El Gobierno convoca a los agentes sociales para definir el salario mínimo interprofesional del 2026

El inicio de 2026 sitúa al salario mínimo interprofesional en el epicentro del debate económico y social, mientras el Ministerio de Trabajo convoca a todos los actores implicados para definir la cuantía y los mecanismos de aplicación. La negociación se anticipa compleja, con diferentes escenarios sobre tributación, absorción de complementos salariales y políticas de equidad salarial que afectarán a millones de trabajadores.

La convocatoria oficial y su relevancia

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, liderado por Yolanda Díaz, ha citado a los representantes de CCOO, UGT, CEOE y Cepyme para el miércoles 7 de enero a las 09.00 horas, con el objetivo de presentar la propuesta oficial de subida del SMI para 2026. La reunión será retroactiva y se basará en las recomendaciones del comité de expertos que asesora al Gobierno desde 2021.

Este comité ha sugerido un incremento del 3,1% si el salario mínimo continúa exento de tributación en el IRPF, o del 4,7% si se decide gravarlo. Estas cifras reflejan no solo la necesidad de mantener la protección del poder adquisitivo frente a la inflación, sino también la importancia de alinear la política salarial con la normativa europea que busca que el SMI alcance el 60% del salario medio, según la Carta Social Europea.

Cálculo y escenarios del SMI 2026

Según los expertos, mantener la exención fiscal supondría aumentar 37 euros mensuales el SMI, hasta los 1.221 euros al mes por catorce pagas. En caso de tributar, el incremento sería de 56 euros mensuales, alcanzando 1.240 euros mensuales. Hasta el momento, el SMI inicia el año en 1.184 euros, la misma cifra que cerró 2025.

El comité de expertos combina miembros del Ejecutivo, representantes sindicales y académicos especializados en economía laboral, lo que permite ofrecer escenarios contrastados sobre tributación y sostenibilidad. La doble propuesta busca ofrecer flexibilidad al Gobierno y servir como base de negociación con los agentes sociales.

Propuestas sindicales y patronales

Los sindicatos plantean una subida del 7,5%, alcanzando 1.273 euros brutos al mes, que se traduce en 1.216 euros netos tras la tributación. Según UGT, Pepe Álvarez declara que su organización está dispuesta a ajustar la propuesta tras conocer el informe de expertos.

La patronal propone un incremento más moderado del 1,5%, situando el SMI en 1.202 euros brutos mensuales, condicionado al cumplimiento de las reglas de absorción y compensación. Esta divergencia refleja el equilibrio complejo entre el objetivo de mejorar el poder adquisitivo y la protección de la flexibilidad empresarial, especialmente en pymes y sectores con altos costes salariales.

Reglas de absorción y compensación: el principal conflicto

Uno de los puntos más delicados de la negociación es la reforma de las reglas de absorción, que determina si pluses y complementos salariales pueden reducir el efecto real del incremento del SMI. Mientras Trabajo y los sindicatos buscan proteger el impacto de la subida, CEOE rechaza cualquier modificación.

El Ministerio pretende aprobar la subida del SMI y la reforma de las reglas de absorción de manera separada pero dentro de un acuerdo global que incorpore la directiva europea de salarios mínimos. Esta estrategia busca garantizar que el alza salarial tenga efectos tangibles, evitando que se diluya en la estructura salarial existente.

Antecedentes históricos y últimos acuerdos

En los últimos años, las subidas del SMI se han pactado principalmente con los sindicatos, sin la adhesión de CEOE ni Cepyme. La última subida, del 4,4% con efecto retroactivo desde enero de 2025, elevó el SMI a 1.184 euros y se acordó solo con CCOO y UGT. Desde 2020, cuando el SMI pasó de 900 a 950 euros con acuerdo conjunto, la patronal no ha participado en la negociación.

Este patrón refleja la dificultad de conciliar los intereses de trabajadores y empresarios en un contexto de presión inflacionaria y aumento del coste de vida, así como la limitación de la capacidad de negociación del Gobierno frente a actores con agendas divergentes.

Implicaciones económicas y sociales

La negociación de 2026 adquiere relevancia estratégica en un momento donde la inflación y el coste de vida amenazan el poder adquisitivo de millones de empleados, especialmente en Cataluña y las comunidades con menor renta media. La subida del SMI no solo afecta a trabajadores en empleos básicos, sino también a sectores como comercio, hostelería y servicios, donde los complementos salariales son frecuentes y la absorción puede minimizar el impacto real del aumento.

Expertos coinciden en que el resultado de la negociación determinará la credibilidad del Gobierno en la defensa del salario mínimo y la eficacia de sus políticas sociales. Una decisión equilibrada entre incremento, tributación y reglas de absorción puede reforzar la cohesión social, mientras que una resolución unilateral o insuficiente podría generar conflictos laborales y tensiones económicas.

Perspectiva política y laboral

La discusión sobre la tributación del SMI es clave. Trabajo se inclina por mantener la exención fiscal, mientras sindicatos y patronales consideran opciones divergentes. Además, la combinación de aumento salarial y reforma de las reglas de absorción se interpreta como un mecanismo para modernizar la política salarial española, alineando los objetivos nacionales con las directrices europeas.

El acuerdo final será un termómetro de la capacidad del Ministerio para articular consensos en un entorno de intereses contrapuestos, donde la presión de la opinión pública, la sostenibilidad empresarial y la equidad salarial confluyen en una negociación compleja y de alto impacto.

Expectativas y seguimiento

Todos los actores anticipan un proceso de debate intenso, con seguimiento cercano de medios, sindicatos, patronales y organismos internacionales. La decisión final sobre el SMI 2026 marcará no solo el poder adquisitivo de millones de trabajadores, sino también la percepción del Gobierno en materia económica y laboral.

La negociación será observada de cerca en Cataluña y otras regiones con alta densidad de empleo mínimo, y servirá como referencia para futuras revisiones, constituyendo un modelo de ajuste salarial, tributación y protección de derechos laborales en España.