Vox forzará una votación en el Congreso sobre aplicar otro 155 a Cataluña tras la sentencia del castellano

Vox forzará en el próximo Pleno del Congreso una votación sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución después de que la Generalitat de Cataluña no tenga intención de cumplir la reciente sentencia del Tribunal Supremo que avala que el 25% de la enseñanza en esta comunidad tenga que ser en castellano.

Así se recoge en la moción que ha registrado en la Cámara Baja y que es consecuencia de la interpelación que los de Santiago Abascal dirigieron al Gobierno el pasado miércoles. El texto se debatirá y votará en la sesión plenaria prevista para la tercera semana de diciembre.

En concreto, en su iniciativa, a la que tuvo acceso Europa Press, Vox insta al Gobierno a intervenir la Administración autonómica catalana con el fin de asegurar el respeto y el cumplimiento íntegro de los principios constitucionales que, según denuncia, están siendo objeto de "sistemática infracción" por parte de la Generalitat.

"NO SE PUEDE TOLERAR"
Vox sostiene que "no se puede tolerar" que existan partes de España en las que "miles" de niños no pueden aprender a leer y escribir "en su lengua materna, en español, sólo porque unos políticos sectarios se lo niegan" y por eso considera que "la única forma de devolver los derechos legítimos de todos los catalanes y la libertad es esta intervención profunda"

Asimismo, emplaza al Gobierno a impulsar las reformas que sean necesarias para asegurar la enseñanza del castellano y en castellano en los sistemas educativos de todos las regiones de España a fin de satisfacer "el deber los españoles de conocerlo así como de amparar el derecho de todos a usarlo".

SANCIONES PARA QUIENES LO IMPIDAN
Además, reclama un régimen sancionador para quienes obstaculicen o impidan el cumplimiento efectivo del artículo 3 de la Constitución, el que establece que el castellano es la lengua española es la oficial del Estado.

De la misma forma, la moción de la tercera fuerza del Congreso pide revertir la "instrumentalización" que distintos poderes públicos regionales hacen de las lenguas españolas "como elemento de división y confrontación entre territorios y entre españoles.

Por último, los de Abascal llaman a fomentar "el especial respeto y protección" del patrimonio cultural que supone la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España dentro del marco constitucional.