Zoido detalla en el Congreso la política de Interior bajo la amenaza del terrorismo yihadista

Apenas unas horas después de un nuevo atentado que ha sacudido el corazón de Europa, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, expone este miércoles en el Congreso las líneas generales de la política de su Departamento.

Una comparecencia marcada por la amenaza yihadista tras el atentado con un camión en un mercado navideño en Berlín, que ha dejado 12 muertos y 48 heridos.

Frente a él, las demandas de los grupos parlamentarios de la oposición, que reclaman cambios profundos con respecto a la etapa de su predecesor Jorge Fernández Díaz, ya que entienden que estuvo marcado por una excesiva politización de las fuerzas de seguridad. Una de las mayores exigencias es la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, conocida por sus detractores como 'ley mordaza'.

Tras las elecciones del pasado 29 de noviembre, el PP --junto con Foro de Asturias—está solo frente a la moción del PSOE a favor de derogar esta ley orgánica que recoge 44 supuestos de sanciones administrativas, poniendo fin a las faltas incluidas en el Código Penal y, por tanto, sometidas hasta entonces a control judicial previo.

Desde Interior han calificado de "barbaridad" que se exija la derogación de esta norma que consideran "garantista", después de que el grupo socialista haya registrado ya su propia ley alternativa.

Esta semana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, criticó la "sobreactuación" de la oposición en una petición que, en su opinión, no figura entre las demandas sociales. "Ni una sola persona", dijo, se refiere a esta cuestión cuando lo paran por la calle.

LEY MORDAZA

En el mes y medio que lleva Zoido en Interior ha puesto en valor el consenso existente en políticas de Estado como la lucha antiterrorista. También ha reiterado en varias ocasiones que está dispuesto a dialogar con el resto de grupos para "mejorar" la actual Ley de Seguridad Ciudadana que fue aprobada el 1 de julio de 2015 tras 16 meses de trámite parlamentario que limó los aspectos más polémicos.

Según sus datos, desde entonces, el 77% de las 372.000 denuncias tramitadas por la 'ley mordaza' han estado relacionadas con delitos de drogas y tenencia de armas o explosivos.

Las principales organizaciones representativas de la Policía y la Guardia Civil han pedido que no se les desproteja con la posible derogación de una norma que, consideran, atendió a "demandas históricas" de ambos cuerpos.

Aunque entienden que es una ley mejorable, exigen que se respete su derecho a la intimidad o que se sancione la falta de respeto a los miembros de las fuerzas de seguridad.

El PP entiende que esta ley es necesaria también para hacer frente a la amenaza del terrorismo yihadista, que mantiene desde julio de 2015 en el nivel 4 de alerta --de cinco posible-- a las fuerzas de seguridad.

De hecho, este por la tardeZoido se reunió con los expertos policiales para analizar la situación en España después del último atentado ocurrido en la capital de Alemania.

RENOVACIÓN DE LA CÚPULA POLICIAL

La primera comparecencia de Zoido en la Comisión de Interior llega con la renovación de la cúpula policial aún pendiente, especialmente en lo que se refiere a la figura del 'número dos' de este cuerpo, la dirección adjunto operativo (DAO) que ostenta desde junio el comisario principal Antonio Rodríguez, después de que se jubilara Eugenio Pino.

Sindicatos como la CEP o UFP han expresado su deseo de que, al margen de la convocatoria para cubrir la plaza de DAO, Antonio Rodríguez vuelva a concurrir y sea reelegido para un cargo que puede seguir desempeñando hasta que se jubile, algo para lo que resta aún más de dos años.

Uno de los consejos más repetidos desde diversos sectores de las fuerzas de seguridad es que Zoido acierte a la hora de elegir "a los mejores" en un Cuerpo Nacional de la Policía que, tras episodios como el de las escuchas en el despacho del exministro Fernández Díaz, requiere de un proceso de "despolitización".

Varios grupos de la oposición han remitido a la Cámara Baja sendos escritos pidiendo, entre otras cuestiones, la comparecencia urgente del nuevo director de la Policía, Germán López Iglesias, a quien se le reclama una solución "extrajudicial pactada que no incida negativamente en la seguridad pública" en lo relativo al conflicto por la jornada laboral de los policías que hacen turnos.

Tanto Unidos Podemos como el PSOE han impulsado iniciativas para hacer frente a la carencia de miembros de la Policía Nacional, donde hay 11.347 vacantes sobre la plantilla de 77.088 funcionarios previstos en el Catálogo en vigor. Estos grupos quieren garantizar un "servicio público de seguridad", para lo que creen necesario que se convoque la Mesa de Seguimiento de la Jornada Laboral de este cuerpo.

EL PP VOTA MEDIDAS DE LA OPOSICIÓN

Esta semana el PSOE ha presentado otra Proposición no de Ley (PNL) que insta al Gobierno a dotar en el plazo máximo de cuatro años de un chaleco "adecuado a las características antropométricas" de cada guardia civil y policía, tanto mujeres como hombres, pasando a ser un elemento obligatorio. Las unidades de seguridad ciudadana y las que cumplen funciones operativas serían las primeras en recibir esta prenda.

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha presentado esta misma semana una PNL para su debate en el Pleno con el objetivo de reclamar la equiparación salarial de la Guardia Civil con la Policía Nacional.

El PP, por su parte, ha respaldado algunos de los puntos llevados al Congreso por la oposición. En la misma moción de la derogación de la 'ley mordaza', se incluyeron tres puntos refrendados por el grupo mayoritario en la cámara al entender los 'populares' que el Gobierno de Mariano Rajoy trabaja ya para incrementar las plantillas de las fuerzas de seguridad del Estado y de Instituciones Penitenciarias.

Los 'populares' también respaldaron reducir los robos en viviendas, rebajar la siniestralidad vial o mejorar la transparencia de los centros de internamiento de extranjeros (CIE).