S&P mantiene la vigilancia negativa sobre Redeia por la "presión financiera" para el nuevo periodo regulatorio

La agencia de calificación crediticia S&P Global ha mantenido la vigilancia negativa sobre Redeia ante la "presión financiera" para el nuevo período regulatorio.

En concreto, S&P considera que la regulación para el periodo 2026-2031, tal y como está redactada, no ofrece suficiente respaldo en el contexto de un gasto de capital futuro masivo y sigue siendo más débil que en otros mercados de Europa occidental.

Cabe recordar que el pasado 30 de julio, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó su borrador de propuesta de marco retributivo del transporte eléctrico español para el periodo regulatorio 2026-2031, frente al que las alegaciones y recursos de Redeia deben presentarse antes del 9 de septiembre.

FUERTE AUMENTO DE CAPEX NECESARIO PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
El borrador de propuesta de la CNMC, cuyo marco definitivo se espera para antes de fin de año, establece los principales componentes estructurales de la retribución durante 2026-2031 de las operaciones de transporte de Redeia.

Al respecto, la agencia ha señalado que aunque los cambios propuestos cierran la brecha en la regulación actual y mejoran la trayectoria de ingresos del grupo, estos "son menos favorables de lo que esperaban en el contexto del fuerte aumento de capex necesario para la transición energética de España (mejora de la red de transporte)".

"El aumento de la tasa de remuneración financiera al 6,46% nominal y antes de impuestos (frente al 5,58% actual) es relativamente modesto en comparación con el de sus homólogos, y es poco probable que sea suficiente para atraer capital, debido sobre todo a unos tipos sin riesgo más elevados", detalla S&P, que asimismo considera que la revisión al alza de los precios unitarios estándar de capex es una "actualización necesaria", ya que no se habían modificado desde 2015.

EROSIÓN DE LA RENTABILIDAD DE REDEIA, UNO DE SUS PUNTOS FUERTES
Además, S&P apunta que estarán atentos al resultado final sobre la remuneración de los gastos de explotación, aunque evalúan "el recorte propuesto como inferior al de los distribuidores, lo que podría erosionar uno de los puntos fuertes del negocio de Redeia, su rentabilidad".

Entrando al detalle de la regulación, la agencia internacional destaca que las deficiencias estructurales "persisten", poniendo como ejemplo la falta de indexación a la inflación; el desfase temporal de la recuperación de costes o la ausencia de un mecanismo regulador de cuentas de compensación que permita la plena repercusión de los costes reales. No obstante, S&P reconoce que dicha propuesta introduce "cierta remuneración parcial de las inversiones en curso", a pesar de que sólo se contemplan los grandes proyectos de interconexión.

Por último, la agencia sigue considerando una "debilidad relativa", desde el punto de vista de la planificación y la puntualidad, las "posibles interferencias políticas", ya que el plan de inversiones de Redeia se deriva y supervisa directamente de acuerdo con el plan nacional de desarrollo definido por el Gobierno español, mientras que la fijación de tarifas está supervisada por el regulador.

PERFIL DE RIESGO EMPRESARIAL EXCELENTE, PERO CON IMPACTO DEL APAGÓN
"Seguimos evaluando el perfil de riesgo empresarial de Redeia como excelente, aunque en el extremo inferior de la categoría", ha afirmado S&P, que por otra parte ha comentado que aunque la regulación nacional y la proporción de ingresos regulados son un "factor importante en la evolución del perfil de riesgo empresarial de Redeia, el apagón del 28 de abril es un incidente importante que consideran dilutivo de la calidad crediticia", dado el papel de Redeia como operador de transmisión y del sistema de la red eléctrica española.

En este sentido, la agencia reconoce que la responsabilidad de Redeia, incluso parcial, "no está legalmente reconocida por el Estado en su informe técnico del 17 de junio sobre las principales causas del apagón".

"Un próximo informe de la CNMC debería abordar la responsabilidad formal de cada actor de lo que el Estado ha descrito como un problema sistémico", ha indicado S&P, que ha subrayado que Redeia, en su propio informe técnico, explicaba cómo se había atenido al protocolo de procedimientos técnicos operativos establecido por el regulador.

"Más allá del impacto en la reputación, el apagón pone de manifiesto la complejidad de la operación del sistema eléctrico español", recalca la agencia, que asimismo ha incorporado en su análisis las "menores inversiones relativas de la última década en comparación con otros vecinos de Europa Occidental".

Esto ha llevado a una base de activos regulados contenida en unos 10.000 millones de euros a finales de 2024 y a una trayectoria de Ebitda "floja durante 2018-2024, especialmente en términos monetarios constantes, considerando los activos anteriores a 1998 totalmente depreciados". "El aumento de las inversiones en 2026-2031 podría plantear riesgos adicionales de ejecución y operativos", ha concluido S&P.