​Fomento tratará de que los sindicatos den su visto bueno al nuevo Decreto antes de su aprobación inminente

El Ministerio de Fomento presentará a los sindicatos de estibadores el texto del nuevo Decreto Ley de reforma de la estiba, para que puedan realizar sus "observaciones", antes de su inminente aprobación en Consejo de Ministros, según aseguró el titular del Departamento, Íñigo de la Serna.

El ministro reiteró su intención de volver a llevar "cuanto antes" la reforma de la estiba a Consejo de Ministros, si bien aseguró desconocer si lo presentará al primero tras las vacaciones de Semana Santa, al del viernes 21 de abril.

De la Serna ratificó asimismo que el nuevo Decreto Ley incluirá un Real Decreto para recoger, "a modo de desarrollo reglamentario", la propuesta de acuerdo laboral sobre la reconversión de la estiba planteada con el mediador en la negociación entre el Gobierno y el sector, Marcos Peña.

En este sentido, manifestó su confianza en que la inclusión de esta mediación lleve a los grupos políticos parlamentarios a levantar el bloqueo que impidió que el primer Decreto Ley superara su preceptiva convalidación en el Congreso.

No obstante, respecto al eventual apoyo de los grupos a la reforma se limitó a apuntar que "se sigue trabajando con los grupos políticos".

Tras participar en un acto sobre el Corredor Mediterráneo, De la Serna insistió de nuevo en la necesidad de culminar cuanto antes la reforma de la estiba que emprendió a comienzos del pasado mes de febrero para liberalizar el sector, que cumpla la normativa comunitaria y evitar una multa de la UE.

En este punto, recordó la notificación que su Ministerio recibió de la UE la pasada semana, en la que se comunicaba que el fallo de la segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE contra España por incumplir la norma comunitaria con la estiba estaba a punto de producirse.

Se trata de la sentencia por incumplimiento de la primera, la que recibió en diciembre de 2014. España acumula una sanción de unos 25 millones de euros por esta primera sentencia, que le condenó a una multa diaria de 25.000 euros hasta que reformara el sector. A ella se puede sumar otra de 134.000 euros al día con la segunda. En caso de que se apruebe la reforma, el país podría eludir ambas.