lunes, 1 de junio de 2026 14:29

Economía

CCOO pide al Gobierno que introduzca mejoras en el anteproyecto para regular la atención al cliente

CCOO ha pedido este jueves al Gobierno que atienda el dictamen del Consejo Económico y Social (CES) sobre el anteproyecto de Ley por el que se regulan los servicios de atención a las personas consumidoras y usuarias que actúan en calidad de clientela e introduzca las mejores sugeridas para garantizar los derechos de los consumidores y de los trabajadores.
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El ministro de Consumo, Alberto Garzón, en una imagen de archivo.

CCOO ha pedido este jueves al Gobierno que atienda el dictamen del Consejo Económico y Social (CES) sobre el anteproyecto de Ley por el que se regulan los servicios de atención a las personas consumidoras y usuarias que actúan en calidad de clientela e introduzca las mejores sugeridas para garantizar los derechos de los consumidores y de los trabajadores.

En este documento, el CES ha recordado que, además de garantizar el derecho a una atención de calidad para los consumidores, la futura ley también debe proteger los derechos laborales de las plantillas de estas empresas.

El CES observa aspectos "excesivamente indefinidos" en el anteproyecto y advierte de que interferir con el "derecho a la intimidad y la protección de datos de las personas trabajadoras".

Del mismo modo, llama la atención sobre "la ambigüedad" respecto a los puntos relacionados "con la formación y capacitación" de los trabajadores de empresas de atención al cliente.

En este sentido, el CES también muestra su preocupación por "los sistemas de supervisión de la calidad en relación con la evaluación del desempeño". En concreto, se fija en las consecuencias que pueda tener al realizarse teniendo en cuenta "variables automatizadas" O "sistemas de inteligencia artificial". Por eso, desde el CES piden transparencia en su funcionamiento.

CCOO ha pedido al Gobierno que tenga en cuenta estas alegaciones y las incorpore al anteproyecto de ley antes de que se remita el texto al Congreso para su tramitación parlamentaria.

El Consejo de Ministros dio el visto bueno a la redacción de este anteproyecto, impulsado por el Ministerio de Consumo, el pasado 16 de noviembre. La norma pretende limitar el uso de contestadores automáticos en las empresas y garantizar la atención de las personas vulnerables. Además, hará pública la evaluación de los clientes de la atención recibida.

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