jueves, 18 de abril de 2024 14:29
Economía

Asesores fiscales piden mayor seguridad jurídica y estabilidad en las normas tributarias

La Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF) ha demandado este miércoles mayor seguridad jurídica y estabilidad en la normas tributarias para garantizar el "buen funcionamiento" en la gestión de los tributos.
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Oficina de la Agencia Tributaria.

La Federación Española de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FETTAF) ha demandado este miércoles mayor seguridad jurídica y estabilidad en la normas tributarias para garantizar el "buen funcionamiento" en la gestión de los tributos.

Para FETTAF, es necesario un cambio de actitud de la administración tributaria hacia una mayor colaboración social y una mayor conciencia tributaria en la elaboración de normas por los legisladores.

Así, afirma que en el ámbito legislativo se tiene que contar con una "mayor estabilidad" en las normas y que éstas sean más "inteligibles y menos restrictivas", al tiempo que demanda "minorar el abuso" por parte de la administración tributaria, en algunas ocasiones, de sus prerrogativas como Administración.

Una mayor motivación de los actos administrativos y, en particular, de las sanciones, y la unicidad en las resoluciones de la distintas administraciones tributarias para casos similares son otras de las demandas de los asesores fiscales.

FETTAF también reclama la aplicación efectiva, "sin fisuras", del principio de confianza legítima. "Si se produce un cambio de criterio en la interpretación de una norma tributaria, no puede haber retroactividad, salvo que sea favorable al contribuyente", subraya.

MENOR PERSECUCIÓN A PYMES Y AUTÓNOMOS
Asimismo, pide una menor "persecución" a pymes, autónomos y empresas de bajo riesgo a través de continuos requerimientos y revisiones, y una mayor celeridad en la contestación a consultas vinculantes por parte de la Dirección General de Tributos (DGT).

Por último, los asesores fiscales demandan la aplicación total de la plataforma informática en las relaciones con los contribuyentes y, en particular, en el ámbito de recaudación y gestión, así como criterios "claros, constantes y homogéneos" de la Agencia Tributaria y la Fiscalía a la hora de decidir cuándo debe dirigirse la acción penal contra el asesor fiscal.

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