martes, 27 de septiembre de 2022 12:33
Politica

PP y Ciudadanos frenan la propuesta de subir las pensiones un 1,2% en 2017

Las dos formaciones han pedido al Ejecutivo nuevos informes sobre la medida que aprobó el Congreso, de tal manera que el proceso se alargue lo suficiente como para que sea imposible llevarlo a cabo. 

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Rajoy rivera pensiones


La propuesta de subir las pensiones un 1,2 % en 2017, frente a solo el 0,25% previsto por el Gobierno se ha topado con el veto del Ejecutivo y la complicidad de Ciudadanos.


Este era uno de los vetos planteados por el Gobierno que la Mesa del Congreso debía decidir si levantaba o no este martes. En dicha reunión ambos grupos han solicitados más informes y dilatar la decisión. Podemos se ha abstenido.


Con lo que queda de año, el Parlamento no tiene tiempo para finalizar el trámite, así que la decisión mayoritaria de la Cámara de subir las pensiones un 1,2% para el año próximo queda en agua de borrajas gracias al matrimonio Rajoy-Rivera. 


UN COSTE DE 1.150 MILLONES DE EUROS


Sin embargo, el Gobierno vetó esa ley de la oposición alegando que su aplicación supondría un coste de más de 1.150 millones de euros que tendría que asumir el Estado, sin que se detalle de dónde deberían salir, según consta en el escrito.


El veto de Moncloa, el decimosexto y último de los presentados en lo que va de legislatura, se ha analizado este martes en la Mesa de la Cámara, donde el PSOE ha exigido que fuera rechazado para poder debatir la iniciativa en el Pleno de la próxima semana.


En un escrito registrado este lunes, el Grupo Socialista alegaba que la motivación del Ejecutivo "no resulta razonada, objetiva y suficiente" por cuanto que la proposición de ley "no afecta en absoluto" al presupuesto vigente, que a su juicio es el que puede justificar el veto, sino que su coste se carga al de 2017, que no existe y de hecho el Gobierno "ni siquiera apunta el coste que supondría adoptar esta medida en el ejercicio 2017".


La Mesa, con el voto en contra del PSOE, ha decidido este martes pedir más información al Gobierno, dando al Ejecutivo la oportunidad de contestar al PSOE. Cuando Moncloa responda, el órgano de gobierno de la Cámara decidirá si la iniciativa continúa o no su tramitación, una resolución que se espera antes de fin de año.


PSOE: EL GOBIERNO TRATA DE GANAR TIEMPO


Para el portavoz socialista, Antonio Hernando, el Gobierno trata de ganar tiempo para que no sea posible aprobar la subida de las pensiones antes de que acabe el presente ejercicio presupuestario. "El Gobierno hurta una iniciativa a la que el Congreso tenía derecho", se ha quejado.


Hernando ha criticado que ni Ciudadanos ni Unidos Podemos hayan respaldado su petición de levantar ya el veto del Gobierno y ha insistido en que el Ejecutivo "no tiene que dar más información" porque "sólo se pueden vetar iniciativas que supongan un aumento presupuestario del presupuesto vigente, y ahí no está la iniciativa de las pensiones".


Íñigo Errejón, portavoz de Unidos Podemos, considera que, más allá de lo que ocurra con cada iniciativa, hay un problema general de conflicto de atribuciones por "un gobierno débil que trata de amordazar al Parlamento".


Desde el PP, Rafael Hernando ha aconsejado que los grupos parlamentarios acompañen sus proposiciones de ley de una memoria económica que determine el coste de sus medidas, algo que se exige en el reglamento del Senado, pero no en el Congreso. "Si hacemos alguna vez la reforma del Reglamento, deberemos tener esto en cuenta y adecuar la legislación a los costes y los gastos de las medidas", ha añadido.


EL CONGRESO SE PREPARA UN CONFLICTO


La Mesa del Congreso ha ratificado este martes su decisión de no aceptar el veto del Gobierno a dos iniciativas legislativas del PSOE sobre la paralización de la LOMCE y las condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas, lo que aboca a un conflicto institucional con el Ejecutivo, que ya había anunciado su intención de acudir al Tribunal Constitucional.


