Política cotidiana

Si repasamos las noticias de las secciones de política de estos últimos días, convendremos que se centran mayoritariamente en los aspectos más superestructurales de la política. Lo que tiene relación con los métodos para ganar y conservar el poder focaliza la mayoría de páginas de opinión, los análisis de los comportamientos de los diferentes agentes o las propuestas tácticas de los diferentes protagonistas políticos.

Si repasamos las noticias de las secciones de política de estos últimos días, convendremos que se centran mayoritariamente en los aspectos más superestructurales de la política. Lo que tiene relación con los métodos para ganar y conservar el poder focaliza la mayoría de páginas de opinión, los análisis de los comportamientos de los diferentes agentes o las propuestas tácticas de los diferentes protagonistas políticos. Hemos podido leer análisis de las elecciones andaluzas para explicar comportamientos sociológicos en relación con el voto y su traspaso entre formaciones y nos han adentrado en las oscuras interpretaciones del sentido del voto previsible en la investidura, en función de los efectos en futuras contiendas electorales. También hemos podido adentrarnos en informaciones sobre hojas de ruta, tanto de las propuestas como de los análisis más variados y más o menos ocurrentes, especialmente centradas en el número y la calidad de los suscriptores de dicha hoja y su mayor o menor virtualidad. Los aspectos más materiales, los que tienen que ver con la misma finalidad de la política, entendida ésta como la consecución de lo que tiene que ver con las preocupaciones de la ciudadanía (lo derivo del griego polis, ciudad, y del latín políticos, asuntos ciudadanos), quedan relegados a un anecdótico segundo plano en el mejor de los casos.

Si queremos saber los efectos concretos de la política en la ciudadanía, en las personas, debemos avanzar hasta llegar a las noticias de sociedad o de economía. Lo que nos habla de salud y sanidad, de educación y formación, de autonomía personal. Lo que nos informa de desigualdades, de precariedades, de intereses contrapuestos. Quizá sea este divorcio de la política, vista como método para alcanzar el poder o como proceso para decidir las respuestas a las necesidades humanas, lo que genera buena parte de la crisis político-institucional en que nos encontramos.

Pero, coincidiendo con el fin de este período de vacaciones de primavera, hemos conocido los datos de paro registrado del mes de marzo. Es un toque de realidad que emplaza a pedir respuestas a lo que afecta a la ciudadanía. El paro puede acabar siendo una fría cifra estadística, acostumbrados como estamos cada mes a repasar el dato, pero detrás hay miles de historias personales y mucha acción política. Hay sistemas públicos de protección, que pueden funcionar o no, y generar pobreza, marginación y exclusión social. Hay regulaciones laborales, que dan lugar a mayor debilidad o fortaleza del mercado de trabajo, con más o menos temporalidad y parcialidad, con mayor o menor precariedad. Hay sistemas públicos de empleo, que dotan de herramientas personales de orientación, información, formación y acompañamiento en el mercado de trabajo, y que pueden ser públicos y universales o privatizados y segmentados, que pueden estar bien dotados o infradotados. Hay políticas públicas orientadas a promover la actividad económica, sean fiscales y presupuestarias, sean industriales y de infraestructuras, sean de financiación o transparencia, que pueden generar empleo y mejorar las posibilidades de empleo de las personas.

Estas son las políticas de las que hay que reclamar que se hable. Y de las que afectan a la salud y la sanidad, hoy en pleno proceso de privatización, incluso incumpliendo acuerdos parlamentarios, como está haciendo el Gobierno con el Consorcio de Lleida o la venta de datos de los enfermos. Y de educación y formación, de investigación, de atención a la dependencia, de renta garantizada de ciudadanía, de acceso a la vivienda. En definitiva, de lo que tiene que ver con las personas y el desarrollo personal y social, de la política cotidiana que todos hacemos en el trabajo y la sociedad, con la acción sindical y social. Ahora, en pleno ciclo electoral, se debe hablar desde la propuesta de medidas e instrumentos, de cómo hacerlo y con qué participación. En lo concreto, contraponiendo propuestas, no declaraciones de intenciones o horizontes ideales.

Todo esto me vino a la mente cuando conocí que el paro registrado en las oficinas del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) en el mes de marzo nos deja una cifra de 571.655 personas desempleadas. Una reducción interanual del 8,46% (52.812 parados menos) y respecto del mes anterior de 9.469 personas paradas menos (-1,63%). Pero el paro sólo se ha reducido en 657 jóvenes entre la población menor de 25 años, un -1,6% respecto al mes de febrero, cuando hoy en Cataluña hay un total de 39.206 jóvenes que buscan trabajo sin éxito. Ha crecido la contratación registrada respecto a marzo de 2014 en 43.485 contratos, de los que 34.899 temporales y sólo 8.686 indefinidos (menos del 20%). De todas las personas registradas como desempleadas, sólo 335.311 reciben algún tipo de prestación (el 45,63% una prestación contributiva, el 44,85% subsidio por desempleo y un 9,53% la renta activa de inserción). Sólo 679 personas han percibido el nuevo Programa de activación del empleo. El dato más preocupante es que en un año hay 64.600 personas que han perdido cualquier tipo de prestación o subsidio.

La realidad es tozuda y muestra un mercado de trabajo débil e inestable, enmarcado por la excesiva temporalidad de los contratos registrados por la estacionalidad del empleo, y una pérdida de la protección social, todo ello provocado por la injusta reforma laboral y la falta de compromisos de los gobiernos. Es urgente que el Parlamento apruebe ya la renta garantizada de ciudadanía como respuesta al creciente número de personas en paro y desprotegidas y que el Gobierno impulse políticas para la activación económica como único instrumento para la generación de empleo, y apueste por políticas de empleo que mejoren las oportunidades de trabajo de las personas en paro, en especial un modelo de formación para el empleo que garantice una mayor calidad de la formación para las personas trabajadoras.