Comercializadoras libres denuncian que las medidas del Gobierno debilitan su posición ante grandes eléctricas

Las comercializadoras independientes denuncian que las medidas del Gobierno están "debilitando" su posición frente a las grandes eléctricas, viendo así laminada su cartera de clientes en detrimento de éstas y la competencia que existía.

En este sentido, señalan que la tendencia existente hasta hace un año de incremento de la cartera de clientes de las pequeñas-medianas comercializadoras, frente a las 'tradicionales', se ha dado la vuelta en el actual contexto de precios altos de la energía, especialmente con la espiral alcista en que está inmerso el mercado mayorista de la electricidad.

De esta manera, en lo que va de año estiman que el trasvase de clientes de las comercializadoras independientes a las de las grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Naturgy) se ha disparado.

Fuentes de Fenie Energía consultadas por Europa Press achacaron este cambio de tendencia a la capacidad de estas grandes empresas para plantear campañas de captación y precios "muy agresivos".

Por ello, piden un cambio de escenario para evitar el debilitamiento grave de las empresas comercializadoras que no dependen de las grandes compañías generadoras de electricidad, ya que sin libre competencia, el consumidor estará "más indefenso".

Además, consideran que las grandes eléctricas deberían tener prohibido vender toda su energía a comercializadoras de su grupo empresarial a un precio inferior al que pagaría el mercado, ya que de esa manera están "estrangulando" la competencia.

SUBASTAS INFRAMARGINALES.
Así, Fenie Energía insiste en que se cree el mecanismo de subasta para que vendan el 25% de su energía inframarginal al mercado libre, que el Gobierno se comprometió a realizar antes de diciembre del año pasado pero que todavía sigue pendiente de convocarse.

Por otra parte, ve necesaria la adaptación de la tarifa regulada a la situación europea, ya que la directiva señala que no puede ofrecerse una tarifa regulada a empresas y que en cinco años se deberá eliminar cualquier tarifa regulada (salvo el bono social).

Asimismo, pide mejorar el proceso de lectura y facturación para evitar retrasos y acumulación de facturas, ya que es una situación que "agrava" la situación de altos precios.

A este respecto, aboga por igualar la obligación de lectura para suministros de más o menos de 15 kilovatios (kW) y enviar las señales necesarias para incentivar mejoras por parte de las distribuidoras, definiendo, además, un régimen sancionador.