​Bolsonaro denunciado por crímenes de lesa humanidad en el Tribunal de La Haya

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha sido denunciado este jueves 28 de noviembre ante la Corte Penal Internacional (CPI), acusado de incitar al genocidio y promover ataques sistemáticos contra los pueblos indígenas del país.

La información ha sido divulgada en un comunicado del Colectivo de Defensa de los Derechos Humanos (CADHu) y de la Comisión Arns, dos organizaciones brasileñas que son las autoras de la representación.

Según los denunciantes, el Presidente debe responder por haber cometido "crímenes contra la humanidad" presuntamente previstos en el Tratado Internacional de Roma, reconocido por la Corte Penal Internacional (CPI) y del que Brasil es signatario desde 1998.

"Las reglas de la corte son claras sobre las posibilidades de rendición de cuentas de los jefes de estado cuando incitan, practican u omiten crímenes contra la humanidad", dice la ACHR.

En una denuncia ante el fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, los abogados señalan que los recientes incendios en la Amazonia, cuyas imágenes se han difundido por todo el mundo, "generan daños ambientales y sociales desiguales, difíciles de revertir".

Además, los demandantes alegan que estos daños están relacionados con problemas causados por conflictos de tierras para las empresas agrícolas, las grandes obras de infraestructura, la minería ilegal y la explotación maderera.

"Estas actividades tienen un gran impacto en la selva y en los pueblos que la habitan y fueron alentadas en ciertos momentos [por el gobierno brasileño] y, en otros, ignoradas", dijeron los autores de la denuncia.

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El CADHu es un grupo de abogados que trabaja gratuitamente en casos de interés público desde 2012. La Comisión Arns reúne a ex ministros y activistas de derechos humanos.

Las dos organizaciones acusan a Bolsonaro y a su gobierno de incitar a violaciones y violencia contra los pueblos indígenas al debilitar las instituciones de control ambiental e ignorar los crímenes ambientales cometidos en la Amazonía.

"La ACHPR y la Comisión Arns creen que Bolsonaro es personalmente responsable de un crimen contra la humanidad, la fuerza motriz detrás de la denuncia", dice el grupo.

Al recibir la denuncia, la CPI debe solicitar información a los Estados, organismos de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales y otras fuentes que se consideren pertinentes para el estudio de las acusaciones.

Si la Fiscal General de la CPI considera que existe "base suficiente" para iniciar una investigación, puede presentar una solicitud de autorización para una investigación a la Cámara de Comercio Preliminar, que depende de este tribunal internacional.

Desde que asumió el cargo el 1 de enero, Bolsonaro ha desatado una serie de controversias debido a la retórica anti-ambiental, y ha estado involucrado en una crisis internacional después del aumento de los incendios en la Amazonia, con algunos países, como Francia y Alemania, mostrando preocupación por este problema.

Entre agosto de 2018 y julio de 2019, la deforestación en la Amazonia brasileña se disparó en un 29,5% y alcanzó su nivel más alto en once años, según datos oficiales.

Según un informe publicado el 28 de noviembre, la deforestación de la mayor selva tropical del mundo también afecta a las tierras indígenas y aumentó 74% entre agosto de 2018 y julio de 2019, período en el que estas áreas perdieron 423 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal.

Sin embargo, Bolsonaro niega que las políticas de su gobierno sean la razón de este aumento y atribuye el avance de la deforestación a fenómenos "culturales" relacionados con las prácticas de explotación y quema que muchos habitantes de la Amazonía utilizan tradicionalmente.