El Congreso reitera la necesidad de quitar fecha tope de investigación para evitar la impunidad en casos de corrupción

La iniciativa de Unidas Podemos cuenta con el respaldo mayoritario de la Cámara y el PP, que no se opone, anuncia otra propuesta distinta

La mayoría de los grupos parlamentarios han reiterado este martes en el Congreso de los Diputados la necesidad de derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), por el que se pone fecha límite a las instrucciones de las causas penales, porque se ha demostrado que el objetivo por el que PP impulsó en 2015 esta medida solo ha tenido el efecto de conseguir la "impunidad" en casos de corrupción.

El Pleno del Congreso ha debatido este martes la toma en consideración de la proposición de ley presentada por Unidas Podemos para eliminar dicho artículo, que limita la instrucción de los casos de corrupción, fraude, terrorismo o crimen organizado a seis meses con carácter general o a 18 si se trata de investigaciones que han sido declaradas complejas por un juez, a instancias de la Fiscalía.

El portavoz de la formación morada, Jaume Asens, que ha defendido la iniciativa, se ha dirigido directamente a los 'populares' para acusarles de que se aprobó la implementación de este artículo con mayoría absoluta pero sin contar con el criterio de los "abogados, fiscales y jueces".

"Cinco años después vemos que de poco funciona", ha asegurado, ya que el tiempo de espera en las resoluciones "ha subido" y el "efecto real" es, según ha dicho, "la impunidad de sus casos", recordando el archivo del 'caso Pasarelas' en el que se encontraba investigado el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, que acabó siendo absuelto porque Fiscalía pidió tarde la declaración de causa compleja para poder ampliar el plazo de instrucción.

TERCERA VEZ QUE SE TRAMITA
Se trata de la tercera vez que la Cámara acepte tramitar esta derogación, pues ya lo hizo con el voto en contra del PP, en mayo de 2017 y en septiembre de 2019, pero en ninguno de los casos llegó a completarse la tramitación. La primera vez chocó con la constante ampliación del plazo de enmiendas que impusieron los 'populares' y Ciudadanos (Cs) y la segunda decayó con motivo de las elecciones del pasado mes de noviembre.

Precisamente el PSOE ha recordado este aspecto y ha reprochado a Cs una falta de "coherencia" por ponerse ahora a favor de la tramitación de derogación de los plazos de instrucción. Así, la socialista Isaura Leal ha explicado que apoya la iniciativa de sus socios de gobierno para adaptar y consensuar su contenido con los operadores jurídicos a los que afecta dicha normativa, porque la ley que aprobó el PP "en soledad" no llevaba consigo "ni previsiones, ni medidas ni recursos para gestionar el cambio".

Sin embargo, el PP ha salido a defender la reforma de la LECrim que realizó en 2015 y ha ensalzado que los plazos de instrucción impuestos no sólo afectan a los casos de corrupción, sino a todas las causas penales y ha añadido que fue el partido que hizo "las mayores transformaciones en materia de transparencia y lucha contra la corrupción".

Asimismo, su portavoz en este debate, María Jesús Moro, ha recriminado a aquellos parlamentarios que se han aludido PP sin usar el "presuntamente" cuando se han referido a su vinculación en causas de corrupción porque "no hay ninguna condena". "No podemos decir lo mismo" con otros partidos, señalando a formaciones catalanas "que se han cambiado el nombre", ha indicado.

Finalmente, el PP mantiene la idea de que no se puede dejar sin plazo las investigaciones penales, pero no se opondrá a la tramitación de la iniciativa de Podemos. No obstante, ha anunciado que presentará otra propuesta que irá en la línea con las sugerencias de la Fiscalía General del Estado en este aspecto.

Por su parte, Vox, en un discurso en el que ha resaltado la condena de dirigentes del PNV por el 'caso de Miguel', se ha mostrado a favor de derogar los plazos de instrucción al considerar que lo único a lo que contribuye es a la "impunidad de los corruptos".

En este sentido, la diputada Macarena Olona ha instado a implementar otra serie de medidas como la supresión de los aforamientos, la dedicación exclusiva de los jueces instructores o la modificación del sistema de elección de los vocales del Consejero General del Poder Judicial para "conseguir que se elimine la politización de la Justicia".

Por otro lado, Olona también ha dedicado el final de su discurso a EH-Bildu para pedir directamente al portavoz de este partido, Oskar Matute, que tenga un "mayor respeto institucional". Ha sido para criticar que éste afirmara durante su intervención que la "voz no hay quien la pare" aunque se le de la espalda, en un momento en el que ha comparado el juicio que tuvo lugar este lunes contra el actor Willy Toledo y el que se celebró en 1982 contra cantautor José 'El Cabrero ' por blasfemar contra Dios. Así, la portavoz de Vox ha tachado a Bildu de "herederos de ETA" y ha asegurado que "hay que recordar que no debemos de darles la espalda ni mucho menos dejar a la vista la nuca".

FALTA DE MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES
La falta de medios humanos y materiales para impedir la "lentitud" de la Justicia, como puede ser en la instrucción de causas ha salido también a relucir en el debate por parte del JxCAT, Más País, BNG, PNV, EH-Bildu y la Cup, pero también por Ciudadanos, cuyo portavoz en Justicia, Edmundo Bal, ha recalcado que sin recursos las investigaciones son "absolutamente imposibles" incluso en 18 meses.

Así, recordando su etapa como abogado del Estado en casos como la 'Gürtel', ha lamentado que la dilación en el tiempo de las causas en muchas ocasiones sea porque todas las partes piden que se practiquen pruebas. "En la actualidad, los grilletes que deberían llevar los investigados se ponen en las manos de la acusación impidiendo que hagan su trabajo", ha dicho.

Por ello, Bal ha apuntado que la derogación del artículo 324 de la LECrim no se puede hacer "sin más", sino que se debe ser más "ambicioso", por lo que ha recordado que la formación naranja ha presentado en el Congreso una batería de propuestas para luchar contra la corrupción.