Catalunya seguirá hasta el verano sin presupuestos, gracias a Junqueras

Un miércoles complicado en el panorama político (hace tantos que lo son, que ya no viene de uno más), y nos referimos específicamente a Catalunya, donde el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, después de meses de negociaciones por los presupuestos de este año con los partidos de la oposición, especialmente ERC y los Comunes, y en menor medida, por su postura pública, Junts, que desde el primer momento se posicionó en contra de ellos, y cuando después del apoyo del partido de Colau, tras aceptar “aportaciones” de ellos, viene Junqueras y, queriendo marcar territorio propio, le dice que ERC no los quiere votar.

Una nueva piedra para Illa, a quien no le ha quedado más remedio que retirar el proyecto de presupuestos, cuando se tenía previsto votarse esta misma semana. Lo ha hecho porque hubiera sido una derrota celebrada por los partidos, a excepción de los Comunes. Todos se habrían frotado las manos.

La decisión tomada por el gobierno de Illa es un aviso y marca un punto de inflexión en esta legislatura. Una jugada de ajedrez que Junqueras quiere ganar, o al menos que quede en tablas. Se abre otro periodo de negociación y se dan de tiempo Illa y Junqueras hasta el mes de junio para consensuar y llegar a un acuerdo para que los republicanos los voten. Medio año sin presupuesto, con tanta falta que hace aprobarlos para poder atender las tantas necesidades que tiene Catalunya. Como siempre, el interés de partido se impone al interés general. Es así de claro y, de paso, humillar públicamente al gobierno socialista. Eso lo saben hacer muy bien.

Mientras eso ocurría en el Parlament de Catalunya, la sede del Síndic de Greuges (defensor del pueblo en Catalunya) presentaba el informe de 2025.

En el mismo se dice que la institución ha recibido un total de 13.646 quejas, de las cuales el 50,1% están relacionadas con derechos sociales, que, si se le suman 11.428 consultas y las 213 actuaciones de oficio, suponen un “máximo histórico” de 25.287 actuaciones por parte de la institución. El informe de la Sindicatura, presentado por la síndica Giménez-Salinas, afirma que las estructuras administrativas no han evolucionado al mismo ritmo que la sociedad y que, en algunas ocasiones, la burocracia puede llegar hasta el 30% de la jornada laboral de los profesionales de salud, servicios sociales o educación, entre otros.

Como era de esperar, se han producido aumentos considerables respecto a 2024 en materias como servicios sociales (+61,6%), vivienda (+52,4% de quejas), salud (+43%) y educación (+19,1%). La síndica ha hecho énfasis en una serie de situaciones que considera inadmisibles: 6.700 personas sin hogar en Catalunya; 300 niños tutelados de menos de 6 años en instituciones; otros 300 en equipamientos para personas sin hogar o pensiones; 54 suicidios de jóvenes entre 15 y 29 años; 14 meses de espera para tramitar la discapacidad, o el 60% de personas en privación extrema que no reciben ninguna ayuda.

Con este panorama que tiene el gobierno de Illa (no lo ha provocado él, se lo ha encontrado), los presupuestos son muy, pero que muy necesarios. El presupuesto para políticas sociales contempla (cuando se apruebe) una subida del 74% y unos 4.000 millones para infraestructuras, que tanta falta hacen.

Los partidos políticos, todos, sean del color que sean, deberían pensar que, con los datos que conocen perfectamente, tienen que aprobarlos. Las personas están por encima de los intereses partidistas, que en demasiadas ocasiones no están a la altura de lo que realmente necesita el país. Los presupuestos de este 2026 deben aprobarse: la gente que necesita ser atendida, que vive en las calles; los niños que siguen en centros de acogida; las listas de espera para la dependencia o esas listas kilométricas para ser atendido por un especialista o para intervenciones.

La ciudadanía no entiende que estas cosas tan urgentes tengan que esperar a que los partidos se pongan de acuerdo. ¿Después se preguntan por qué la gente pasa de la política? La respuesta ya la saben.