¿Quién financia a quién en España? El sistema autonómico deja cifras que reabren el debate territorial

La financiación autonómica vuelve al primer plano tras la publicación de un exhaustivo estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que arroja luz sobre el desigual reparto de recursos en España. Mientras tres comunidades autónomas —Madrid, Catalunya y Baleares— aportaron más de lo que recibieron en 2023, el resto dependió, en mayor o menor medida, de los fondos redistributivos del Estado.

Tres motores fiscales sostienen el sistema

Durante el ejercicio fiscal de 2023, solo Madrid, Catalunya y Baleares contribuyeron como comunidades netamente aportadoras. En conjunto, canalizaron 10.600 millones de euros al sistema, cifras que contrastan con los 13.000 millones adicionales que el Estado destinó a apuntalar los ingresos del resto de autonomías.

Madrid lideró esta lista con 7.975 millones, seguida por Catalunya con 2.266 millones y Baleares con 358 millones. En el caso madrileño, el esfuerzo fiscal representa el 26% de sus ingresos tributarios autonómicos, lo que pone de relieve su papel central en la sostenibilidad del sistema.

Amplias diferencias entre regiones receptoras

La otra cara del sistema está marcada por comunidades que reciben fondos muy por encima de sus capacidades recaudatorias. Extremadura, por ejemplo, percibe transferencias que suponen el 99% de sus ingresos fiscales cedidos, mientras que en Canarias esa cifra supera el 78%. En total, estas autonomías han absorbido casi 24.000 millones más de los que generan por sí mismas.

Aunque el objetivo del sistema es corregir desigualdades estructurales, las cifras evidencian que el grado de dependencia es elevado y estructural en varios territorios.

Caída en la financiación real por la inflación

Pese a que la financiación definitiva para las comunidades de régimen común creció nominalmente en 2.900 millones de euros (1,94% más que en 2022), la inflación del 3,4% registrada en el mismo periodo supuso una reducción real del poder financiero autonómico. Esta situación marca un cambio respecto al año anterior, cuando la financiación efectiva aumentó un 14%.

Ángel de la Fuente, autor del informe, explica que "la desaceleración del PIB y el recorte del 8% en las transferencias estatales tras el aumento extraordinario del 34% en 2022" han sido factores clave. El economista también advierte sobre la “volatilidad” del modelo actual:

“El sistema de entregas a cuenta y liquidaciones, junto con el uso de un índice de evolución que refleja los ingresos tributarios del Estado calculados con un criterio de caja, tienden a generar llamativos dientes de sierra en la evolución de ciertas partidas.”

Desigual evolución entre comunidades

En el análisis territorial, Cantabria destaca por mejorar 3,1 puntos su financiación por habitante ajustado en comparación con 2022. En el extremo opuesto, Aragón, La Rioja y Baleares experimentaron descensos de entre 2,4 y 4,7 puntos.

Murcia, la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha se mantienen en los niveles más bajos de financiación ajustada por habitante, con índices que oscilan entre 92 y 94,7 puntos.

Un modelo que requiere revisión

El estudio de Fedea pone de relieve una estructura de financiación que, aunque diseñada para equilibrar recursos entre territorios, genera tensiones por su marcada asimetría. Mientras Madrid y Catalunya siguen siendo los principales soportes del sistema, el modelo actual genera una dependencia crónica de varias comunidades respecto a los fondos estatales.

La combinación de desigualdad fiscal, volatilidad en la asignación de recursos y presión inflacionaria plantea interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo de la financiación autonómica. Las cifras de 2023 podrían reactivar el debate político en torno a un sistema que muchos consideran necesitado de reforma estructural.