Andorra, plaza financiera
(y VI) Adaptación

El jefe del ejecutivo de Andorra, Antoni Martí, decía recientemente que su gobierno es un "invitado de piedra" en el llamado caso Pujol. Invitado o víctima de efecto colateral, el caso es que la OCDE, que sacó al país pirenaico de la lista de paraísos fiscales hace cuatro años, dio un nuevo toque de atención sobre la transparencia fiscal requerida en el país.

El jefe del ejecutivo de Andorra, Antoni Martí, decía recientemente que su gobierno es un "invitado de piedra" en el llamado caso Pujol. Invitado o víctima de efecto colateral, el caso es que la OCDE, que sacó al país pirenaico de la lista de paraísos fiscales hace cuatro años, dio un nuevo toque de atención sobre la transparencia fiscal requerida en el país.

Prueba de que no sólo es un testigo mudo, y que no puede «hacer el andorrano», es la entrevista mantenida el martes en la Moncloa por el mismo Martín con su homólogo español, Mariano Rajoy.

Tal como se había anunciado, no hubo al acabar ninguna rueda de prensa ni anuncio público. Oficiosamente, los medios andorranos destacan que Rajoy será el primero en el cargo que visite Andorra, antes de que acabe el año, que ha ofrecido la colaboración española para facilitar el tratado en negociación entre Andorra y la UE, y que espera tener cerrado el convenio bilateral contra la doble imposición (CDI) entre los dos estados antes de que termine este 2014.

Del asunto Pujol, ni palabra. Y sólo el Diario de Andorra destaca también que la condición española para acabar de concluir el CDI es la aceptación andorrana del intercambio de datos fiscales automático.

Tanto en el caso del ex presidente catalán y de la familia (especialmente del hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola) por mucha buena voluntad que pongan los políticos y la entidad o entidades bancarias implicadas, por mucho que quisieran colaborar al máximo con hacienda y tribunales españoles, tropiezan con limitaciones legales aún vigentes, como la obligación de preservar el secreto bancario o no facilitar en ningún país ajeno pruebas en caso de unas acusaciones que no se corresponden con delitos tipificados en el código penal propio, donde no aparece hasta ahora la evasión de capitales.

Por eso la alcalde (juez de primera instancia) Moreno ha anunciado que no podrá entregar los datos de Pujol Ferrusola antes de un plazo de un mes y que éstas se remitirán a condición de que no se puedan utilizar para la persecución del supuesto delito fiscal, sino para otros supuestos relacionados con la corrupción.

Si el Gobierno andorrano ha sido implicado en el punto de pedir y encontrar una reunión urgente del máximo nivel español, el sistema bancario del país aún sale más directamente y negativamente afectado, en un doble sentido: la recuperación -no oficial, pero extendida en el opinión pública internacional- de refugios de dinero negro propios de paraísos fiscales y, no menos grave, la sensación de los clientes que la plaza ya no es tan segura como lo era para su dinero. Y ya dicen en Wall Street que no hay nada de más tímido en el mundo que un millón de dólares.

Para completar una idea de la magnitud del daño hay que decir que la actividad bancaria supone en Andorra el 18 por ciento del producto interior bruto (del total de la economía). Y que un treinta por ciento del volumen de capitales extranjeros en el conjunto de los cinco bancos no es de un millón o más de euros, sino de unas decenas de miles, de pequeños comerciantes, industriales y ahorradores, que en cantidad de titulares superan de largo los grandes depositarios.

Sin embargo, la banca andorrana inició un proceso de adaptación a los nuevos tiempos desde que comenzó el proceso de presión sobre la plaza financiera y la fiscalidad andorranas -al punto que Sarkozy amenazó con renunciar al coprincipado si el país no salía de la lista de paraísos fiscales- y del conjunto de «cesiones» en forma de convenios y de cambios legislativos.

Algunas medidas han consistido en alternativas que se pueden mantener al margen de los acuerdos y normas vigentes, como la realización de inversiones directas en bolsa, o fondos (algunos creados y gestionados por los mismos bancos), que, como ya explicamos, piden desde el exterior que se incluyan entre los que ya son objeto de impuestos y sujetos a las normas sobre información. Dos otras serían la adquisición directa de según qué tipo de productos de seguros, o la creación de empresas, pero no las famosas Sicav, que permanecen ilegales.

Pero quizás la decisión más importante de los cinco bancos andorranos para afrontar un futuro menos incierto ha sido aprovechar la globalización para expandirse en el extranjero. La salida de la lista de «paraísos» y los progresos ante los Estados vecinos y el conjunto de la UE han permitido establecerse en España Andbanc (oficinas en Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante y A Coruña que pudieron abrir bastante después de poner el primer pie en las Seychelles), Banca Privada, Crédito y Morabanc. (El Sabadell ya estaba, por razones obvias y tiene la red internacional más extendida, en los cinco continentes).

Y no sólo en España, los cuatro son también presentes, como bancos o con gestoras de fondos, en Suiza, Luxemburgo, Miami (Estados Unidos) y Panamá (excepto Morabanc), esto como en varios países iberoamericanos, la mayoría en el Uruguay.