El Gobierno rechaza la petición de Junts para endurecer los permisos de paternidad de temporeros extranjeros

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha rechazado este miércoles la petición de Junts para acometer una reforma legal que endurezca la concesión de permisos de paternidad para trabajadores migrantes temporeros por posibles fraudes.

El diputado de Junts Isidre Gavín ha preguntado a la ministra sobre estos presuntos fraudes, que la formación denunció recientemente mediante una proposición no de ley, en la sesión de control de este miércoles. "Estos pequeños agricultores hace años que alertan de que hay fraude en los permisos de paternidad de los temporeros y que aumentan exponencialmente", ha dicho.

El diputado ha explicado que la administración en muchas ocasiones aceptan documentos de estos temporeros que tienen una "letra ilegible" e incluso llegan a pedir varios permisos porque, según Gavín, esgrimen que "en su país son polígamos". Cuando consiguen el permiso, asegura el represantente de Junts, los temporeros trabajan "en negro" por otro lado, y es por eso por lo que pide al Gobierno ser más estricto y cambiar la normativa.

EL FRAUDE HA SIDO "ANECDÓTICO", SEGÚN LA MINISTRA
En el turno de réplica, la ministra Elma Saiz ha dicho que se han sancionado a 22 personas en Cataluña por simular una relación laboral para acceder a la prestación por nacimiento o bien incrementar las bases de cotización para percibir una prestación superior, una cifra que considera "anecdótica".

"Por tanto, plantear una modificación normativa general solo para trabajadores extranjeros sobre una base fáctica que es ciertamente anecdótica y que afecta por igual a trabajadores españoles y extranjeros no parece que sea lo adecuado", ha contestado.

Asimismo, Saiz ha recordado que en el caso de que el hijo o la hija haya nacido en el extranjero debe aportarse el certificado de nacimiento debidamente legalizad. Si surgen dudas razonables acerca de la veracidad del documento, la titular de Seguridad Social ha explicado que este departamento solicita al organismo correspondiente la comprobación de la autenticidad de estos documentos.

Si finalmente se considera que puede haber fraude, se remite el expediente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para estudiar el caso de forma individualizada. "Por tanto, la normativa actual incluye mecanismos suficientes para prevenir y sancionar los posibles supuestos de fraude que pudieran darse sin necesidad de introducir requisitos adicionales", ha zanjado.