El PP recuerda la "responsabilidad penal" que puede acarrear borrar las imágenes de Delcy Rodríguez en Barajas

Pide al Juzgado la reclamación "urgente" de las cintas de vigilancia y critica no haber tenido noticia de la denuncia presentada en Fiscalía

El Partido Popular recuerda la "responsabilidad penal" que puede acarrear el borrado de las imágenes de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas, donde se reunió con el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a pesar que la mandataria no podía aterrizar debido a las sanciones de la UE que pesan sobre ella por "graves violaciones de los derechos humanos".

Así lo ha expuesto el partido de Pablo Casado en la denuncia presentada esta mañana en el Juzgado de Guardia de Madrid, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que solicitan que el juez requiera a AENA, de manera "urgente" las cintas de su circuito de videovigilancia que se grabaron el pasado 20 de enero con la llegada de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

En el texto, mencionan un burofax enviado a AENA el pasado 6 de enero, en el que se requería al gestor de los aeropuertos que se apercibiera al responsable de tratamiento de datos de Barajas de las responsabilidades, incluso penales, en las que puede incurrir en el caso de ordenar el borrado de las mencionadas cintas.

En ese burofax se reclamó también que las imágenes se pusieran a disposición de la Fiscalía, señalando que ésta "ya investiga los hechos denunciados".

No obstante, en otro punto de la denuncia se incluye una queja contra la Fiscalía General del Estado, donde el PP presentó una denuncia contra Ábalos por prevaricación el pasado 31 de enero, "sin que hasta la fecha haya tenido noticias de las actuaciones que haya llevado a cabo esa Fiscalía para su esclarecimiento".

SUSPENDER EL PLAZO DE UN MES PARA CONSERVAR LAS IMÁGENES
La petición que realizan ahora los populares en el Juzgado de Guardia para que no se destruyan las cintas tiene como fin "suspender" el plazo de cancelación de datos previsto en un mes desde su captación, como prevé el artículo 6 de la Instrucción 1/2006, dictada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en relación al tratamiento de datos personales confines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.

El citado plazo se debe suspender en el caso de que haya una investigación judicial o policial de los hechos presuntamente delictivos que se hayan podido registrar en imágenes.

Y para evitar que las cintas sean destruidas transcurrido el mes de plazo que marca la ley para conservarlas, el PP se ha dirigido al juez de guardia con el fin de que incoe las correspondientes diligencias previas y con "carácter inmediato" y como "medida cautelar urgente" solicite a AENA las imágenes obtenidas aquel día y, en todo caso, requiera formalmente para evitar la destrucción o supresión de las mismas.

En la denuncia, el PP hace el relato de los hechos en base a las declaraciones del propio ministro de Transportes y de las informaciones periodísticas publicadas desde el 20 de enero. Relatan así la prohibición que tenía Delcy Rodríguez de viajar al territorio de la Unión Europea e incluso de realizar tránsito o escalas en cualquier aeropuerto de la UE.

Los 'populares' señalan que a estos efectos "territorio nacional" no se identifica con el delimitado por los accesos documentales aeroportuarios, sino que incluye todo el aeropuerto, incluso las áreas de tránsito, según la doctrina del Tribunal Constitucional, "no existiendo, por tanto, áreas exentas de soberanía o ajenas a ella".

OMISIÓN DELIBERADA DE TRÁMITES PARA OCULTAR EL INCUMPLIMIENTO
Ponen también de manifiesto que el Gobierno tenía conocimiento de la llegada de la vicepresidenta venezolana porque había sido informado por la embajada de España en Caracas, así como la "omisión deliberada" de los trámites que deben pasar las misiones diplomáticas en el aeropuerto de Madrid-Barajas con el fin de "ocultar el incumplimiento" de las sanciones comunitarias.

Estos consisten según la denuncia, en permitirles el acceso a la zona de control de pasaportes por una vía reservada para el ingreso de ciudadanos comunitarios, independientemente de su nacionalidad.

En el texto se relata el reconocimiento de Ábalos de no haber impedido que la aeronave en la que viajaba Delcy Rodríguez aterrizara en Madrid, así como la reunión mantenida con ella por parte del ministro de Transportes de "una hora y media" y en la que éste habría intentado disuadir a la mandataria venezolana de que bajara del avión.

Denuncian de nuevo ante el Juzgado --después de haberlo hecho ante la Fiscalía-- que el ministro de Transportes permitió a Rodríguez desplazarse a una sala VIP de la terminal de autoridades donde permaneció hasta que abandonó España con destino a Doha en la mañana del lunes 20 de enero.

Y añaden que el propio Ábalos ha reconocido que evitó que la policía practicara la deportación, así como el hecho de que no hay constancia de que Delcy Rodríguez pasara ningún control de fronteras donde debía haberse sellado su pasaporte y validado sus documentos al objeto de dejar constancia de su presencia en territorio nacional.

Y ello, señalan, a pesar de haberse trasladado desde el avión a una sala VIP, donde estuvo custodiada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero a los que no se les permitió proceder a la detención o expulsión de la vicepresidenta de Venezuela.

HECHOS QUE PUEDEN SER PREVARICACIÓN
Unos hechos que, de acreditarse, pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación por parte de las autoridades españolas implicadas en el asunto, según recuerda el PP en esta denuncia, en la que se recogen los hechos ya denunciados con anterioridad en la Fiscalía General del Estado.

Se trataría de una prevaricación "por omisión" por haber permitido el tránsito de la aeronave en la que viajaba Delcy Rodríguez a pesar de la prohibición comunitaria y por haber permitido que transitara por territorio nacional si adoptar las medidas a las que obligan las disposiciones europeas y por no haber pasado por el control de fronteras.