La patronal del gas celebra el proyecto que propone sustituir los contadores analógicos por inteligentes

La Asociación Española del Gas (Sedigas) ha celebrado el avance del proyecto que propone regular la sustitución de contadores analógicos por inteligentes, cuyo proyecto de orden ministerial, convocada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, está en proceso de audiencia e información pública.

Además, la patronal del sector gasista ha explicado que ha presentado sus aportaciones y que ha contribuido a la consulta pública para garantizar un despliegue "flexible, eficiente y seguro" de los contadores inteligentes de gas.

A principios de año ya hubo una consulta previa, y según la patronal, este proceso supone el inicio de la fase final de definición de un marco reglamentario "ambicioso, claro y viable" que permitiría modernizar el parque de contadores en todo el territorio nacional.

"Es un paso decisivo hacia la digitalización del sistema gasista, con beneficios directos para los consumidores en términos de control de su consumo, seguridad, eficiencia energética y calidad del servicio", ha afirmado el presidente de Sedigas, Joan Batalla.

Asimismo, el sector también ha valorado positivamente el calendario propuesto de sustitución progresiva de los ocho millones de contadores existentes, aunque ha pedido flexibilidad mediante revisiones periódicas y poder adaptar los plazos según las circunstancias.

Por otra parte, la patronal ha pedido establecer un precio de alquiler para el parque de contadores digitales, más allá de los equipos de menor caudal (< 6m3/h) instalados en puntos de redes de baja presión (< 4 bar) y con un consumo inferior a 50.000 kWh/año ya regulados.

El sector solicita ajustes en la futura orden ministerial para asegurar un calendario de despliegue "realista y flexible", la recuperación razonable de las inversiones a realizar y un marco tarifario claro para los nuevos equipos.

En concreto, Sedigas ha indicado que la implantación masiva de contadores inteligentes supondría un coste de 200 millones de euros para las empresas distribuidoras que actualmente no están reconocidos en el marco normativo.