Anpier pide equidad de trato en las indemnizaciones para las familias pioneras en el desarrollo fotovoltaico

España acumula 28 resoluciones que le obligan a indemnizar con más de 2.000 millones de euros a los inversores extranjeros

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) ha reclamado equidad de trato para las 62.000 familias españolas pioneras en el desarrollo fotovoltaico en el contexto del anuncio de nuevos laudos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), órgano de resolución de conflictos del Banco Mundial, en los que, por los mismos cambios retroactivos, obliga a España indemnizar a los inversores foráneos demandantes.

Así, tal y como ha informado la entidad en un comunicado este jueves, hasta la fecha son ya 28 las resoluciones conocidas, de las más de 40 demandas acumuladas, en las que se obliga a indemnizar con más de 2.000 millones de euros a los inversores extranjeros.

"España no solo incumplió el marco normativo que captó inversores nacionales y extranjeros, sino que tampoco ha querido acatar los laudos emitidos por el CIADI, lo que ha motivado que la justicia de Estados de varios continentes haya tenido que reclamar el cumplimiento de dichas indemnizaciones", ha explicado Anpier, que ha añadido que así ha ocurrido ya en Estados Unidos, Australia, Bélgica y Reino Unido.

EMBARGOS CAUTELARES O DEFINITIVOS DE BIENES DEL ESTADO
Asimismo, la organización ha señalado que dichas sentencias "abren la puerta a las embargos cautelares o definitivos de bienes del Estado si España no hace frente a las indemnizaciones impuestas".

"Junto con Rusia y Venezuela, España completa el desprestigio de completar el pódium de Estados incumplidores de laudos internacionales por incumplir la Carta de la Energía", ha aseverado Anpier, que ha recordado que por cuatro votos a favor y tres votos en contra el Tribunal Supremo validó "los drásticos recortes" retroactivos que se impuso a los inversores en energías renovables en España en los años 2007/2009, con ajustes de hasta el 50% de las retribuciones que venían garantizadas en un Boletín Oficial del Estado.

En este sentido, la asociación ha comentado que en aquellos años se aseguraba que dichas inversiones "habían supuesto un incremento notable del precio de la energía eléctrica y que causaban el desbocado déficit de tarifa del sector eléctrico".

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN INCIERTA
"Ambas afirmaciones eran inciertas y su función no era otra que crear un clima favorable en la opinión pública para justificar el disparatado ajuste que malogró las inversiones de decenas de miles de familias, que no hicieron otra cosa que atender un llamamiento del Estado para combatir el cambio climático por medio de unas inversiones éticas y, supuestamente, garantizadas", ha subrayado Anpier.

Para el presidente de la entidad, Miguel Ángel Martínez-Aroca, "no es aceptable que un Estado sacrifique a sus familias nacionales mientras indemniza a los fondos internacionales". "No es comprensible que un Gobierno pida ayuda para descarbonizar el país a sus ciudadanos y una vez realizaron sus inversiones destroce el esquema retributivo que ofreció", ha destacado, para luego hacer hincapié en que "no es lógico que se difundiera información incierta sobre el impacto en los precios de las instalaciones".

En esta línea, Martínez-Aroca ha denunciado que en la actualidad "no quiere que se sepa que existe energía a precios cero gracias a sus desarrollos", concluyendo que es un "agravio comparativo que al extranjero se le indemnice y al nacional se le sacrifique".