lunes, 26 de enero de 2026 14:13

Economía

CCOO denuncia posibles irregularidades en el proceso de acceso al Cuerpo Administrativo de Seguridad Social

El sindicato demanda información y depuración de responsabilidades
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Archivo - El secretario general de CCOO, Unai Sordo.

El sindicato demanda información y depuración de responsabilidades
La sección sindical estatal de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO (FSC-CCOO) en la Seguridad Social ha denunciado posibles irregularidades en la celebración del proceso selectivo convocado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para la provisión de puestos de trabajo del Cuerpo Administrativo de la Seguridad Social (C1), y correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2024, en la que se ofertaron 1.250 plazas.

En un comunicado, CCOO ha indicado que estas presuntas irregularidades podrían afectar al correcto desarrollo del proceso y al cumplimiento de los principios que deben regir el acceso al empleo público.

Por ello, ha solicitado formalmente a las personas responsables del Ministerio, y a la propia ministra, Elma Saiz, las aclaraciones oportunas, así como la revisión de aquellos aspectos que pudieran no ajustarse plenamente a la normativa vigente, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la seguridad jurídica de todas las personas participantes.

CCOO tuvo conocimiento el pasado 21 de enero de 2026 de que el propio Ministerio ha instado a la elaboración del informe preceptivo y a la intervención de Fiscalía, según han informado desde el sindicato, que han indicado que no disponen actualmente de información formal por los cauces legales, a pesar de las demandas sindicales.

"Esta situación nos preocupa y desde el sindicato confiamos en que el órgano convocante adopte las medidas necesarias para asegurar el correcto desarrollo del proceso selectivo y preservar la confianza en los procedimientos de acceso al empleo público", ha expuesto.

CCOO ha demandado información y depuración de responsabilidades que garanticen el respeto a los derechos de las personas aspirantes y la credibilidad de las instituciones públicas, que deben prevalecer frente a cualquier práctica irregular.

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