La Xunta avisa al Gobierno: si no hay avances sobre la Policía Adscrita tendrá que dejar de prestar más funciones
La Confederación Española de Policía anuncia movilizaciones "para evitar el progresivo desmantelamiento" anunciado por el Ejecutivo gallego
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 (EUROPA PRESS)
El conselleiro de Presidencia de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, ha anticipado que si no hay pasos para aumentar el personal de la Unidad de Policía Adscrita (UPA) será necesario tomar "más decisiones", después de ratificar que parte de los efectivos en el Parlamento y el complejo de San Caetano pasarán a prestar otros servicios.
Así lo ha ratificado, en declaraciones a los medios, ante los que ha defendido que la decisión que afecta al Parlamento y a San Caetano llega ante la falta de avances para cerrar un nuevo convenio e incrementar la platilla de una unidad planteada con unos 500 agentes cuya plantilla tiene, a día de hoy, un déficit del 30%.
Calvo ha defendido que ha habido reuniones y envío de misivas al Gobierno, y ha incidido en que la Xunta está dispuesta a negociar "un punto intermedio" entre el convenio existente y el nuevo que propone el Ejecutivo estatal.
Pero ha advertido que, tras "muchos meses esperando", no hay "ningún tipo de noticia" y, mientras, la plantilla sigue "mermando" --por jubilaciones, entre otras casuísticas--.
"Lo que no podemos es prestar un servicio y no cumplir con las expectativas o garantías del mismo. Por eso hemos decidido que el primer reajuste sea en los efectivos del Parlamento y de San Caetano", ha argumentado, antes de puntualizar que se recurrirá a la seguridad privada ante la reducción de agentes de la Policía Adscrita --aunque no ha concretado el número--.
SE DEJARÁ DE "PRESTAR" OTRAS "FUNCIONES"
"Esto nos va a permitir liberar algunos efectivos que estarán a disposición de las unidades que se determinen en cada momento. Pero es un primer paso y también lo hemos comentado en reuniones con los propios sindicatos policiales. Si seguimos sin tener noticias del Gobierno o sin poder llegar a un convenio razonable, pues tendremos que ir dejando de prestar funciones que asumía la policía autonómica", ha avisado.
Si esto ocurre, ha continuado, determinados servicios tendrían que ser asumidos por la Policía Nacional o la Guardia civil.
La Policía autonómica asume tareas ligadas, por ejemplo, con la protección de las víctimas de violencia machista y de menores, prevención e investigación de incendios forestales, medio ambiente o lucha contra el furtivismo.
LA CEP AVANZA MOVILIZACIONES
Y si el SUP manifestaba en la pasada jornada su postura crítica con la retirada de agentes avanzada por el Ejecutivo autonómico, la Confederación Española de Policía (CEP) ha emitido un comunicado en el que anticipan movilizaciones "para evitar el progresivo desmantelamiento de la Policía autonómica anunciado por la Xunta".
El sindicato policial, a través de Horacio Otero, ha apuntado a "un conflicto de intereses políticos en el que se está utilizando a los policías de la UPA como munición, sin plantearse los perjuicios que les pueden causar a ellos y a sus familias".
"Nos sentimos como fichas de un tablero donde se juega una partida malévola que para nada es de nuestro interés, ni de la ciudadanía, pero que nos perjudica enormemente, aunque nadie ha reparado ni les preocupan lo más mínimo las consecuencias personales y familiares para los agentes", ha manifestado el secretario regional de la CEP en la UPA.
CEP pone el acento en el que el Ministerio exige a la Xunta que pague el 50% de los sueldos de los policías de los que hasta ahora este se hacía cargo en su totalidad, y el Ejecutivo autonómico no está de acuerdo en esa vía. Al respecto, cree que se está "utilizando" a los agentes en el marco de un conflicto político.
En el comunicado, critica también al Gobierno central en relación a la financiación, pero además pide el cese del director xeral de Interior de la Xunta, Santiago Villanueva, para designar "a otra persona capaz de restablecer la comunicación y el diálogo con los representantes de los policías".
La CEP avanza que tratará de tener reuniones con todos los grupos parlamentarios y que ya ha solicitado una reunión con el presidente del Parlamento, Miguel Santalices.
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