viernes, 29 de marzo de 2024 15:25
Economía

El Gobierno modifica la ley de sociedades de capital para fomentar la implicación de los accionistas

El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley que modifica la ley de sociedades de capital y que busca fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas.
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La ministra protavoz María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 14 de julio de 2021.

El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley que modifica la ley de sociedades de capital y que busca fomentar la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas.

Según ha informado la ministra portavoz María Jesús Montero, se trata de una transposición parcial de la directiva comunitaria de 2017, que cuenta con el informe del Consejo de Estado y de la que ya fue informado el Consejo de Ministros en primera vuelta el pasado mes de marzo.

Su objetivo es mejorar el buen gobierno corporativo de las sociedades cotizadas en la Unión Europea y aumentar sus posibilidades de financiación en el largo plazo. "Ello va a contribuir a sostener el crecimiento económico, así como la creación de empleo y de valor para el conjunto de las sociedades", ha asegurado Montero.

Entre las medidas que recoge, figura el derecho de las cotizadas a identificar a los accionistas para facilitar su participación activa y su implicación en el desarrollo de la sociedad.

Igualmente, se obliga a las instituciones de inversión colectiva (IIC) a hacer pública su estrategia de inversión en las sociedades cotizadas, y se regula con mayor detalle el contenido que tiene que incluir la política de remuneración de los miembros del consejo de administración.

Por otra parte, se incrementa la transparencia de las operaciones vinculadas que pudieran dar lugar a conflictos de intereses y se incorporan otras medidas orientadas a mejorar la competitividad de los mercados de valores.

Según ha señalado la ministra, el texto ha sido trabajado conjuntamente entre el Ministerio de Asuntos Económicos y el Ministerio de Justicia y tendrá "importantes repercusiones positivas en la sostenibilidad de las empresas, el bienestar de los trabajadores y la competitividad de los mercados".

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