miércoles, 26 de noviembre de 2025 11:58

Economía

España canaliza el 5% de su contratación pública vía concesiones, cuatro veces menos que la media europea

España apenas canaliza el 5,08% de su contratación pública vía concesiones, cuatro veces menos que la media europea (12%); y en cuanto al número de expedientes, ha caído un 1,25%, según ha informado la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES).
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Archivo - Bandera de España

España apenas canaliza el 5,08% de su contratación pública vía concesiones, cuatro veces menos que la media europea (12%); y en cuanto al número de expedientes, ha caído un 1,25%, según ha informado la Cámara de Concesionarios de Infraestructuras, Equipamientos y Servicios Públicos (CCIES).

De hecho, este diagnóstico fue compartido por expertos de España, Italia y Portugal en la jornada internacional "Los contratos de concesión en clave europea: España, Italia y Portugal. Balance y perspectivas", organizada por la Cátedra UB-CCIES (Carsep) en la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona.

Asimismo, España licitó un 0,20% de contratos bajo fórmula concesional en 2023, con la actividad concentrada en ayuntamientos y, en menor medida, comunidades autónomas.

Además, según el informe, las concesiones se restringen a servicios básicos -agua, transporte, servicios sociales, deporte, cultura- mientras que las grandes infraestructuras "han desaparecido prácticamente del mapa".

A su vez, según los especialistas, los factores que explican este "apagón concesional" son la baja rentabilidad, la eliminación de garantías históricas y la falta de claridad y profesionalización.

Consecuentemente, CCIES explica que el resultado es la desconfianza del sector privado, la reducción drástica de proyectos CPP y un impacto directo en la capacidad del país para financiar infraestructuras "en un contexto de restricciones presupuestarias".

Sumado a ello, las conclusiones que CCIES saca del encuentro son apostar por un Reglamento europeo, reforzar la fase de ejecución, clarificar el concepto de riesgo operacional, actualizar los criterios de duración e incorporar en la reforma europea diversas reglas.

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