La juez Núñez resuelve un recurso presentado en 2012 y confirma la imputación de Antonio Rivas, exdelegado de Empleo

La juez María Núñez Bolaños ha resuelto ahora un recurso presentado hace más de tres años por el ex delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Sevilla Antonio Rivas y ha confirmado su imputación en el caso de los ERE fraudulentos al entender que "existen suficientes indicios de criminalidad" contra el encausado. 

En un auto fechado el día 9 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada rechaza el recurso interpuesto por la defensa de Rivas contra el auto de 12 de junio de 2012 en el que la juez Mercedes Alaya, ahora apartada de la investigación, amplió su imputación por su "activa participación" en la inclusión en Intersur de tres 'intrusos'.

Estos tres 'intrusos', según expuso Alaya en dicho auto dictado hace más de tres años, serían Ricardo Medina Barrios, "vecino de Camas, localidad en la que Rivas fue alcalde durante años", José Antonio García Prieto, "concejal del PSOE en el Ayuntamiento", y José Acevedo López, "familiar de Rivas".

El abogado de Rivas recurrió el 26 de junio de 2012 alegando, de forma genérica, "falta del más mínimo indicio de culpabilidad que justifique" su imputación, y expuso además que, a fecha de interposición de este recurso, no se había resuelto por la Audiencia Provincial de Sevilla otro recurso de apelación "por el que se planteaba esta misma cuestión".

El imputado pidió en este último recurso a la Audiencia el archivo de las actuaciones por entender que no concurren indicios suficientes para imputarle hecho delictivo alguno. La juez recuerda que este recurso fue resuelto por la Sección Séptima el 16 de julio de 2013, en un auto donde confirmó la imputación de Rivas por autorizar los ERE de Mercasevilla de los años 2003 y 2007 y permitir la inclusión de tres 'intrusos', entre ellos su cuñado.

En ese auto, la Audiencia consideró que "no es de recibo" la alegación que hace Rivas en el recurso sobre el hecho de que la Inspección de Trabajo, a los efectos del artículo 51 del Estatuto de Trabajadores, no observó "dolo, fraude ni la menor irregularidad", ya que "precisamente ese artículo se refiere a la autoridad laboral, es decir, al delegado de Empleo, como la institución que ha de velar sobre la puridad del proceso que culmina con la autorización del ERE, que no a la Inspección de Trabajo".

La Sección Séptima confirmó la imputación del ex delegado provincial de Empleo al entender que, en este momento de la investigación, "la solidez de los indicios no tiene por qué ser tan severa como la exigible a la decisión de proseguir el procedimiento adelante contra quien resulte formalmente imputado hasta, en su caso, formularse acusación contra el mismo".

La juez Núñez dice que "basta reproducir las consideraciones que recoge la mencionada resolución para desestimar el recurso planteado con fecha 26 de junio de 2012", ya que "existen suficientes indicios de criminalidad para mantener una investigación en la que se ve involucrado el recurrente adquiriendo conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal una posición que le permite ejercer su defensa".

Por último, la instructora informa de que "ha quedado unido a las actuaciones el fax al que hace referencia la parte por el que se remite a la aseguradora la copia de la cartilla" de Ricardo Medina Barrios "como un elemento más de indicio de criminalidad".