La CCP pide un plan al Gobierno para garantizar una transición "realista" al vehículo eléctrico

La Federación de metalurgia de la Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) ha exigido al Gobierno español que no respalde una imposición unilateral del horizonte 2035 --que busca el objetivo de la UE de emisiones cero para turismos nuevos en 2035-- sin un paquete vinculante de salvaguard,as para el empleo y la industria, con la opción de una moratoria técnica que permita armonizar plazos con la capacidad productiva y de inversión europea.

En un comunicado, la CCP ha expresado su firme oposición a la posición recientemente conocida de los gobiernos de Francia y España de defender el objetivo de la UE de emisiones cero para turismos nuevos en 2035 y ha mostrado su respaldo a los planteamientos de Alemania e Italia que piden una transición "realista y condicionada" a garantías industriales, sociales y de empleo.

"La presión por imponer de forma rígida el horizonte 2035 sin transiciones proporcionales y medidas de protección industrial tiene consecuencias reales e inmediatas en empleo. Sirva como ejemplo el anuncio realizado en 2024 por Ford con la eliminación de hasta 1.600 empleos en su planta de Valencia, un recordatorio claro de que los cambios de "mix" de producción y de demanda, afectan ya a los centros productivos y su empleo", ha manifestado la CCP.

En este contexto, ha abogado porque cualquier normativa deba reconocer soluciones híbridas de baja intensidad de carbono y combustibles sintéticos como alternativas de transición que preserven puestos de trabajo y 'know-how' industrial hasta que exista "una cadena de valor del vehículo eléctrico plenamente consolidada en Europa".

Asimismo, ha pedido apoyo urgente a la industria de componentes, con líneas de crédito, incentivos a la modernización y planes de internacionalización que eviten la deslocalización de capacidades productivas críticas.

"Nuestra posición no es 'antitransición'. El objetivo debe ser combinar ambición climática con responsabilidad industrial y social. Exigir 2035 sobre la base de promesas o sin contrapartidas verificables equivale a trasladar el coste de la transición a trabajadores, compañías y territorios. Si no actuamos con prudencia y medidas vinculantes, los datos sectoriales que se van conociendo anticipan un elevado y traumático coste social para España", ha resumido.

La confederación se ha apoyado en estudios del sector de proveedores y asociaciones industriales que alertan de que un escenario de solo vehículos eléctricos o una transición mal gestionada puede provocar pérdidas masivas de empleo en la cadena de suministro europea. "Estas proyecciones no pueden ignorarse a la hora de fijar plazos legales vinculantes", ha insistido.