Testigos del 8M declaran ante la jueza que no fueron presionados por la Delegación del Gobierno

La mayoría de los testigos que han declarado ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel, instructora del sumario del caso 8M, han negado que la Delegación del Gobierno de Madrid les hubiera presionado para desconvocar las manifestaciones y concentraciones que iban a celebrar después del 11 de marzo. Sí han reconocido que recibieron llamadas de la Delegación, pero en ningún caso se sintieron presionados por sus interlocutores.

Además, algunos de ellos han afirmado que las declaraciones que en su día prestaron ante la Guardia Civil, y que se hicieron constar en los informes que los investigadores han remitido a la jueza, han sido tergiversadas en parte o no se han hecho constar la totalidad sus declaraciones, por lo que se puede ofrecer una idea equivocada de lo que ellos declararon.

Uno de los componentes del Colectivo de Afectados de Forum Afinsa, Luis Concha, ha afirmado a la salida del juzgado que le ha dicho a la juez que la Guardia Civil tergiversó su declaración y ha asegurado que él no desconvocó la concentración el día 6 de marzo, tal y como hizo constar la Guardia Civil en su informe, sino que lo hizo el mismo día en que recibió la autorización para llevarla a cabo, el día 11, y que lo hizo por iniciativa propia. Además, ha reconocido que la convocatoria era para el día 12 y no para el 13, como se hizo constar en el informe de los investigadores.

Por su parte, la portavoz de la Asociación de Personas Aptas Sin Ayuda de Alquiler (APASAA), Diana Chnaiker, ha asegurado que la llamada de la Delegación del Gobierno para pedirle que comunicara de forma oficial la desconvocatoria de la concentración se produjo el 17 de marzo, cuando ya se había declarado el estado de alarma. Y que ante esa situación, la convocatoria estaba anulada, aunque se envió un correo electrónico desconvocándola de forma oficial.

Del mismo modo, Santiago de la Iglesia, del Sindicato Oficios Varios del Sur CGT, ha admitido que recibió una llamada de la Delegación el día 12 de marzo para pedirle que desconvocara una concentración prevista para el día 14, pero que no lo hicieron hasta el día 13, cuando quedó patente que por la falta de libertad de movimientos no se podría llevar a cabo.

El resto de los testigos han reconocido que recibieron llamadas desde la Delegación del Gobierno en Madrid para pedirles que desconvocaran las concentraciones, pero que fueron sugerencias, por lo que en ningún caso de sintieron presionados.