LA INSOPORTABLE REGRESIÓN DEMOCRÁTICA

Las políticas aplicadas para gestionar la quiebra del sistema financiero del 2007/08 y la crisis económica subsiguiente, han hecho aparecer todas las debilidades y contradicciones de la democracia política y social. Dejando de lado el debate relativo a qué y de qué calidad era la democracia resultante de la salida del régimen dictatorial franquista, a estas alturas es evidente su retroceso y que la democracia en este país se tambalea. Lo que era una crisis económica, hoy parece que superada, nos ha instalado en una profunda crisis social y político-institucional.

Democracia y desigualdad son conceptos contradictorios. El crecimiento de las desigualdades es el mayor disolvente de la democracia y eso lo estamos constatando estos últimos años. Lo decía Nelson Mandela "Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan Parlamento ". Y hoy, quizás en palabras menos crudas, esta es parte de la realidad que nos rodea.

El 15% (19% en el Estado) de la población activa está en paro, quiere trabajar y no puede hacerlo, y ello sin contabilizar quien ha ido a trabajar fuera del país (más de 800.000 personas en el conjunto del Estado) o que ya no se registra como demandante de empleo, cansado de la falta de ofertas adecuadas. El 50% de las personas desempleadas no reciben ninguna prestación ni subsidio. El 90% de las contrataciones que se realizan corresponden a trabajos temporales, de corta o muy corta duración, ya tiempo parcial. Una precariedad que explica que un 13% de los trabajadores son pobres, no disponen de los ingresos suficientes para superar el umbral de la pobreza. La brecha salarial de género también ha crecido estos años, está en el 26% de media, fruto del mayor impacto de la precariedad en la contratación, pero también de la pervivencia de factores discriminatorios en los empleos, asignaciones de categorías y cargos o la pura y simple diferencia de trato a las mujeres por trabajos de igual valor. Hay más de 100.000 hogares en Cataluña donde no entra ningún ingreso.

La desigualdad es creciente, fruto de las políticas aplicadas por los gobiernos estos últimos años. La reforma laboral debilita la negociación colectiva, al facilitar a los empresarios la no aplicación de los convenios firmados y el establecimiento de convenios de empresa por debajo de los convenios sectoriales de referencia. Limita la capacidad de intervención sindical en la negociación, suspendiendo la prórroga del convenio mientras se negocia, sentenciando la libre disponibilidad de los trabajadores mediante la extensión de la precariedad contractual y cuestionando la legitimidad sindical. El resultado es precariedad y más pobreza. Pero, sobre todo, más desigualdad. Y ahora que la economía se recupera y hay crecimiento, se evidencia la injusticia: entre 2007 y 2016 en el Estado los beneficios empresariales han crecido más de 8.000 millones de €, en el mismo período, la masa salarial ha disminuido 34.000 millones de €.

La desigualdad creciente muestra cómo es de limitada la democracia en nuestro país. Pero también hace insoportable la deriva autoritaria y antidemocrática que se instala en la acción de los gobiernos, en las medidas y acciones que toman. Es indignante ver como el Gobierno de la Generalidad no considera necesario que la Renta Garantizada de Ciudadanía garantice unos ingresos mínimos a quien a pesar de trabajar no llega; el Gobierno del Estado cree que el Salario Mínimo Interprofesional no hay dignificarlo ni garantizarlo; y las organizaciones empresariales y patronales plantean que la negociación colectiva establezca incrementos retributivos inferiores al aumento del coste de la vida.

Si el significado de democracia es gobierno del pueblo, sería más lógico que fuera el gobierno de los pobres que no el de los poderosos, aunque sólo fuera por el número. Pero la realidad es un gobierno al servicio de una minoría, alejado de los intereses y necesidades de la mayoría social. En democracia el poder se distribuye entre todos los ciudadanos y las decisiones se toman en opinión de la mayoría. Democracia es, también, un conjunto de reglas de convivencia basadas en el respeto a la dignidad, la libertad y los derechos de todas las personas. Pero para que haya democracia real necesario: soberanía popular, o sea, que todo el mundo disponga de derechos y libertades; libertad, entendida como la capacidad de cada uno para actuar por sí mismo y responder de sus actos; e igualdad, basada en tener las mismas oportunidades y obligaciones ante la ley. Así debe permitir que la democracia se encarne en un gobierno elegido por los ciudadanos.

Desgraciadamente la desigualdad limita claramente la soberanía, la libertad y la igualdad de oportunidades. También la falta o la mala información y la cesión de los derechos al grupo político de turno que toma las decisiones (muchas veces al margen de la participación de la ciudadanía) debilita la democracia.

A estas debilidades estructurales de la democracia tenemos que añadir las acciones conscientes de que poderes públicos y económicos aplican. La ruptura del principio de la división de poderes, fundamento de la democracia, dificulta la limitación de los abusos de poder. La concentración empresarial de los medios de comunicación, el control político de los medios públicos y la precarización de los profesionales de la información son un cóctel desinformativo que erosiona la democracia. La judicialización de los conflictos sociales y políticos, recordamos los juicios a 300 sindicalistas en una causa general contra el ejercicio del derecho de huelga, las repercusiones de la ley mordaza o el recurso al Tribunal Constitucional como cámara política. La negación del diálogo y la concertación social y el valor de la negociación como vía para la resolución de los conflictos, sean laborales, sociales o políticos. El uso de la opacidad y el secretismo en los debates políticos parlamentarios, utilizando vías de urgencia, recurso a los decretos ley y la instalación en la falta de debate social de decisiones políticas trascendentales. Parece querer instalar la lógica que los fines superiores justifican el uso de cualquier medio, aunque el uso del medio acabe desvirtuando el propio fin que se persigue.

Hoy todo indica que estamos en plena regresión democrática. La gestión política de la crisis económica, al servicio del rescate del sector financiero y los grandes intereses económicos, provoca una gran desigualdad, mediante la extensión de la precariedad y la pobreza. La democracia se debilita, pero la acción de los gobiernos también vacía de su propia esencia.

Por ello, uno de los principales retos hoy es el combate contra la desigualdad y, por tanto, la acción para repartir de manera justa la riqueza que se está creando. Esto conlleva una acción importante y fuerte para disputar en la negociación colectiva el salario y la calidad del empleo, pero también en la sociedad, para construir plenamente y de forma avanzada los derechos de ciudadanía y la protección social. La lucha contra la desigualdad conlleva la exigencia de más y mejor calidad democrática. Hay que poner en valor la importancia del debate social y la transparencia de la política; reconocer el papel del diálogo y la concertación social; dignificar la pluralidad y la profesionalidad informativa de los medios públicos; etc.

Desgraciadamente hay que recordar e insistir en que, como en tantas otras cosas, la democracia es un proceso en construcción, donde si no se avanza se retrocede, con los peligros que ello supone.