Bruselas lleva a España ante la Justicia Europea por no aplicar bien las normas sobre hipotecas

La Comisión Europea ha anunciado este jueves que llevará a España y a otros tres Estados miembros ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber incorporado correctamente en su ordenamiento jurídico las normas europeas sobre créditos hipotecarios diseñadas para mejorar la protección de los consumidores.

Bruselas ha advertido de que la no aplicación de la directiva en cuestión significa que los consumidores de estos países "no pueden disfrutar de la protección que les corresponde cuando suscriben sus préstamos hipotecarios o cuando experimentan dificultades para reembolsarlos".

Además, ha indicado el Ejecutivo comunitario, los intermediarios de crédito no pueden disfrutar de un pasaporte para sus actividades comerciales, lo que priva a los consumidores de los Estados miembros incumplidores de ofertas de crédito "potencialmente más ventajosas procedentes de prestamistas de otros Estados miembros".

"Ello dificulta la competencia, limita las posibilidades de elección y lleva a unos precios más altos", ha concluido la Comisión en un comunicado.

Los países de la Unión Europea deberían haber trasladado esta directiva a sus legislaciones nacionales en marzo de 2016 a más tardar, algo que España no ha hecho todavía pese al ultimátum que Bruselas ya le envió el pasado noviembre en forma de dictamen motivado.

La norma introduce prácticas responsables de préstamo para proteger mejor a los consumidores, por ejemplo con normas de conducta para los proveedores como la obligación de evaluar la solvencia de los consumidores y divulgar información.

Otras disposiciones recogidas por la directiva acordad en 2014 tienen que ver con determinados aspectos del crédito hipotecario, como el reembolso anticipado, los préstamos suscritos en moneda extranjera y las prácticas de venta vinculada.

También prevé un pasaporte de la UE para los intermediarios de crédito que cumplen los requisitos de admisión en su Estado miembro de origen.

Bruselas abrió el proceso de infracción a España, Croacia, Chipre y Portugal por este asunto en mayo de 2015.