viernes, 27 de noviembre de 2020 21:05
Opinión

LOS LETRADOS DEL PARLAMENTO CATALÁN, EN LA DIANA DE LOS MÁS DEMÓCRATAS

Carmen P. Flores
Carmen P. Flores
Directora de Pressdigital

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Dicen que los empleados públicos deben desempeñar su trabajo con diligencias y velar por los intereses generales con subordinación y observación de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Además, deben actuar con los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad ,eficacia, honradez...


El presidente del Parlament, Roger Torrent, asistido por el secretario general de la Cámara, Xavier Muro



La pregunta es, ¿cumplen todos los funcionarios públicos con estos requisitos? Una buena parte sí. Otros, tenemos serias dudas, a tenor de  la actitud de algunos funcionarios que colgaron pancartas y lazos amarillos en sus lugares de trabajo como si fueran una propiedad suya y no de toda la ciudadanía. Hablamos de Catalunya, no entraremos en lo que sucede en el resto de España porque la situación que se está viviendo en esta comunidad autónoma, en estos momentos, es única. Desde que se inició la ofensiva institucional -gobierno de la Generalitat, buena parte del Parlament también y de los partidos independentistas por saltarse las leyes- con la oposición de los letrados de la segunda institución catalana, se ha puesto en el punto de mira al Secretario General y al servicio jurídico de la cámara que este dirige. Hace ya unos años que la actuación de estos funcionarios públicos hasta ese momento discreta saltó a los medios sin quererlo por las advertencias, observaciones y negativa de los servicios jurídicos a validar decisiones de la mesa -mayoría independentista- o a aprobar “leyes, decretos” que no se ajustaban a ley. No estaban y siguen sin estar aceptando las decisiones políticas de la mayoría independentista del  Parlament que ha cogido como norma saltarse la legalidad vigente, cuando son ellos lo que la deberían respetar y hacerla respetar.


El equipo jurídico del Parlament de Catalunya, con su Secretario General a la cabeza, se ha convertido injustamente en la diana de los políticos irresponsables, por no acceder a sus deseos ilegales, si bien ellos siguen con su actitud de respeto y acatamiento a la Constitución y a la legislación vigente.  Ellos son técnicos, no políticos, algo de lo que se olvidan los demócratas de boquilla.


El penúltimo suceso ha tenido lugar estos días, cuando determinados grupos políticos, no hace faltan especificar cuales, debatieron el papel de la monarquía. El servicio jurídico había avisado que no era competencia de esta institución debatir el tema. Pese a ello, se llevó a cabo. La resolución aprobada por los grupos independentistas no fue publicada en el Boletín Oficial del Parlament por decisión del Secretario General, Xavier Muro, que tiene las competencias sobre el mismo. Menuda se ha liado, como si ese fuera el tema más importante que tiene Catalunya. JXCat presentó una propuesta en la que se solicitaba el cese de Muro si no publicaba la resolución. La Mesa no admitió la propuesta, gracias a la postura de ERC, que dio soporte al Secretario General. Incluso el presidente de la institución se mostró contrario a la actitud de los neoconvergentes. Un hecho que ha vuelto a poner de manifiesto, a parte de la división de los dos partidos del gobierno, la falta de respeto a la legalidad que ellos reclaman para sí.


La confusión de algunos políticos por querer controlar a los letrados que son técnicos, no políticos, pasa el limite de lo tolerable y el conocimiento del trabajo que estos desarrollan. Los letrados tienen encomendado el asesoramiento jurídico básico a todos los órganos parlamentarios, tratando de garantizar el ajuste al derecho de todas las iniciativas e incluso a algunas de las conductas de los diputados. Asisten a las ponencias en la tramitación de las leyes para que estas encajen adecuadamente en el ordenamiento jurídico, comenzando por su ajuste constitucional.


Los diputados suelen apoyarse y confían en estos asesores conocedores de la legalidad. Desde la revolución amarilla, hay señorías que saben más que todo el servicio junto y además piden obediencia ciega a su constitución particular, que no es otra que obediencia ciega.


Lo sucedido estos días, uno más, en el Parlamento catalán es un claro exponente de desprecio continuado a la Constitución y a otras normas por parte de algunas fuerzas políticas que han venido haciendo bandera de la desobediencia a lo largo de estos años. Situación que los letrados no han querido asumir y que han denunciado recordándoles a sus señorías la vigencia de la Constitución del 79, el acatamiento a las sentencias del Tribunal Constitucional y el respeto a los procedimientos que establece el Reglamento del Parlament de Catalunya.


Está claro que las advertencias y los informes técnicos -que no políticos- pueden cuestionarse o no gustar, pero otra cosa bien distinta es desacreditar a los letrados que realizan un trabajo técnico. La política, mala o buena, es competencia de sus señorías, algunas de las cuales el cargo  se les ha subido a la terraza. Lo malo del asunto es intentar controlarlo todo para llevar a cabo sus proyectos saltándose todo lo que no entre en su juego. Son los demócratas a la carta, no precisamente la Magna.

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