El Congreso avanza en la reforma legal de Junts para que las grandes empresas atiendan en catalán

El Ministerio de Consumo dijo que la medida sólo afectaría a autonomías bilingües, pero la ley no lo delimita

El Congreso ha avanzado este martes en el trámite parlamentario para aprobar la reforma legal auspiciada por Junts que obligará a empresas de más de 250 trabajadores, con más de 50 millones de facturación o que presten servicios de interés general, a tener servicios de atención al cliente en todas las lenguas cooficiales del Estado, con independencia de dónde estén ubicadas.

En concreto, la reforma de la formación catalana venía recogida en un paquete de enmiendas que Junts había presentado a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela. La ponencia encargada de su tramitación, que se celebra a puerta cerrada, ha mantenido este martes su segunda reunión y tiene prevista otra dentro de dos semanas antes elevar el texto a comisión.

Este martes se ha incluido al texto legislativo la reforma que proponía Junts con el beneplácito de PSOE y Sumar. En concreto, se ha introducido al proyecto una enmienda transaccional a la que ha accedido Europa Press, en la que se recoge la reforma de Junts y que lleva la rúbrica de los partidos del Gobierno.

Esta transaccional modifica el artículo nueve la ley para obligar a las empresas afectadas por la ley a asegurarse de que los servicios de atención a la clientela estén dotados "de los medios humanos, materiales, técnicos y organizativos adecuados para el cumplimiento de sus funciones y para garantizar los derechos lingüísticos de la clientela", independientemente de que dicho servicio sea prestado de forma directa o no.

Asimismo, se establece que el personal encargado de prestar atención personalizada a la clientela tendrá que contar con una "formación específica previa en idiomas cooficiales". A tal efecto, la empresa será responsable de proporcionar a su personal la formación y capacitación continuada que sea necesaria para adaptar sus conocimientos sobre la actividad "a las lenguas cooficiales, a las variaciones tecnológicas y necesidades del mercado".

CRUCE DE VERSIONES CON EL GOBIERNO
El partido de Míriam Nogueras anunció un acuerdo con el Gobierno en septiembre sobre esta reforma asegurando que afectaría a las grandes empresas con independencia de donde estuvieran ubicadas, pero el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, lo circunscribió a los territorios con lenguas cooficiales.

Finalmente, la formación catalana ha publicado un comunicado en el que ha confirmado la inclusión de sus enmiendas, que a su juicio "protegen las competencias de Cataluña en materia de consumo y preservan los derechos lingüísticos de los catalanes".

Así las cosas, la ley avanzará en su tramitación parlamentaria con la convocatoria de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo encargada de analizar la norma. Eso sí, el texto ya incluirá la reforma que quería Junts y no se podrá votar por separado.

PROHIBIDO EL SPAM
También va a prohibir las llamadas spam usando códigos alfanuméricos que permitirán a las compañías telefónicas bloquear llamadas comerciales no consentidas, y se van a declarar nulos todos los contratos que se cierren en llamadas telefónicas no consentidas, obligando también a las empresas a renovar el consentimiento cada dos años.

Además, se obligará a las empresas a comunicar con 15 días de antelación la fecha en la que se producirá la renovación automática de un servicio o suscripción que haya sido contratado de forma online, así como ha facilitar la baja voluntaria en caso de que se desee.

Otra novedad es que la ley pondrá coto a las reseñas falsas que se publican de manera online, ofreciendo además a la empresa que recibe la reseña la posibilidad de réplica y de solicitar la eliminación de la misma cuando pueda acreditar que no es real.

También se va a poner coto a los precios engañosos de entradas o billetes en venta online, obligando a que los gastos de gestión se incluyan en el precio que se ofrece desde el principio.

La ponencia decidirá finalmente cómo queda el texto y, cuando finalice sus reuniones, lo enviará a comisión, donde también se reunirán los grupos parlamentarios pero ya en sesión pública. Finalmente, el texto se elevará al Pleno para aprobarlo y enviarlo al Senado, donde proseguiría con los mismos pasos de la tramitación (ponencia, comisión, pleno).