Exportadores cifran en 1,2 millones por empresa y año el coste de cumplir directivas UE sobre sostenibilidad

Creen que las medidas de simplificación recientemente introducidas, que ahorrarían un 10% de esa cantidad, "no son suficientes"

El Club de Exportadores e Inversores ha cifrado en 1,2 millones de euros por empresa obligada y año, el coste de cumplir adecuadamente con lo dispuesto en las directivas de la Unión Europea sobre sostenibilidad.

El Club de Exportadores e Inversores ha analizado la regulación de la UE sobre la información en materia de ESG que tienen que presentar las empresas y sus efectos sobre la competitividad internacional.

La información ESG o no financiera en las empresas hace referencia a los aspectos usualmente incluidos en el concepto de sostenibilidad (Environmental, Social and Governance - ESG), que son abordados en dos directivas recientemente aprobadas, ninguna de las cuales ha sido aún transpuesta por España: la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) y la Corporate Sustainability Due Dilligence Directive (CSDDD).

La autora del análisis Silvia Iranzo --ex secretaria de Estado de Comercio-- estima que, para cumplir adecuadamente con lo dispuesto en estas directivas sobre sostenibilidad, una empresa española de tamaño mediano a grande debería incurrir en gastos directos por importe de 1.190.914 euros anuales.

Asimismo, el cumplimiento de estas directivas conllevaría costes indirectos para las empresas, derivados de diversos factores. Entre ellos, se destaca la posible pérdida de clientes, tanto a nivel nacional como internacional, debido a la pérdida de competitividad frente a empresas de terceros países no sujetos a normativas tan exigentes.

Según la autora, también podría producirse la pérdida de proveedores que incumplan la legislación en materia de derechos humanos o medioambientales en algún punto de la cadena de suministro, así como la retirada de proveedores de terceros países que opten por abastecer otros mercados fuera de la UE para evitar las exigencias de estas normativas. A ello se suma el riesgo de una menor atracción de inversión extranjera directa, al percibirse el marco normativo europeo como excesivamente oneroso en materia ESG.

Consciente de estos riesgos, y en línea con las recomendaciones del informe Draghi sobre competitividad, la Comisión Europea presentó en febrero de 2025 un borrador de directiva "Stop-the-Clock", que propone aplazar un año la entrada en vigor de la CSDDD y dos años la de la CSRD. Este texto forma parte del paquete normativo "Ómnibus", que incluye además propuestas de reforma de ambas directivas con el objetivo de reducir en un 25% las cargas administrativas para las empresas, y en al menos un 35% en el caso de las pymes.

Según Silvia Iranzo, "la situación es insólita en la UE porque, sin estar todavía transpuesta una directiva europea, ya está en proceso de aprobación otra directiva que da marcha atrás en las obligaciones impuestas por la primera".

De aprobarse estas reformas, la Comisión Europea estima un ahorro anual de 6.300 millones de euros en costes administrativos en toda la UE. En España, este ahorro se traduciría en 693 millones de euros, lo que supondría una media de 126.000 euros por empresa obligada. Aplicando este ahorro a las estimaciones previas, el coste de cumplimiento por empresa se situaría en torno a los 1.064.914 euros, lo que representa una reducción del 10,58%.