El fundador del Grupo Zed, a la cárcel por fraude

Pérez Dolset dice que está arruinado, que solo dispone de 110.000 euros en su cuenta.

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha decretado este viernes el ingreso en prisión para el fundador y máximo accionista del Grupo Zed Worldwide, Javier Pérez Dolset, por su presunta implicación en el fraude de la liquidación de la empresa tecnológica.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional ha dejado en libertad a los otro siete detenidos este jueves en el operativo desarrollado conjuntamente con la Unidad de Delitos Económicos y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado prisión sin fianza para Dolset por su implicación en los hechos y libertad para el resto aunque con la adopción de medidas cautelares (retirada del pasaporte y comparecencias quincenales).

Los detenidos son Javier Pérez Dolset, su hermano Ignacio Pérez, el abogado de Zed Daniel Arteaga, Juan Carlos Gonzálvez, Teófilo Redondo, José Manuel Sanchís Antolín, David Aitor Marrón Collados y José Antonio Puértolas. Todos ellos se han negado a declarar ante el magistrado que investiga la trama, conocida como Operación Hanta.

El presunto cabecilla ha aclarado, después de que Anticorrupción haya solicitado prisión incondicional para él, que está arruinado y que todas sus ganancias las invirtió en el grupo investigado, por lo que en estos momentos solo dispone de 110.000 euros en una cuenta bancaria. Sin embargo los fiscales del caso, Carlos Yáñez y José Grinda, alegan que el presunto cabecilla sí dispone de patrimonio, en concreto de 101 millones de dólares en Panamá.

CERCA DE UN AÑO DE INVESTIGACIÓN

La investigación arrancó en agosto de 2016 y culminó con la detención este jueves de los arriba mencionados y la práctica de 18 registros en las ciudades de Madrid, Valencia y Barcelona. Se centra en el Grupo Zed, empresa creadora de éxitos en el sector de los videojuegos como Commando, que originó cuantiosos beneficiosos desde finales de los años 80.

Se considera que los administradores de la firma tecnológica Zed incurrieron con la liquidación de la empresa en los delitos de insolvencia punible, administración desleal, fraude y falsedad documental. Anticorrupción lleva meses siguiendo la pista a una trama societaria internacional que presuntamente habría permitido el enriquecimiento ilícito perjudicando a pequeños accionistas.

EL GRUPO TIRÓ DE CONTACTOS EN EL MINISTERIO DE INDUSTRIA

El Grupo Zed Worldwide, investigada por la Audiencia Nacional por el presunto fraude en su liquidación, utilizó los contactos que tenían en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para beneficiarse de más de 48 millones de euros en ayudas públicas y préstamos entre los años 2011 y 2015.

Así se desprende de la querella de la Fiscalía Anticorrupción y presentada en la Audiencia Nacional contra 19 personas, entre los que se encuentran varios miembros de la familia Pérez Dolset --fundadora del Grupo Zed-- por haber permitido mediante una trama societaria internacional el enriquecimiento ilícito perjudicando a pequeños accionistas.

Se les acusa de los delitos de insolvencia punible, administración desleal, fraude de subvenciones, falsedad documental, tráfico de influencias, amenazas y coacciones.

Los fiscales José Grinda e Iván Yáñez afirman en su escrito que el presidente, fundador y máximo accionista de Zed Worldwide, Javier Pérez Dolset --en prisión desde este viernes tras declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón-- y su círculo familiar establecieron presuntamente un sistema para la obtención masiva de subvenciones públicas, "falseando requisitos necesarios", con el "pleno conocimiento" de la inexistencia de proyectos y de que no procederían a la devolución de los préstamos concedidos.

No sólo se valieron de un sistema de influencias para saltar los "obstáculos" que las administraciones públicas pudieran imponer, sino que una vez concedidas las ayudas se desviaron a empresas de la familia Pérez Dolset ajenas al grupo Zed, y "se incrementó la situación de insolvencia económica", aseveran los fiscales.

"BAJO EL PARAGUAS" DEL EXDIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA

En el escrito de los fiscales se apunta que el querellado y detenido Teófilo Redondo Pastor, coordinador Administrativo de proyectos de una de las empresas del grupo, señaló que la revisión de estos proyectos estaban "bajo el paraguas" del entonces director general del Ministerio de Industria, Energía y Turismo Antonio Alcolea.

Por su parte, Javier Pérez Dolset manifestó ante Fiscalía que todas las "labores de obtención de financiación pública" para sus empresas se realizaron bajo el asesoramiento del Grupo Planeta y que el presidente del diario 'La Razón', Mauricio Casals, tenía la "función de mantener las relaciones necesarias con las instituciones públicas para lograr obtener la aprobación de las concesiones de ayudas".

Fiscalía concluye que las sociedades investigadas obtuvieron entre los años 2011 y 2015 fondos públicos por importe de 48.839.200 euros procedentes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Asimismo, de la documentación aportada por el propio presidente de Zed se desprende que otras dos sociedades obtuvieron en préstamos y subvenciones un total de 6.569.724 euros entre los años 2011, 2012 y 2014.

LA INVESTIGACIÓN SE INICIA POR LA DENUNCIA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO

Anticorrupción comenzó esta investigación después de que Javier Pérez Dolset, ahora en prisión, denunciase ante Fiscalía la existencia de "una serie de actuaciones personales, societarias y empresariales" que podían tener encaje en una práctica ilícita que se conoce en el entorno criminal ruso como "reidrstvo" --traducido como "asalto" o "ataque"-- o absorción ilegal de empresas.

La querella de 92 páginas concluye que la trama no sólo afectó a "más de 400 trabajadores", sino que ha generado un perjuicio que supera los 100 millones de euros mediante las actuaciones de varios "grupos de sujetos". No existe un "plan único", añade.

Además, el Ministerio Público subraya que la trama de fraude es de "gran complejidad" que se extiende hasta el extranjero, pues "muchas de las acciones generadoras" de la insolvencia se ejecutaron fuera de España y que existen indicios de que los investigados ocultaron capitales en sociedades radicadas en el paraíso fiscal del Panamá.

INTENTO DE ADQUIRIR EL GRUPO ZED A UN "PRECIO IRRISORIO"

Por un lado, explica que la familia Pérez Dolset ejecutaron un proyecto empresarial junto a unos socios rusos, liderados por Vage Engibaryan, en el que se decidió integrar sendas unidades de negocio en una sola, denominada ZED+ BV. En el devenir del proyecto empresarial nacieron discrepancias que presuntamente formaban parte de un plan dirigido a provocar la situación de insolvencia de la compañía española Zed Worldwide con el fin de adquirirla "a un precio irrisorio o muy inferior a su valor de mercado".

Asimismo, Zed sufrió una campaña de desprestigio presuntamente ejecutada por otros centros empresariales que "pudieran tener interés en la adquisición" de la firma tecnológica. Por otro lado, de las diligencias practicadas se ha podido deducir que la familia Pérez Dolset, con el fin de paliar las consecuencias adversas que pudieran derivarse del conflicto con los accionistas rusos, procedieron, abusando de sus "funciones rectoras" en la compañía, a desviar fondos propios de la empresa para fines privados del clan.

"A cada 'grupo de sujetos' le mueven intereses propios, pero todas sus acciones resultaron perjudiciales para la citada compañía", asegura el Ministerio Fiscal.