miércoles, 8 de octubre de 2025 17:57

Economía

O'Leary (Ryanair) dice que la legislación española debe adaptarse a la europea, tras el expediente a España

El consejero delegado del grupo Ryanair, Michael O'Leary, ha valorado este miércoles de forma positiva la apertura del expediente al Gobierno de España por parte de la Comisión Europea por las multas impuestas a cinco aerolíneas por cobrar por el equipaje de cabina, y ha afirmado que la legislación española debe adaptarse a la europea.
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Archivo - El consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary en una imagen de archivo.

El consejero delegado del grupo Ryanair, Michael O'Leary, ha valorado este miércoles de forma positiva la apertura del expediente al Gobierno de España por parte de la Comisión Europea por las multas impuestas a cinco aerolíneas por cobrar por el equipaje de cabina, y ha afirmado que la legislación española debe adaptarse a la europea.

O'Leary, en rueda de prensa, ha destacado que es algo que la compañía ya venía defendiendo y se ha mostrado convencido de que es la legislación española la que debería adaptarse a la europea y no al contrario.

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles un procedimiento de infracción contra España por la multa de 179 millones de euros que el Gobierno impuso hace casi un año a Ryanair, Vueling Easyjet, Norwegian y Volotea por cobrar suplementos por el equipaje de mano o reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes.

Bruselas considera que la Ley de Navegación Aérea española restringe su libertad para fijar precios y da un plazo de dos meses a las autoridades españolas para responder a las irregularidades señaladas por los servicios comunitarios.

La apertura del expediente sancionador tiene la forma de una carta motivada que establece un periodo de dos meses de diálogo entre Bruselas y Madrid para resolver las diferencias.

De no resolverse, la Comisión puede aún pasar a la segunda fase, que supone el envío de un dictamen motivado con un nuevo plazo para el diálogo, antes de emprender la tercera y última etapa del proceso que implica elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

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