La financiación ilegal del Partido Popular de Valencia al desnudo

Enrique Ortiz, presidente del Grupo Ortiz, ha sido el primer gran empresario en admitir las prácticas corruptas del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, siete años después de que saliera a la luz el caso Gürtel.

Ortiz, que se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión, ha admitido que participó en la financiación ilegal de campañas electoral del PP de Valencia entre los años 2007 y 2008.

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, argumenta que una decena de empresarios financiaron actos electorales a través de la empresa Orange Market. Ésta poseía la exclusiva la organización de la campaña del PP en la Comunidad Valenciana. Los pagos realizados se disfrazaban a través de facturas falsas que reflejaban servicios jamás prestados.

De la Mata ordenó abrir el pasado 26 de febrero un juicio oral contra diez empresarios de la construcción –que tenían adjudicaciones de obra pública en la Comunidad y entre los que se encuentra Ortiz--, a cinco altos cargos del PP de Francisco Camps --el exvicepresidente Vicente Rambla; el exsecretario general Ricardo Costa; el exvicesecretario de organización David Serra; la antigua tesorera, Yolanda García y la gerente, Cristina Ibáñez; así como a los cabecillas de la Gürtel --Francisco Correa, Pablo Crespo, Cándido Herrero, Ramón Blanco y Álvaro Pérez--.

El juez sostiene que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana contrató servicios a la empresa Orange Market que se abonaban de forma irregular para que el partido tuviese un despliegue electoral mayor. Pagos realizados por empresarios que tenían contratos con la Administración Pública, que no quedaban reflejados en la contabilidad y la facturación y que, todas las acusaciones. además, incumplían la ley, que prohíbe el abono de gastos de partido por terceras personas.

A los acusados se les atribuyen delitos electorales, fraude fiscal y falsedad documental, por los que se enfrentan a penas de hasta 27 años de cárcel, ocho años de prisión para los cargos públicos y entre dos y seis años para los empresarios.

En su escrito de defensa, Enrique Ortiz ha reconocido la financiación ilegal del PP valenciano, admitiendo todas las acusaciones, como que abonó 348.000 euros para la campaña de las generales de 2008. Al reconocer los hechos, su defensa ha solicitado que se rebaje la pena de cárcel a un año y tres meses, alegando el atenuante de “confesión tardía”. Además, intentará que se sustituya la privación de libertad por el pago de una multa.