Sentencia de los ERE: Griñán, condenado a 6 años de cárcel, y Chaves, inhabilitado 9 años

El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación en la conocida como 'pieza política' de la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE), mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación.

Así lo recoge la sentencia que ha dado a conocer este martes el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla pasado casi un año desde el final del juicio y cerca de nueve desde que la juez Mercedes Alaya iniciase la instrucción de la causa.

La Fiscalía Anticorrupción pedía para Griñán seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación y para Chaves diez años de inhabilitación por prevaricación. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo.

LAS CONDENAS

Manuel Chaves: 9 años de inhabilitación especial.

José Antonio Griñán: 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y 2 días.

Gaspas Zarrías: 9 años de inhabilitación especial.

Jose A. Viera: 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta de 18 años y un día.

Antonio Fernández: 7 años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por 19 años, 6 meses y un día.

Magdalena Álvarez: 9 años de inhabilitación especial.

Francisco Vallejo: 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta de 18 años y un día.

Carmen M. Aguayo: 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y 2 días.

Francisco J. Guerrero: 7 años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por 19 años, 6 meses y un día.

Juan Márquez: 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta de 18 años y un día.

Agustín Barberá: 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta de 18 años y un día.

Jesús M. R. Román: 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y 2 días.

Lourdes Medina: 8 años, 6 meses y un día de inhabilitación especial. Se le ha absuelto del delito de malversación.

Juan F. S. García: 9 años de inhabilitación especial. Se le ha absuelto del delito de malversación.

Javier Aguado: 9 años de inhabilitación especial. Se le ha absuelto del delito de malversación.

Manuel G. Martínez: Absuelto de los cargos de prevaricación y de malversación.

Jacinto Cañete: 8 años, 6 meses y un día de inhabilitación especial. Se le ha absuelto del delito de malversación.

José Salgueiro Carmona: 9 años de inhabilitación especial.

Antonio Vicente Lozano: 9 años de inhabilitación especial.

Francisco del Río: Absuelto de los cargos de prevaricación.

Miguel Ángel Serrano: 6 años, 6 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta de 17 años y un día.

21 EXALTOS CARGOS

Los 21 exaltos cargos de la Junta de Andalucía acusados en la causa conocida como pieza política de los expedientes de regulación de empleo (ERE), entre los que se encuentran los dos expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, conocerán la sentencia este martes, a partir de las 12:00 horas, en la misma sala judicial, donde han sido citados junto a sus procuradores, para hacerles entrega de un 'pen drive' con la sentencia íntegra, compuesta por unos 1.700 folios, y una copia del fallo en papel.

Según han informado fuentes judiciales, los tres magistrados que dirigieron el juicio, Juan Antonio Calle Peña, Pilar Llorente y Encarnación Gómez, no estarán presentes, y la sentencia les será entregada uno a uno por una funcionaria.

En concreto a estos exaltos cargos la Fiscalía les acusa de defraudar 855 millones de euros tras la supuesta creación de un sistema de ayudas públicas "totalmente opaco" al margen "de los ciudadanos" y de los controles establecidos por la Intervención General, un importe en principio destinado a la reactivación de empresas en crisis y ayudar a los trabajadores.

Este 'macrojuicio' quedó visto para sentencia el pasado mes de diciembre tras un año y cuatro días y 152 sesiones después en una causa compuesta por 14.276 folios divididos en 38 tomos y siete tomos de anexos, recogidos en ocho discos compactos, y con tres discos con las declaraciones prestadas en la causa durante la instrucción.

Para su elaboración, el juez Juan Antonio Calle Peña ha trabajado con mucha intensidad durante los últimos meses, con periodos de dedicación exclusiva, y precisamente el pasado miércoles venció la última prórroga de 15 días que la Sala de Gobierno del TSJA concedió al presidente de la sala.

Desde los últimos días de octubre del año pasado el juicio vivió su fase final con la exposición de las conclusiones definitivas e informes finales de las partes, Fiscalía, acusaciones del PP-A y Manos Limpias y las 21 defensas. Cabe recordar que el juicio comenzó con 22 acusados pero las acusaciones retiraron sus cargos contra el exsecretario general de Hacienda Antonio Estepa.

Los 21 exaltos cargos están acusados por un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación. Si bien, algunos de ellos sólo han sido enjuiciados por prevaricación, como Manuel Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el exviceconsejero José Salgueiro, el exdirector general de Presupuestos Antonio Lozano y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, y se enfrentan a diez años de inhabilitación.

Por su parte, las solicitudes de pena van desde los seis a los ocho años de prisión para los acusados de prevaricación y malversación. En este grupo se encuentran José Antonio Griñán, la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el exinterventor general Manuel Gómez, el exdirector general del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Jacinto Cañete, y la exsecretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina, enfrentándose todos ellos a seis años de prisión y a 30 de inhabilitación.

En este sentido, cabe recordar que en la fase de conclusiones, el Ministerio Público rebajó de ocho a seis años de prisión la solicitud de pena para dos de los encausados, en concreto a Cañete y Medina. Si bien, la acusación del PP-A, que han ejercido los abogados Luis García Navarro y Lourdes Fuster, mantuvieron su petición de ocho años para estos dos exaltos cargos.

De otro lado, los acusados que se enfrentan a una petición de ocho años de prisión son los exconsejeros Francisco Vallejo, José Antonio Viera y Antonio Fernández; los directores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el exdirector general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano y los exsecretarios generales técnicos Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado.

Por su parte, el abogado de Manos Limpias, Rafael Prieto, retiró la acusación de malversación para todos los acusados y en su totalidad para Chaves, el exinterventor general Manuel Gómez y exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río.

CINCO AÑOS DE INSTRUCCIÓN

Todo comenzó el 19 de enero de 2011 cuando la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, comenzó a investigar este caso, cuya sentencia marcará el recorrido cuando se sometan a enjuiciamiento las cerca de 200 piezas separadas, una por cada ayuda con cargo al denominado 'fondo de reptiles', de la que se desgajó la causa principal tras la partida de Alaya a la Audiencia y la llegada de la juez María Núñez Bolaños.

Cabe recordar que la instrucción la finalizó en 2016 el juez de refuerzo Álvaro Martín, quien elevó las actuaciones a la Audiencia de Sevilla después de que el caso llegara al Supremo, cuyo magistrado Alberto Jorge Barreiro, instruyó el procedimiento contra los investigados que gozaban de aforamiento al ser diputados en las Cortes, como es el caso de Chaves, Griñán, Zarrías y Viera, no obstante la renuncia a sus escaños motivó que las actuaciones volvieran al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. Todo ello después de que Barreiro dictara un auto en junio de 2015 en el que concluyó que los expresidentes de la Junta deberían ser juzgados por prevaricación descartando la malversación.

De hecho, en abril de 2015, el ya expresidente de la Junta de Andalucía y entonces senador socialista, José Antonio Griñán, manifestó al término de su declaración en el Tribunal Supremo por los ERE irregulares en Andalucía aquella famosa declaración que no hubo "un gran plan (para defraudar) pero sí hubo un gran fraude" y eso significa que "alguno de los controles pudo fallar".

Por otro lado, esta sentencia, sea absolutoria o condenatoria, acabará en el Tribunal Supremo, el cual tendrá que resolver los recursos de casación que eleven las partes, una cuestión que "le llevará años".