En total, el Gobierno ha pedido paralizar la tramitación de 16 proposiciones de ley planteadas por la oposición o por parlamentos autonómicos y lo justifica en que, si salieran adelante, supondría una desviación presupuestaria de más de 6.100 millones de euros y pondrían en riesgo el cumplimiento del plan de estabilidad comprometido con Bruselas.


Moncloa se acoge a la legislación que establece que todas las proposiciones de ley que se registran en el Congreso deben contar con el visto bueno del Ejecutivo para ser debatidas, ya que el Gobierno cuenta con capacidad para vetar aquellas que, a su entender, puedan tener efectos negativos sobre los presupuestos en curso o previstos, ya sea porque merman los ingresos o porque aumentan los gastos.


HASTA 16 LEYES VETADAS


En el listado de iniciativas vetadas por el gobierno del PP figuran dos proposiciones de ley para paralizar la aplicación de la Ley Orgánica de mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), otras tres que buscan para ampliar la supresión de tasas judiciales, una del Grupo Socialista para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de subcontratas, y cuatro leyes llegadas de parlamentos autonómicos: una de Murcia para fomentar el autoconsumo eléctrico, una del País Vasco para compensar a víctimas del amianto, otra de Galicia para asumir la titularidad de la autopista de peaje AP-9, y una de Baleares sobre emprendedores.


Cada una de estas proposiciones de ley fue objeto de un escrito específico argumentado los motivos concretos del veto, siempre relacionado con un aumento del gasto presupuestario o una reducción de los ingresos previstos.


La Mesa del Congreso, donde el PP no tiene mayoría, no quiso aceptar los vetos del Gobierno y, de entrada, ya levantó los relativos a la LOMCE, cuya paralización ya superó su primer debate en el Pleno, y a la modificación de Estatuto de Trabajadores para mejorar las condiciones laborales en las subcontratas.


En ese contexto, el Gobierno presentó un recurso formal de reconsideración ante la Mesa del Congreso para que la Cámara rectificase su negativa a atender esos dos primeros vetos, alegando que, en el caso de la LOMCE, la paralización conllevaría dejar de ingresar casi 615 millones de euros provenientes de Fondos Europeos.


Aunque el PP abogaba por recabar más información al Gobierno, finalmente la Mesa del Congreso, con los votos de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, se ha ratificado este martes en su decisión inicial de levantar el veto del Gobierno a esas dos iniciativas legislativas.


Mesa congreso 2


EL PROPIO GOBIERNO YA ANUNCIÓ QUE PARALIZARÁ LA LOMCE


El PP ya daba por perdido el veto al fin de la LOMCE ya que unas semanas después fue el propio Ejecutivo quien acabó anunciando su propio decreto ley para paralizar la llamada "ley Wert".


Con la respuesta del Congreso, que tenía de plazo hasta el día 21, todo apunta a que el Gobierno cumplirá ahora su amenaza de interponer un nuevo conflicto de atribuciones en el Tribunal Constitucional, que ya tiene pendiente de sentencia el que presentó la Cámara Baja contra el Ejecutivo por negarse al control parlamentario mientras estaba en funciones.


En cuanto a las catorce iniciativas vetadas, la Mesa ha decidido atender la exigencia del Gobierno en la mayoría de los casos siguiendo el criterio de los servicios jurídicos, que en su informe recordaban que los vetos se venían aceptando siempre y que el TC ya sentenció que, si el Legislativo quiere desoírlos, debe argumentar por qué no hace caso al riesgo presupuestario que alega el Ejecutivo, que es quien gestiona los recursos públicos.


LOS VETOS NO SON EL CAMINO


Si los vetos a la paralización de la LOMCE y a mejorar las condiciones de los trabajadores de subcontratas se consideran "arbitrarios y manifiestamente irrazonables", la Mesa entiende que no puede aplicar los mismos adjetivos al resto de iniciativas y acepta su paralización.


Eso sí, los grupos de la oposición han avisado en la Mesa que el camino de vetar sistemáticamente las leyes de la oposición no es el adecuado y piden al Gobierno que cambie de táctica. Según los representantes de Unidos Podemos, esa "sistematicidad" en la acción del Gobierno apunta a un conflicto institucional y eso exige un debate entre los grupos parlamentarios.

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