Sumar, ERC y Bildu plantean ayudas de hasta el 100% para adaptar viviendas y edificios al clima

La emergencia climática se convierte en un eje central del debate político en el Congreso. Sumar, ERC y Bildu han registrado una propuesta que busca transformar el modelo energético y urbano de España, articulando políticas sociales, fiscales y ambientales que permitan que todos los ciudadanos dispongan de viviendas adaptadas al calor y al frío, al tiempo que se protege el entorno natural. La iniciativa, que será debatida en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, es una llamada a repensar la relación entre ciudadanía, administración y medio ambiente.

Ayudas integrales para adaptación y eficiencia energética

La propuesta plantea subvenciones que cubran «hasta el 100% del coste de la instalación» de climatización y mejoras energéticas en viviendas y edificios públicos. Se busca combinar estrategias pasivas, como ventilación cruzada, sombreamiento, aislamiento o cubiertas verdes, con tecnologías de alta eficiencia y bajas emisiones, como bombas de calor, aerotermia y geotermia.

Según los grupos proponentes, el objetivo es asegurar que todos los hogares puedan mantener condiciones de confort térmico, reduciendo al mismo tiempo el consumo energético y las emisiones contaminantes. «Queremos que la lucha contra la emergencia climática no dependa del bolsillo de las familias», afirman fuentes parlamentarias de los grupos promotores.

Esta medida, además, pretende servir de modelo piloto para otras políticas de adaptación climática en el ámbito urbano, integrando criterios de sostenibilidad en todas las reformas y construcciones públicas.

Impuestos progresivos y financiación sostenible

Entre las medidas más destacadas, los grupos impulsan la implementación de un impuesto inspirado en la «tasa Zucman», estableciendo un mínimo del 2% anual sobre patrimonios superiores a 100 millones de euros. Este gravamen tendría un doble objetivo: financiar las medidas climáticas y reducir las desigualdades sociales mediante un mecanismo redistributivo que permita a los sectores más vulnerables acceder a viviendas seguras y eficientes.

Asimismo, proponen reformular el impuesto extraordinario a las empresas energéticas para que sea un tributo ambiental permanente sobre los beneficios de las compañías fósiles. La idea es que estas contribuciones se destinen exclusivamente a programas de adaptación y mitigación climática, vinculando los ingresos a objetivos estructurales y sostenibles.

Comparativamente, varios países europeos ya aplican impuestos similares sobre fortunas y empresas contaminantes, y los expertos coinciden en que esta es una herramienta eficaz para financiar la transición energética sin afectar a la economía doméstica.

Infraestructura urbana verde y azul

La propuesta introduce la creación de una capa “verde-azul” en las ciudades, combinando espacios verdes con soluciones hídricas. La capa verde incluiría corredores de sombra, áreas ajardinadas, fachadas y techos vegetales, mientras que la capa azul se centraría en la renaturalización de ríos urbanos, fuentes públicas, playas fluviales y sistemas de nebulización.

El objetivo es mitigar las olas de calor, reducir la contaminación atmosférica y aumentar la resiliencia de los entornos urbanos. Además, se plantea que estas intervenciones generen empleos locales y promuevan la participación ciudadana, fomentando un modelo urbano inclusivo y sostenible.

Protección y restauración de ecosistemas marinos

Sumar, ERC y Bildu subrayan la necesidad de proteger y restaurar ecosistemas marinos y costeros mediante un plan específico que incluya la conservación de praderas de posidonia, la protección de cetáceos y la limitación de la pesca destructiva. «El mar no puede ser un espacio de explotación sin control», subrayan los grupos en su exposición.

La propuesta contempla la creación de áreas marinas protegidas con gestión participativa, garantizando la implicación de comunidades locales, científicos y ONGs. Asimismo, se pretende cumplir con el objetivo del 30% de protección marina, incluyendo al menos un 10% de protección estricta, alineándose con la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea.

Estos esfuerzos buscan convertir los ecosistemas en un Sexto Pilar del Estado del Bienestar, asegurando que la conservación ambiental se integre como un derecho y una responsabilidad social.

Adaptación climática de la administración pública

Los grupos proponen la modernización interna de las instituciones públicas para que actúen como motor de la transición ecológica. Entre las medidas destacan la formación certificada en materia climática para funcionarios, la creación de bolsas de talento climático público y la implementación de una capa de datos climáticos operativos, accesibles y interoperables.

Esta transformación tiene como objetivo que la gestión climática se incorpore en todos los niveles administrativos y que las decisiones políticas cuenten con información actualizada y rigurosa sobre el impacto ambiental de cada medida.

Contexto internacional y relevancia política

El proyecto llega en un momento en el que la Unión Europea refuerza su Estrategia de Adaptación Climática y los países con mayor desarrollo ambiental invierten de manera estructural en eficiencia energética y protección de ecosistemas. España, aunque ha avanzado en políticas de energía renovable, se enfrenta a la urgencia de proteger a la ciudadanía frente a olas de calor extremas y la degradación de entornos urbanos y naturales.

El debate parlamentario que se avecina será crucial, ya que marcará la hoja de ruta del país en materia de adaptación y resiliencia frente al cambio climático, con implicaciones directas para la economía, la equidad social y la sostenibilidad ambiental.