REPRESENTANTES DE LA 'POLIS'

Las últimas elecciones políticas han cambiado sustancialmente los representantes (delegados) de los españoles en el poder legislativo o del Estado. Lo más significativo no es sólo aquello en lo que más se insiste, la aparición de nuevas fuerzas políticas que rompen con el dominio abrumador del bipartidismo y obligan a negociar entre distintos partidos políticos, sino la emergencia de generaciones más jóvenes y de formas e imágenes hasta ahora inéditas en el ámbito del poder político. Además de un mayor reparto del poder político, se vislumbran unas nuevas formas de acceder al mismo y ejercer dicho poder.

Esto puede ser un primer paso para ir erradicando algo que es contradictorio en sí mismo, como es hacer de la representación una profesión. En ningún ámbito la representación debería convertirse en una profesión.La tarea de representación es una función entre otras. Ante todo tiene un carácter de símbolo de los representados, a los que sirve de referencia y aglutinante, coordinando diferentes tareas para hacer más efectiva la acción de todos. Si entre los representados no existen una serie de valores compartidos y de reglas y costumbres articuladas en instituciones, que tienen su propia autonomía, nunca habrá un límite y un control de las legítimas iniciativas de aquéllos en que se ha delegado la labor de coordinación. Deben existir cauces normalizados de expresión de las diferentes opiniones que configuran de algún modo una oposición a la opinión dominante y una salvaguarda de la autonomía de las demás funciones y responsabilidades que a cada cual corresponden, y cuya suma constituye lo que da identidad a lo colectivo. Cualquier cargo representativo no sólo no puede ser nunca vitalicio, sino que por su propia esencia debe asumir que lo deseable es que pueda ser renovado en un plazo razonable. En cualquier grupo no cerrado sobre sí mismo, lo lógico es que vayan surgiendo opciones nuevas que introduzcan cambios y releven a las anteriores.

La profesionalización de la política lleva con frecuencia a la pasividad y deserción del resto o a una crítica al autoritarismo que acaba focalizando toda la atención en el poder (la culpa es de los políticos, de los líderes sociales, de los grandes empresarios), desviándola del origen y raíz de los problemas que no están, al menos exclusivamente, en las autoridades políticas. Cuando los representantes acaparan demasiado poder se convierten no sólo en los gestores de la sociedad sino en sus principales intérpretes. El análisis de la realidad social deriva en una discusión puramente ideológica que relega las aportaciones de intelectuales y colectivos sociales hasta hacerlos desaparecer o asimilarlos a las posiciones que emanan desde el poder.

Se produce una creciente distancia entre los que se dice y lo que se hace; y los que mantienen una coherencia entre sus acciones y sus palabras acaban marginados. El Estado deja de asentarse sobre una amplia base de espacios comunitarios y tiende a burocratizarse. Actúa en nombre de la ciudadanía, sin real comunicación con ella; y desliga, por tanto, el interés colectivo de los valores que inspiran la vida cotidiana de las personas en sus relaciones con los demás.

Es difícil que haya un diálogo y una negociación fructífera entre las distintas fuerzas políticas cuando no se parte de un diagnóstico previo que permita un cierto consenso sobre cuáles son las cuestiones fundamentales que hay que abordar. En los programas y debates electorales, nadie ha entrado a analizar cuáles son las raíces de los profundos y persistentes desajustes del mercado de trabajo español, que son la principal preocupación de los españoles y lo que condiciona decisivamente las situaciones de desigualdad y pobreza. Esa falta de análisis determina que se propongan medidas exclusivamente sobre los síntomas (mercado de trabajo) en vez de sobre las causas (mercados de bienes y servicios y sistema educativo). Claro que es más fácil y cómodo actuar sólo sobre los síntomas. Hacerlo sobre las raíces de los males implica remover intereses enquistados en las estructuras sociales que son difícilmente removibles y para abordarlos se requeriría, como ocurrió en los Pactos de la Moncloa, no sólo un consenso político sino también un cierto consenso social.

Juan Ignacio Palacio Morena es catedrático de Economía Aplicada y miembro de Economistas frente a la crisis.

Este artículo ha sido publicado en 'Entre Paréntesis'