el 14 de octubre, con el discurso de la Reina anunciando el programa del Gobierno. El procedimiento es habitual cuando una sesión ha durado tanto tiempo como lo hizo.

Sin embargo, la duración de la suspensión (tres semanas) es mucho más larga que las anteriores, que duran en promedio una semana. Esto ha llevado a los partidos de la oposición y a muchos otros, como el ex líder del Partido Conservador John Major, a considerar esto como una suspensión con fines políticos, para evitar que los diputados interfieran en el proceso del Brexit.

Antes de que la suspensión entrara en vigor, los parlamentarios pudieron aprobar la ley Benn, que obliga al gobierno a solicitar un aplazamiento de la fecha de salida si no hay acuerdo aprobado por la cumbre europea de los días 17 y 18 de octubre.