jueves, 28 de marzo de 2024 15:47
Politica

Abel Caballero se defiende de las críticas al acuerdo de la FEMP y acusa al PP de hacer "·política partidaria"

Sánchez y Caballero rubrican en Moncloa el acuerdo entre el Gobierno y la FEMP sobre los remanentes
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(I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Sánchez y Caballero rubrican en Moncloa el acuerdo entre el Gobierno y la FEMP sobre los remanentes

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha salido al paso de las críticas que ha concitado el acuerdo sobre remanentes de ayuntamientos alcanzado con el Gobierno y ha acusado al PP de hacer "pura política partidaria.

Caballero y el presidente Pedro Sánchez formalizado este martes en el Palacio de la Moncloa el acuerdo alcanzado entre la FEMP y el Ministerio de Hacienda para la liberación de los remanentes y el uso del superávit por parte de los ayuntamientos.

En un acto que ha dado comienzo a las 09.15 horas, Sánchez y Caballero han rubricado el denominado 'Acuerdo entre el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias para contribuir desde los municipios a desarrollar una movilidad sostenible, la agenda urbana, políticas de cuidados y apoyo a la cultura y al deporte'.

Ambos dirigentes han estado acompañados de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y de la titular de Política Territorial, Carolina Darias, así como de una delegación de la FEMP con la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, a la cabeza.

La escena, que apenas ha durado cinco minutos, ha servido para ver la sintonía entre el Gobierno central y la cúpula de la FEMP después de varias semanas de negociación entre el Ministerio de Hacienda y la agrupación municipalista para liberar estos remamentes.

SE APROBÓ POR SU VOTO DE CALIDAD
Este mismo lunes, la Junta de Gobierno de la FEMP dio luz verde a la propuesta de Hacienda con 12 votos a favor (PSOE), 12 en contra (PP, Junts per Catalunya y Ciudadanos) y una abstención (Grupo Municipalista Izquierda Unida-Podemos-Comuns). El voto de calidad del presidente socialista de la federación resultó determinante para aceptar la iniciativa.

Esto provocó numerosas críticas desde muchas partes del municipalismo y en concreto desde los alcaldes del PP, que lamentaban que este acuerdo rompiera el histórico consenso que se da en la FEMP. Los 'populares' acusaban al Ejecutivo de apropiarse de los ahorros de los ayuntamientos y de no ayudar a las entidades que no tuvieran superávit y remanentes.

A este respecto, Caballero ha señalado en declaraciones a los medios que el PP parece que "no soporta" que el Gobierno de Pedro Sánchez haya aprobado este "gran acuerdo" y ha acusado a los 'populares' de hacer "pura política partidaria".

DETALLES DEL ACUERDO
En concreto, el acuerdo establece que los ayuntamientos que lo deseen podrán poner sus remanentes a disposición del Gobierno central, que aportará 5.000 millones que no serán devueltos de forma inmediata en proporción a las cantidades entregadas. Posteriormente, a partir de 2020, el Ejecutivo central revertirá a los municipios el 100% de los remanentes recibidos en un plazo de 10 años, así como intereses.

Asimismo, las diputaciones podrán formalizar préstamos y realizar transferencias finalistas no reintegrables a administraciones locales que se encuentren en una situación económica vulnerable. El Gobierno revisará también las condiciones financieras de los préstamos de los fondos de financiación que tienen instituciones locales.

Mientras, en 2020 no será efectiva la regla de gasto, por lo que las corporaciones locales no contarán con esta limitación. El acuerdo establece la prórroga para 2020 de la regla especial del destino del superávit de 2019 y la del procedimiento de ejecución de inversiones financieramente sostenibles iniciadas en 2019 con cargo al superávit de 2018. También mantiene las entregas a cuenta a las corporaciones locales y la liquidación del ejercicio 2018, positiva para los ayuntamientos en 600 millones de euros.

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