lunes, 1 de junio de 2026 13:51

Economía

El Gobierno destina 2,3 millones para financiar proyectos en I+D+i en el sector acuícola

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destinará 2,3 millones de euros en ayudas para financiar proyectos en I+D+i, en el ámbito de los Planes Nacionales de Acuicultura, con el objetivo de reforzar la competitividad del sector acuícola a través del desarrollo de conocimientos técnicos, científicos u organizativos en sus explotaciones, tanto en cultivos animales como vegetales.
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Archivo -  Explotaciones acuícolas

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación destinará 2,3 millones de euros en ayudas para financiar proyectos en I+D+i, en el ámbito de los Planes Nacionales de Acuicultura, con el objetivo de reforzar la competitividad del sector acuícola a través del desarrollo de conocimientos técnicos, científicos u organizativos en sus explotaciones, tanto en cultivos animales como vegetales.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes un extracto de la Orden de convocatoria de estas ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva.

La cuantía de las subvenciones se va a distribuir a lo largo de las anualidades 2021, 2022 y 2023, con cargo a los Presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, contando con aportación del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).

Estas subvenciones van a favorecer el estrechamiento de las relaciones entre la comunidad científica y el sector productor mediante acciones que cuenten con el interés y apoyo de las organizaciones representativas del sector y las empresas, y que se desarrollen en más de una comunidad autónoma.

Podrá optar a las ayudas los organismos públicos de investigación, universidades públicas, entidades instrumentales del sector público autonómico, instituciones tecnológicas de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica de ámbito estatal que desarrollen actividades de innovación y desarrollo tecnológico en el ámbito de la acuicultura.

Los proyectos deberán contar con la participación de dos o más entidades pertenecientes a distintas comunidades autónomas y tendrán que contemplar, entre sus actividades, la validación o prueba en una o varias empresas del producto, equipo, proceso, técnica o sistema de gestión u organización que se pretenda desarrollar.

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