Prenafeta, hombre fuerte de Pujol, admite haber cobrado comisiones "de entre el 3% y el 4%"

Macià Alavedra, el otro hombre fuerte de Pujol, reconoció que ambos cobraron comisiones por mediar en proyectos urbanísticos. En concreto, se investiga la 'operación Pallaresa' de Santa Coloma, la 'operación Niesma' de Sant Andreu y la recalificación de los terrenos del puerto deportivo de Badalona.

El juicio de la trama de corrupción Pretoria que operó en los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona entre los años 2000 y 2009 se reanuda este martes con las declaraciones del resto de acusados de la red, entre ellos el exsecretario de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta y hombre fuerte del entonces presidente Jordi Pujol.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal acoge este martes la quinta sesión de vista oral contra los once acusados de integrar la red de corrupción con la que desarrollaron la trama urbanística en el área metropolitana de Barcelona.

EL 4 %

En concreto, se investiga la 'operación Pallaresa' de Santa Coloma, la 'operación Niesma' de Sant Andreu y la recalificación de los terrenos del puerto deportivo de Badalona.

En la última sesión de juicio, Macià Alavedra, exconseller de Economía, reconoció que tanto él como Prenafeta habían cobrado comisiones del 4 por ciento por mediar en dos de dichas operaciones, aceptando los hechos que le imputa el Ministerio Fiscal que sostiene que ambos cobraron comisiones ilícitas por valor de cerca de 800.000 euros cada uno.

Por estos hechos la Fiscalía atribuye delito continuado de tráfico de influencias y blanqueo de capitales para Prenafeta, que se enfrenta a una pena de prisión de seis años y diez meses y al pago de una multa de 13,7 millones de euros.

Su esposa Lluïsa Mas, también investigada en la trama, será la última de los once acusados en prestar declaración ante el tribunal que preside la magistrada Concepción Espejel.

Además de Alavedra, los acusados Philip Macmahan, Gloria Torres, ambos testaferros del exconseller, y Manuel Carrillo, dueño de la empresa de limpieza Limasa, aceptaron los hechos y alcanzaron un acuerdo de conformidad con la fiscal Ana Cuenca que sostiene que los intermediarios cobraron cuantiosas comisiones a cambio de la concesión de adjudicaciones públicas relacionadas con el desarrollo urbanístico de los tres ayuntamientos mencionados.

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