Los líderes elevan la presión sobre Países Bajos y Austria al acusarles de "instrumentalizar" la negociación

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE han elevado la presión sobre Países Bajos y Austria, acusándoles de "instrumentalizar" la negociación sobre el fondo europeo para bloquear cualquier posible avance, según diversas fuentes diplomáticas y europeas.

Después de una cena tensa de cuatro horas, el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, ha suspendido la sesión antes poco de la medianoche para un breve receso que ya supera las dos horas con el objetivo de aclarar si hay margen para lograr un acuerdo o se cancelan las negociaciones.

En concreto, la mayoría de los líderes acusan a La Haya y Viena de utilizar el debate sobre vincular los fondos europeos al respeto del Estado de derecho, algo que irrita a socios del Este como Hungría y Polonia, para cerrar el paso a progresos sobre el tamaño del plan de recuperación.

Varias fuentes diplomáticas han lanzado este mensaje de manera coordinada en un intento por reaccionar a la falta de claridad en los debates por parte de los países del Norte (Países Bajos, Austria, Dinamarca, Suecia y Finlandia).

Las mismas fuentes comunican que Finlandia, Dinamarca y Suecia tienen una posición más flexible y están "dispuestos a dar un paso adelante". Por contra, Países Bajos y Austria, utilizan la controversia sobre el Estado de derecho para bloquear la cumbre.

Alguna delegación también ha subrayado que el llamado 'grupo de los frugales' nunca llegó a poner sobre la mesa de los líderes su oferta de un fondo de 700.000 millones dividido a partes iguales entre préstamos y transferencias. Sólo lo hicieron, añaden, en un momento en el que las negociaciones estaban a punto de descarrilar.

El presidente del Consejo europeo, Charles Michel, ha planteado a los líderes que el fondo de reconstrucción tenga un tamaño de 750.000 millones, de los cuales 400.000 millones serían subvenciones a fondo perdido y el resto préstamos a devolver.

Los países del norte siguen enrocados y se niegan a llegar a un montante de transferencias de 400.000 millones. Sin embargo, fuentes comunitarias defienden que pactar una cifra por debajo de este nivel tendría un impacto económico insuficiente.