El último juicio del ‘caso Gürtel’ arranca con confesiones de los líderes de la trama

Tras más de una década de investigaciones, la Audiencia Nacional celebra la pieza principal del ‘caso Gürtel’, la última que queda por juzgar dentro de la macrocausa de corrupción que sacudió España. Francisco Correa y Pablo Crespo, cabecillas de la trama, forman parte de un grupo de acusados que ya ha admitido hechos para atenuar penas, mientras se juzgan más de veinte personas físicas y sociedades vinculadas al entramado. Este juicio marcará un antes y un después en la historia judicial del país.

Contexto del juicio

Se trata de la última fase del ‘caso Gürtel’, centrada en presuntos delitos fiscales cometidos por los líderes de la trama. La Fiscalía Anticorrupción solicita 77 años de prisión tanto para Correa como para Crespo por ocultación de patrimonio y blanqueo de fondos provenientes de actividades ilícitas investigadas en otras piezas de la causa.

Fuentes jurídicas confirman que el juicio se prevé largo y complejo, dada la amplitud de los acusados y de las personas jurídicas implicadas, algunas de las cuales tendrán que responder también como responsables civiles subsidiarios.

Funcionamiento de la trama

El Ministerio Público detalla que Correa lideró un entramado societario desde finales de 1998 hasta 2009, con el objetivo de enriquecerse de forma ilícita a través de fondos públicos. "Fundamentalmente, con la obtención de contratos públicos tanto para sus empresas como para empresas de terceros a cambio de la correspondiente comisión, así como a ocultar las ganancias obtenidas con dicha actividad", señalan los escritos de acusación.

La trama operaba principalmente en la organización de eventos y viajes, y bajo su dirección se desarrolló una continua actividad destinada a ocultar ingresos y deducir gastos de manera indebida: "Se desplegó en el seno de la misma una continua actividad dirigida a la ocultación de ingresos a la Hacienda Pública y a la deducción indebida de gastos".

Participación de asesores y colaboradores

El juez instructor, José de la Mata, considera a los asesores fiscales Luis de Miguel y Ramón Blanco como cooperadores necesarios, con un papel decisivo en el diseño del entramado: "Su papel ha sido absolutamente relevante en el diseño de la defraudación". Además, subraya que "eran conscientes de que los entramados que crearon y pusieron al servicio de Correa y Crespo, para ocultar y hacer circular el dinero que, ilícitamente, sabían que estaban obteniendo, solo podía tener por finalidad defraudar a la Hacienda Pública".

Otros acusados incluyen administradores y empleados de empresas vinculadas a Correa, como Isabel Jordán, Javier Nombela, Alicia Mínguez, Pablo Collado e Inmaculada Mostaza, así como empresarios y supuestos testaferros que habrían colaborado en la operativa.

Mecanismos de fraude y blanqueo

La estrategia delictiva incluía la emisión de facturas falsas, la creación de sociedades pantalla y la utilización de complejas estructuras financieras para ocultar ingresos y encubrir la titularidad de los fondos. El juez describe la maniobra como destinada a tres objetivos: sobornar a cargos públicos, reducir la base imponible de las sociedades implicadas y ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios.

Respecto al blanqueo de capitales, los acusados diseñaron mecanismos para dar apariencia de legalidad a bienes de origen ilícito, siempre bajo la dirección de Correa y Crespo y siguiendo un esquema jerárquico enfocado en el "enriquecimiento de su líder".

Impacto económico y responsabilidades

La suma total de responsabilidades pecuniarias supera los 199 millones de euros. El fraude a Hacienda se calcula en 24,8 millones de euros en concepto de IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio entre 2000 y 2007. Crespo también habría ocultado parte de sus ingresos procedentes de adjudicaciones irregulares y actividades con Correa, utilizando tanto estructuras en España como en el extranjero, y cobrando parte en efectivo o mediante sociedades vinculadas.

Este juicio representa la conclusión de uno de los procesos de corrupción más relevantes en la historia reciente de España, con implicaciones legales y económicas de gran calado, y pone a prueba la capacidad del sistema judicial para cerrar un capítulo que ha marcado la política y la gestión pública del país durante años.