Consejero recuerda ante Comisión de Residencias de CyL que Fiscalía archivó las diligencias por no encontrar fundamento

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, del PP, ha recordado que la Fiscalía Superior de Castilla y León decretó el pasado 25 de junio de 2020 el archivo de las diligencias de investigación en relación a la posible responsabilidad penal de los centros de mayores y de personas con discapacidad en la gestión de la pandemia de la COVID "por no encontrar fundamento para ejercitar acción alguna".

Así lo ha recordado el consejero en su comparecencia a petición propia en las Cortes para dar cuenta del balance de su departamento en el ecuador de la Legislatura en un momento en el que está pendiente concretar una comisión de investigación sobre el tema de la gestión de las residencias en la pandemia, que registraron los grupos en la oposición primero y que PP y Ciudadanos han pedido ampliar en el objeto de investigación, después.

Ibáñez ha reivindicado "la labor esencial" de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León, especialmente durante la pandemia, en su labor de asesoramiento, representación y defensa de la Comunidad, y ha destacado en concreto las instrucciones relativas a la interpretación de la suspensión de plazos en los procesos administrativos del sector público de la Comunidad como consecuencia de la primera declaración del estado de alarma, en ciudades como Miranda de Ebro o Burgos, como después de concluir éste, con medidas en Íscar y Pedrajas de San Esteban, en Valladolid, durante el verano de 2020.

Asimismo, se ha referido al "papel fundamental" a través del asesoramiento jurídico prestado para la aprobación de medidas acordadas por la autoridad sanitaria de la Comunidad por la crisis sanitaria con la elaboración de más de 900 informes jurídicos sobre Decretos Leyes o consultas de "cuestiones dudosas, de indudable trascendencia y utilidad a la hora de afrontar con seguridad jurídica y eficacia la situación generada por la emergencia sanitaria".

El consejero ha reivindicado la "gran relevancia" para Castilla y León de tres sentencias concretas, como la que avala la constitucionalidad de la modificación de la Ley de Caza; la sentencia del Tribunal Constitucional que desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por 53 senadores del Grupo Socialista contra el Decreto-Ley de 2 de julio de 2020 de medidas urgentes para incentivar las medidas de recuperación económica y social en el ámbito local, y la "pionera sentencia" del Tribunal Supremo por el pago del IVA adeudado a Castilla y León a la que han seguido las reclamaciones al Estado por parte del resto de las comunidades autónomas y entidades locales de toda España.

Entre otros asuntos, el consejero ha destacado la encomienda a los Servicios Jurídicos del asesoramiento jurídico preventivo al sector público de la Comunidad y a sus empresas públicas, el denominado 'Compliance', que da cumplimiento a un compromiso del presidente de la Junta de crear en el seno del sector público de Castilla y León "una cultura de integridad en el cumplimiento normativo".

Por otro lado, se ha referido a la puesta en marcha de los ejes de actuación de la Junta en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, "una línea de trabajo pionera y ambiciosa que hace avanzar a la Comunidad en la protección de las personas con la vista puesta en el futuro económico, social y medioambiental sostenible".

En este punto, ha anunciado la creación del Comisionado de la Agenda 2030 y la creación de los 'Premios de Castilla y León en Objetivos de Desarrollo Sostenible'. El impulso de un grupo de trabajo específico de la Agenda 2030 dentro de la Conferencia de Titulares de Alcaldía y Presidencias de Diputación, y la novedad de que los presupuestos 2022 van a ser ejecutados a través del cristal de la Agenda 2030, han sido dos de las novedades de este bloque, así como próximas colaboraciones con las Universidades de Castilla y León.