Exconcejal de Palma ratifica ante Castro que el PP balear exigía el 3% en comisiones por cada adjudicación

El exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos, quien este miércoles ha declarado como testigo ante el juez José Castro, se ha ratificado en las acusaciones que ha vertido hasta el momento en el marco de las investigaciones de Son Espases.

Así, en su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach y varios de los abogados personados en la causa, De Santos ha reafirmado que era práctica habitual en el PP balear, bajo el último mandato de Jaume Matas (2003-2007), exigir el 3 por ciento en comisiones por cada adjudicación.

A su salida de los juzgados, el exconcejal ha destacado a los medios congregados que "es bueno colaborar con la justicia, porque es bueno que se conozca la verdad", y se ha limitado a manifestar haber corroborado sus anteriores declaraciones.

En concreto, De Santos ha sido interrogado siete meses después de declarar por primera vez ante el juez Castro, en aquella ocasión a raíz de la supuesta financiación ilegal del PP balear. Asimismo, hace un año fue interpelado por el fiscal cuando las pesquisas se encontraban bajo secreto y aún no habían sido judicializadas.

El exedil, tal y como ya lo hiciera en su última comparecencia, ha abundado que el PP reclamó hasta nueve millones de euros a cambio de la concesión de las obras para la construcción del hospital de referencia de Baleares, que recayó finalmente en manos de Dragados tras un proceso cuya tramitación está siendo investigada.

De Santos, condenado anteriormente a dos años de cárcel por un delito de malversación y a cinco por corrupción de menores, ya apuntó ante Horrach que, según sabía por terceros, Matas reclamó una "cantidad importante" de dinero al empresario y presidente de ACS -de la que es filial Dragados-, Florentino Pérez, a cambio de serle adjudicada la construcción y explotación de Son Espases, aprobada en 2006.

El exconcejal apuntó además que era el tesorero del PP y cuñado de Matas, Fernando Areal, quien mediaba en el cobro de las comisiones, lo que el propio Areal negó de forma tajante el pasado viernes en la declaración que prestó ese día ante Castro.

El propio Pérez negó asimismo haber abogado comisión alguna al asegurar, tanto ante el fiscal como en la comisión de investigación impulsada por el Parlament al respecto, no conocer nada de este tema ni haber hablado con Matas "ni de obras, ni adjudicaciones".

Finalmente, fue la UTE formada por Dragados, FCC, Melchor Mascaró S.L. y Llabrés Feliu S.A. la que se hizo con el contrato de las obras y explotación del complejo hospitalario, la mayor infraestructura pública impulsada durante el último mandato de Matas. Un proceso que inicialmente se había decantado a favor de la competidora OHL, cuyo presidente es el exministro Juan Miguel Villar Mir, imputado en la causa.

OHL fue desbancada así como favorita después de que el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el de Economistas variaran las puntuaciones inicialmente adjudicadas por la empresa privada Global PM. Preguntado por esta última empresa, De Santos explicó que se trataba de una mercantil afín al PP y, más en concreto, al exconseller de Interior y expresidente del partido en Palma, José María Rodríguez.

AINA CASTILLO Y EL EXGERENTE DEL IB-SALUT, "FÁCILES DE MANIPULAR"

En su confesión, De Santos, condenado por otras dos causas de corrupción, señaló además que tanto la exconsellera de Salud Aina Castillo como el exgerente del Servicio de Salud de Baleares (Ib-Salut) Sergio Bertrán eran personas "fáciles de manipular" y que por ese motivo Matas "los colocó en sus respectivos puestos" y les "presionaba" en relación a la adjudicación del hospital.

Respecto a su papel en el procedimiento, el exregidor apuntó que lo que pretendió fue "realizar un proceso transparente para poder ofrecer al pleno las diferentes alternativas" en referencia a las distintas fincas en las que ubicar el centro sanitario, si bien Castillo, "mandada por Jaume Matas, quería que el hospital se hiciese" en los terrenos palmesanos de Son Espases, "por lo que no quería un procedimiento de selección o debate en el pleno".