Cs critica que el Govern conceda el tercer grado a los presos del 'procés' y pregunta a Sánchez si retomará el diálogo

Ciudadanos ha criticado que la Generalitat de Cataluña haya concedido el tercer grado penitenciario, el de semilibertad, a los nueve líderes independentistas condenados en 2019 por el Tribunal Supremo a entre nueve y trece años de prisión por el proceso soberanista de 2017, y ha preguntado al Ejecutivo central si tiene previsto reanudar la mesa de diálogo político con el Govern.

A través de una batería de preguntas registradas este jueves en el Congreso de los Diputados, el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, y el portavoz en la Comisión de Interior, Pablo Cambronero, plantean estas cuestiones al Gobierno de Pedro Sánchez para que dé una respuesta por escrito.

En primer lugar, pide conocer su opinión sobre la decisión del Servicio de Clasificación de la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia, que este martes ratificó la propuesta de las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), Puig de les Basses, en Figueres (Girona), y la de Mujeres de Barcelona (Wad-Ras) de conceder el tercer grado a los nueve presos.

Esto significa que el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa y Raül Romeva, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, tendrán que ir a dormir a la cárcel entre semana pero podrán salir durante el día y pasar el fin de semana en sus casas.

SOLO HACE UNOS MESES QUE LOS CONDENARON
La formación naranja, que censura que los líderes independentistas accedan al tercer grado "apenas unos meses después de haber sido condenados" --en octubre de 2019 "a penas de hasta trece años de prisión" por un delito de sedición, ha preguntado también al Gobierno si fue informado previamente "de las intenciones del Ejecutivo catalán" de reconocerles esta situación.

La resolución del Servicio de Clasificación puede ser recurrida por la Fiscalía ante el juez de vigilancia penitenciaria correspondiente, y la decisión del juzgado de vigilancia puede recurrirse, en última instancia, ante el tribunal sentenciador, en este caso, el Tribunal Supremo.

En su iniciativa parlamentaria, Ciudadanos dice que es "enormemente sorprendente" que la Generalitat mencione el bajo riesgo de reincidencia de los condenados entre los motivos para concederles el tercer grado.

Según ha recordado, Cuixart publicó un libro sobre el proceso separatista en Cataluña titulado 'Lo volveríamos a hacer', y señala también que el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra --que no está entre los condenados-- "manifestó públicamente su apoyo a la causa con un rotundo 'lo volveremos a hacer', con relación al proceso soberanista y al referéndum ilegal".

Además, Cs afirma que normalmente "la concesión del tercer grado nunca se produce transcurridos apenas unos meses desde una condena con penas tan elevadas", aunque en este caso el Govern justifique la decisión "como algo inevitable y ajustado a las disposiciones de la Ley General Penitenciaria".

LA "MESA DE LA VERGÜENZA"
El partido presidido por Inés Arrimadas considera que, en este contexto, el Gobierno de España debe aclarar "si piensa retomar la negociación con los partidos independentistas catalanes". Según indica, Sánchez anunció que esta negociación con el Ejecutivo autonómico, que Ciudadanos califica de "mesa de la vergüenza", se reanudaría en el mes de julio, tras las elecciones autonómicas del pasado domingo en Galicia y País Vasco.

Este foro de diálogo se convocó por primera vez a finales del pasado febrero, pero después quedó parado a causa de la crisis del coronavirus. En esa primera reunión, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, dijo que su delegación había defendido la autodeterminación y la amnistía para los presos como vías para la resolución del conflicto en Cataluña, pero que el Gobierno no había respondido a ninguna de estas demandas.